El Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en centros de Educación Primaria, presentado en 2023, en el Pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar, concluía en líneas generales, que todos los colectivos hacen una valoración muy positiva de la convivencia escolar actual, y coinciden en señalar bajos niveles de conflictividad, aunque siguen prevaleciendo obstáculos por lo cual es fundamental la prevención y detección de estas situaciones por las importantes consecuencias que pueden acarrear. El 9,53% del alumnado de Primaria indicaba haber sufrido acoso y el 9,2% ciberacoso. Ante una situación de bullying, el 30,91% del alumnado avisa a un profesor, un 20,17% a un familiar y un 14,8% a un compañero.

I.- SOBRE EL ACOSO ESCOLAR

En cuanto al bulling o acoso escolar a un hijo en el ámbito educativo lo primero es concretar que es bulling.

El bulling es una forma de maltrato físico, verbal o psicológico entre escolares de manera reiterada y a lo largo del tiempo, que no es lo mismo que incidentes violentos aislados entre alumnos.

Penalmente el artículo 450 del Código Penal establece que el que pudiendo intervenir de manera inmediata y sin riesgo propio no impidieron la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad pues será castigado, es decir se contempla penalmente la omisión del deber de impedir delitos sobre promover su persecución.

Si el que comete el acoso es mayor de edad estaríamos en el trato degradante del artículo 173.1 del código penal. Si fuere de 14 a 17 debe intervenir la Fiscalía de menores, por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menor, y menor de 4 ya intervendría por un problema de conducta la Entidad Pública de protección de menores de la Comunidad.

En el ámbito educativo la ley orgánica de protección integral a la infancia adolescencia frente a la violencia, Ley Orgánica 8/2021, establece en el artículo 31 que todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia de conformidad con el artículo 124 de la ley orgánica dos/2006 de educación, entre cuyas actividades incluir a la promoción del buen trato y resolución pacífica de conflictos con el personal del centro, y dicho Plan recogerá los códigos de conducta consensuados entre el profesorado que ejerce funciones de tutor/tutora, los equipos docentes y el alumnado ante situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en el centro educativo.

Deben por tanto establecerse protocolos de actuación para casos de violencia.

De tal manera que el artículo 34 de la misma Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia la adolescencia frente a la violencia, establece respecto de los protocolos de actuación que, las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, civil acoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, así como cualquier otra manifestación de violencia comprendida en el ámbito de aplicación de dicha ley.

Es decir, el centro educativo debe tener un Plan de Convivencia que debe incluir un Reglamento de Régimen interno donde se especifiquen claramente las normas de comportamiento y de conducta; las mismas deben ser respetadas obligatoriamente por los alumnos.

Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos, y es el Coordinador o Coordinadora del bienestar y protección el que debe coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia, que además debe evaluarse periódicamente, y también el Coordinador debe coordinar, de acuerdo con los protocolos existentes aprobados por las administraciones educativas, debe coordinar con los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos – art. 35 LO 8/2021-.

Además, el artículo 35 de la misma ley establece que en todos los centros educativos donde curse estudios menores de edad deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro.

Por otra parte, el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos, no menciona el bulling o acoso escolar específicamente, sin embargo, indica que la administración educativa y los órganos de dirección del centro docente son responsables de frenar el acoso escolar y garantizar la seguridad de la víctima.

Finalmente trascribo algunos de los artículos de dicho RD:

Artículo 4.

La Administración educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos y garantizarán su efectividad de acuerdo con el presente Real Decreto.

Artículo 5.

El Consejo Escolar del centro es el órgano competente para la resolución de los conflictos y la imposición de sanciones en materia de disciplina de los alumnos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 42 y 57 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y en los respectivos Reglamentos orgánicos de los centros.

Artículo 6.

El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos. Para facilitar dicho cometido se constituirá una Comisión de convivencia, compuesta por profesores, padres y alumnos, elegidos por el sector correspondiente, y que será presidida por el Director. Las funciones principales de dicha Comisión serán las de resolver y mediar en los conflictos planteados y canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes. Todo ello a los efectos de garantizar una aplicación correcta de lo dispuesto en este Real Decreto.

Artículo 7.

Los órganos de gobierno del centro, así como la Comisión de convivencia, adoptarán las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de los alumnos y para impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del centro. Con este fin se potenciará la comunicación constante y directa con los padres o representantes legales de los alumnos.

Artículo 8.

El Consejo Escolar elaborará, siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, una vez al año, un informe que formará parte de la memoria de final de curso sobre el funcionamiento del centro, en el que se evaluarán los resultados de la aplicación de las normas de convivencia, dando cuenta del ejercicio por los alumnos de sus derechos y deberes, analizando los problemas detectados en su aplicación efectiva y proponiendo la adopción de las medidas oportunas. La Inspección técnica de Educación examinará dicho informe y propondrá al centro o, en su caso, a las autoridades educativas las medidas que considere convenientes.

Artículo 9.

El Reglamento de régimen interior aprobado por el Consejo Escolar, que en los centros públicos forma parte del proyecto educativo, contendrá las normas de convivencia del centro, así como las otras normas sobre organización y participación en la vida del centro que considere necesarias el Consejo Escolar. Dichas normas de convivencia podrán precisar y concretar los derechos y deberes de los alumnos reconocidos en este Real Decreto.

II.- ¿CABE GRABAR LAS REUNIONES EN EL CENTRO ESCOLAR?

En las reuniones con la dirección o tutores del centro de estudios de la posible víctima muchas veces se plantea si pueden grabarse como medio de documentarlas, y de prevención o prueba ante situaciones violentas.

No hay un criterio unísono sobre la cuestión, si bien no existe desacuerdo en proceder a la grabación en audio de una reunión específica si los asistentes a la Junta o reunión no se oponen a ello. Existe un derecho a la propia imagen- 18.1 CE-, pero no a la propia voz en una reunión en la que soy participe voluntariamente.

No es una reunión o una conversación privada la que gravaríamos, sino derivada de una actividad y servicio público.

Al inicio cabe indicar por el presidente o secretario de la reunión que se realizará el acta en audio, y que se transcribirá en un acta sucinta en su caso, con las conclusiones a las que se llegue, y si nadie se opone, cabe grabar en audio la reunión, además de notas sucintas, entendiéndose la no oposición expresa como aceptación tácita.

Además, es un sistema normal de documentar en el siglo XXI, y es un poco absurdo obligar a tomar en el momento una trascripción escrita.

Tampoco existen soluciones coincidentes cuando en el seno de la reunión hay desavenencia entre los asistentes para documentar con grabación de audio; aunque hay quien entiende que es posible realizarla siempre que conste en el orden del día y se apruebe por mayoría simple afectando tal decisión a los asistentes disidentes, siempre que se cumplan además otros requisitos formales básicos tales como – a modo de ejemplo y a título simplemente enunciativo – que el contenido de la grabación no se comunique o difunda, y quede en el depósito y custodia del colegio, sin que puedan expedirse copias salvo para su uso en procedimientos judiciales, y sin que puedan realizarse grabaciones particulares.

En el ámbito de reuniones de tutorías o con los docentes en el colegio es un poco más delicado, sobre todo dependiendo del tema a tratar, y el clima de colaboración en la comunidad educativa que debiera existir en interés de los menores afectados, por lo que, si hay oposición por algún padre a tal grabación y acta en audio, debería procederse a votarlo, y al menos que haya un acuerdo en mayoría simple antes de grabar.

Finalizo la presente esperando haya sido de tu utilidad.

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