COMPETENCIA RECURSOS RESOLUCIÓN DGSJFP

El solo hecho de que el  artículo 781 bis LEC  esté inserto en el Título I del Libro IV , no es razón para atribuir a ésta la competencia para conocer de una acción registral ajena al derecho de familia.

Por la creación de los denominados Juzgados de Familia en virtud de lo prevenido en el Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio ( artículo 98 de la LOPJ), se atribuye competencia exclusiva a los referidos órganos para conocer y resolver las acciones judiciales contempladas en los Títulos IV (matrimonios) y VII (relaciones paterno-filiales) del Libro I del Código Civil, así como de aquellas otras cuestiones que en materia de Derecho de Familia les sean atribuidas por las leyes, norma de competencia delimitada y restrictiva, así como de carácter negativo, al no poder conocer dichos Juzgados de otras materias que las comprendidas en la misma ( artículos 85.1 y 98 LOPJ y 44 LEC), sin que les puedan ser atribuidas por las partes en virtud de sumisión, ni invocarse al efecto principios de economía procesal, al ser tales normas de inexcusable cumplimiento, expresándolo así la Sala del Tribunal Supremo en sus sentencias de 8 de marzo de 1993 y 2 de junio de 1994 cuando proclama que «los Juzgados de Familia tienen atribuida una competencia objetiva perfectamente delimitada y restrictiva», añadiendo que «su potestad jurisdiccional, que es exclusiva y excluyente en las localidades donde funcionan, solamente abarca las acciones previstas en los Títulos IV ( arts. 42 a 107 ) y VII ( arts. 154 a 180) del Libro I del Código Civil y aquellas otras cuestiones que en materia de Derecho de Familia les sean atribuidas por las leyes», por tanto, la exclusividad es de proyección negativa en cuanto no pueden comprender otras cuestiones que las explicitadas ( artículos 53 a 55 de la LEC y 85 y 98 de la LOPJ).

El artículo 781 BIS LEC regula la oposición a las resoluciones y actos de la Dirección General de los Registros y del Notariado (actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) en materia de Registro Civil. Este precepto es introducido en la LEC por la Disposición Final cuarta de la Ley del Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, cuya entrada en vigor en parte tuvo lugar el 30 de abril de 2021.

En materia de recursos la Ley 20/2011 del Registro Civil establece lo siguiente:

Artículo 85. Recursos contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas del Registro Civil.

  1. Contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas Central, Generales y Consulares del Registro Civil en el ámbito de las competencias atribuidas por esta Ley, los interesados sólo podrán interponer recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el plazo de un mes.
  2. En el caso de denegación de inscripción de sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras cuya competencia corresponde a la Oficina Central del Registro Civil, el interesado sólo podrá instar procedimiento judicial de exequátur.

Artículo 86. Presentación del recurso y plazo de resolución.

  1. El recurso se dirigirá a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y se formulará en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El interesado podrá presentar el recurso en cualquiera de los lugares previstos para la presentación de escritos y solicitudes haciendo uso de los medios que prevé el ordenamiento jurídico.

  1. La Dirección General resolverá el recurso en el plazo de seis meses siguientes a la recepción del escrito de interposición.

Transcurrido este plazo sin que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión, quedando expedita la vía jurisdiccional correspondiente.

Artículo 87. Órgano jurisdiccional competente.

  1. Las resoluciones y actos de la Dirección General de los Registros y del Notariado podrán ser impugnados ante el Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 781 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En estos procesos será emplazada la citada Dirección General a través de su representación procesal.
  2. Quedan exceptuados del número anterior las resoluciones y actos de la Dirección General de los Registros y del Notariado relativos a la solicitud de nacionalidad por residencia que en aplicación del artículo 22.5 del Código civil se someten a la jurisdicción contencioso-administrativa.
  3. La Dirección General de los Registros y del Notariado podrá impugnar ante el Juzgado de Primera Instancia competente las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas por ser las mismas contrarias a la doctrina establecida por el Centro Directivo. En estos procesos serán emplazados los interesados.

Aunque la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil deroga la Ley de 1957, su artículo 87 es sustancialmente coincidente con el régimen previsto en el Reglamento del Registro Civil de 1958 (vigente a día de hoy), que dispone que: «las resoluciones del Encargado no admitiendo el escrito inicial o poniendo término al expediente ‘son recurribles ante la Dirección General’ (artículo 355 ), al igual que, tras recurso de reposición, las resoluciones sobre solicitudes que no den lugar a expediente (artículo 356); asimismo prevé que, transcurrido el plazo para que se notifique la resolución, se entiende desestimada la petición (artículo 357) y que ‘ contra las resoluciones de la Dirección no cabe recurso alguno, salvo cuando corresponda la vía judicial ordinaria […]’ (artículo 362), ‘vía judicial ordinaria’ que no es otra sino la de la jurisdicción civil».

Pues bien, bajo este régimen anterior, en todos estos procesos fue parte la Dirección General de los Registros y del Notariado, que había dictado la resolución analizada por los tribunales del orden jurisdiccional civil en el procedimiento ordinario seguido ante los juzgados de Primera Instancia no especializados en materia alguna, y así el ATS de 8 de octubre de 2020, n.º 16/2020, afirma:

«En el presente asunto nos encontramos con una resolución de la citada Dirección General cuyo recurso jurisdiccional corresponde por tanto a la jurisdicción ordinaria, esto es, la civil. La Sala Primera de este Tribunal Supremo ha confirmado en diversas ocasiones que la referida remisión a la jurisdicción ordinaria lo es a la civil. Así se desprende de las SSTS, Sala Primera, de 6 de febrero de 2014 ( rec. 245/2012), de 14 de noviembre de 2016 ( rec. 3706/2015), de 11 de julio de 2017 ( rec. 2189/2016) y de 19 de diciembre de 2019 ( rec. 3326/2017), recaídas en recursos en los que fue parte la Dirección General de los Registros y el Notariado, como órgano que había dictado las resoluciones impugnadas ante la jurisdicción civil, sin que resultara cuestionado el orden competente».

Tras este análisis, vemos como la Ley 20/2011 que entró en vigor el 30 de abril de 2021 no introduce cambio alguno en la competencia para conocer de la oposición a las resoluciones dictadas por la DGSJFP en materia de registro civil, en consecuencia, no hay razón para atribuir su conocimiento a los juzgados especializados en materia de familia sino que su competencia debe permanecer como hasta ahora, y como dice la propia ley, en los juzgados de primera instancia, en tanto que el TÍTULO XII del Libro I «Del Registro del estado civil» del código civil, artículos 325 al 332 (que además ha sido derogado por la misma ley 20/2011) nunca ha estado incluida en la materia atribuida a los juzgados especializados en materia de familia, ni pertenece al derecho de familia, ni ha sido atribuido su conocimiento a los juzgados especializados por ninguna Ley posterior .

En definitiva, el solo hecho de que el  artículo 781 bis LEC  esté inserto en el Título I del Libro IV ,  no es razón para atribuir a ésta la competencia para conocer de una acción registral ajena al derecho de familia y cuyo único elemento común que puede tener es que, al igual que el procedimiento del  artículo 781, se trata de enjuiciar la oposición a una resolución administrativa, de ahí que, como se ha venido haciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley  20/2011 , que nada cambia respecto de la competencia, resultan competentes para su conocimiento los Juzgados de Primera instancia no especializados en familia.

En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Málaga, en Auto de 26 de mayo de 2022, en apelación 211/2022, frente al auto el 26 de abril de 2021  inadmitiendo a trámite la demanda de juicio verbal, que dictó el juzgado de Primera Instancia nº 13 de Málaga.

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