El derecho a la justicia gratuita – art. 119 CE-, que no debe ser confundido con el derecho a un abogado del turno de oficio.

El derecho a la solicitud del reconocimiento a la justicia gratuita puede estar en contradicción con el derecho de la otra parte a un procedimiento sin dilaciones indebidas – 24.2 CE-, especialmente en procedimientos de tramitación preferente, como son los de familia (artículos 753.3 y 779 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC en adelante-).

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, reformada por el RD Ley 3/2013, de 22 de febrero y por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establece en su art. 2 quiénes tienen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita:

  • Quienes acrediten insuficiencia de medios económicos
  • Con independencia de sus medios económicos, los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social (para defender sus derechos laborales), las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos (en juicios por su condición de víctimas), los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Para que se conceda el derecho se requiere:

  • Que el solicitante no alcance los ingresos económicos señalados por la ley o pertenezca a los colectivos antes indicados.
  • Que se solicite para litigar por derechos propios.
  • Que la pretensión no sea indefendible.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende entre otros la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso (art.6 Ley 1/96).

  • En el Colegio de Abogados del domicilio del solicitante.
  • En el Juzgado del domicilio del solicitante o en el que se tramita el procedimiento judicial, que remitirá la solicitud al Colegio de Abogado.

Pueden solicitarlo también ante el Colegio de Abogados de su domicilio o el Servicio de Orientación Jurídica o unidad administrativa equivalente en otras Comunidades Autónomas distintas a las de Madrid.

Deberá adjuntarse en su caso a la solicitud la documentación que acredita la insuficiencia de recursos.

Según los artículos 2 y 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas físicas españolas, comunitarios y extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia para litigar, y las personas jurídicas del artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica.

Las personas físicas deben acreditar carencia de recursos para litigar, salvo a las que se les reconoce independientemente de sus recursos en el apartado g) h) e i ) del artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Es decir, que carezcan de patrimonio suficiente y cuyos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen los siguientes umbrales:

  • Dos veces el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.
  • Dos veces y media el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.
  • El triple del IPREM cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

En casos de personas integradas en familia numerosas 5 veces el IPREM.

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas a que se refiere el artículo 2 c) de la Ley de asistencia jurídica gratuita, cuando careciendo de patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples.

Según la Disposición adicional nonagésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en el año 2023, las cuantías que se han de tomar en consideración son las siguientes: IPREM ANUAL: 7.200 euros IPREM MENSUAL: 600 euros IPREM DIARIO: 20 euros a) Unidad familiar: Una persona Umbral: 2 veces el IPREM Anual: 14.400 euros Mensual: 1.200 euros b) Unidad familiar: Dos – tres miembros Umbral: 2,5 veces el IPREM Anual: 18.000 euros Mensual: 1.500 euros c) Unidad familiar: Cuatro miembros Umbral: 3 veces el IPREM Anual: 21.600 euros Mensual: 1.800 euros d) Unidad familiar: Circunstancias especiales Umbral: 5 veces el IPREM Anual: 36.000 euros Mensual: 3.000 euros

Debe tenerse en cuanta también la posibilidad de exclusión por signos externos de la capacidad económica – art. 4 LAJG-, y la posibilidad del reconocimiento excepcional del derecho del artículo 5 de la misma LAJG.

El derecho deberá ser reconocido por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y deberá tramitarse el expediente administrativo con su correspondiente resolución final concediendo el derecho, ya que es el documento que debe acompañar cualquier tipo de trámite judicial que deba gestionarse fuera de las dependencias del juzgado, como puede ser la prueba pericial, o la expedición de mandamientos al Registro de la Propiedad u otros registros públicos, que se contemplan más adelante.

También será objeto de este trámite las solicitudes de asistencia jurídica gratuita de las personas que se encuentren en los supuestos recogidos en los apartados h), i) y j) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Si no se cumplimenta la documentación requerida, el Colegio de Abogados archiva la solicitud, y en estos casos se comunica por el órgano judicial al interesado, para que pueda comparecer con Letrado particular, con apercibimiento de tenerle por decaído en su derecho en el proceso.

El problema fundamental que plantea la solicitud del reconocimiento del derecho es qué sucede con el curso del proceso hasta que la petición es concedida o denegada.

Si, conforme a la legislación procesal, el órgano judicial que esté conociendo del proceso estimare que, por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos siempre que ello fuera exigible para obtener el derecho de asistencia jurídica gratuita, dictará una resolución motivada requiriendo de los Colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad – artículo 21 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita-.

El secretario judicial o el órgano administrativo comunicará dicha resolución por el medio más rápido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en los artículos precedentes.

El principio general es que la solicitud no suspende el curso del proceso. Y sólo se suspendería cuando la acción pudiera resultar perjudicada por el plazo de prescripción – art. 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero-

No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el secretario judicial, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes procesales.

Entiendo que se refiere al plazo procesal del procedimiento. Por ejemplo, si es para contestar la demanda en los casos de los procedimientos contenciosos de familia, que es de 20 días, conforme a los artículos 753 y 770, sería posible la suspensión siempre que haya solicitado el beneficio de justicia gratuita en ese plazo.

Supuesto distinto es que solo solicite nombramiento de abogado y procurador de oficio, cuando estos fueran preceptivo, y no fuera de los supuestos de reconocimiento de reconocimiento con independencia de sus recursos, – por ejemplo, víctimas de violencia de género-, en cuyo caso es de aplicación el artículo 33.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, en 3 días desde la citación o emplazamiento al demandado.

2. Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción o caducidad, éstas quedarán interrumpidas o suspendidas, respectivamente, hasta la designación provisional de abogado y, de ser preceptivo, procurador del turno de oficio que ejerciten la acción en nombre del solicitante; y si no fuera posible realizar esos nombramientos, hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa, reconociendo o denegando el derecho.

El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud.

En el supuesto de que esta petición hubiere sido denegada, fuere claramente abusiva y únicamente esté preordenada a dilatar los plazos, el órgano judicial que conozca de la causa podrá computar los plazos en los estrictos términos legalmente previstos, con todas las consecuencias que de ello se derive.

Es también doctrina constitucional reiterada que «el derecho de defensa y asistencia letrada debe compatibilizarse también con el derecho de la parte contraria a un proceso sin dilaciones indebidas, por lo que cuando la solicitud de Letrado de oficio se formula con el exclusivo propósito de dilatar la duración normal del procedimiento y retrasar así la decisión final del proceso, y se muestra claramente innecesario, de forma que no encuentre su justificación en el derecho de defensa sino en el manifiesto abuso de derecho o en el fraude de ley, los órganos judiciales, razonándolo debidamente podrán rechazar las solicitudes de asistencia letrada abusivas o injustificadas ( art. 11.2 LOPJ y SSTC 30/1981, 47/1987)» ( STC 92/1996, de 27 de mayo).

El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud – art. 16 Ley 1/1996, de 10 de enero-.

En el supuesto de que esta petición hubiere sido denegada, fuere claramente abusiva y únicamente esté preordenada a dilatar los plazos, el órgano judicial que conozca de la causa podrá computar los plazos en los estrictos términos legalmente previstos, con todas las consecuencias que de ello se derive.

Por lo tanto, dependiendo de si se trata de demandante o demandado, o si es un proceso declarativo o de ejecución, los efectos de la solicitud en el proceso deben ser diferentes.

a) Si es el demandante el que lo solicita antes de interponer la demanda no habrá normalmente proceso que suspender, ya que aún no se ha iniciado. Existen casos, no obstante, como en el caso de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, que conforme al art. 780 de la LEC, deben formularse en el plazo de dos meses desde su notificación, o como en el caso de una demanda de reclamación por error judicial – 293 LOPJ-, que debe interponerse en 3 meses, que, si en ese plazo se advierte, puede suspender el plazo en tanto en cuanto no se resolviera dicha petición y se proveyera al demandante de letrado de oficio – STS 21/12/2020, Recurso: 23/2018-.

El nombramiento de los profesionales es notificado al interesado por el propio Colegio de Abogados; aunque es conveniente que se notifique por el órgano judicial al interesado para reforzar la garantía de la notificación.

b) Si es el demandado el que lo solicita una vez emplazado en un proceso declarativo, salvo que se haga uso de la facultad que le concede el art. 21 de la Ley, mediante auto motivado requiriendo de los Colegios profesionales el nombramiento provisional de Abogado y de Procurador, el plazo para contestar la demanda deberá suspenderse el mismo día de la comparecencia en la Oficina solicitando el reconocimiento del derecho. Si la solicitud se efectuó ante el Colegio de Abogados, remitirán al órgano judicial copia de la solicitud que se realizó ante ellos y se deberá suspender el plazo en la fecha que consta en la solicitud. Una vez se designen los profesionales y se comuniquen al juzgado (bien por correo ordinario, bien de forma telemática), habrá de notificarse al interesado y también al Procurador designado que se alza la suspensión del plazo para contestar la demanda, y que dispone de los días correspondientes (los que resulten de restar de los veinte o diez días del emplazamiento, los que transcurrieron desde la fecha del emplazamiento hasta la solicitud del derecho) para contestar la demanda. El plazo se debe computar desde la notificación al interesado y no al Procurador, pues, por un lado, del propio demandado depende en definitiva su personación o no, y, por otro lado, no se puede atribuir a los profesionales designados la carga de localizar al interesado que puede no ser encontrado por su Letrado o no estar ya interesado en el pleito, y presentar en plazo la contestación a la demanda.

Sería conveniente a estos efectos que en la cédula de emplazamiento se advierta del derecho a interesar nombramiento de profesionales del turno de oficio por carencia de recursos económicos para costearlos si se quiere la personación y la suspensión hasta tal nombramiento del trámite de contestación y señalamiento de vista.

Un sector amplio de la doctrina considera que la solicitud de justicia gratuita debe realizarse por el demandado en el plazo de tres días siguientes al emplazamiento – art. 33.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 16 Ley 1/1996 y, de haberse solicitado el beneficio con posterioridad a ese término, puede denegarse la suspensión del curso de las actuaciones en base a una solicitud del beneficio de justicia gratuita, siendo que está excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión debida a pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representan o defiendan ( SSTC 85/2006, de 27 de marzo y 61/2007, de 26 de marzo entre otras muchas).

Pero a mi entender la interpretación más adecuada sería que si se solicita por carencia de recursos o ya teniéndolo reconocido independientemente de estos, creo que la solicitud en el plazo de contestación suspendería la tramitación hasta la resolución del beneficio y en su caso el nombramiento de la postulación de oficio, salvo que provisionalmente se adelante dicho nombramiento vía 21 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

También procede recordar que «no puede resultar acreedor de la protección del amparo constitucional quien contribuyó de manera activa o negligente a causar la indefensión de la que se queja al no comparecer en un procedimiento del que tenía conocimiento por cauces diferentes del emplazamiento personal, o del que habría podido tener noticia si se hubiera comportado con una mínima diligencia» ( STC 6/2003, de 20 de enero).

El hecho de que el art. 33.2 de la LEC se refiera a litigante que no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita puede hacer referencia a cualquier litigante que, aunque estuviera materialmente en los supuestos legales de su concesión, aún no se le hubiera reconocido el derecho.

c) Si es demandado en un proceso de ejecución, es preciso diferenciar entre el curso del proceso de ejecución y el transcurso de un plazo procesal. Si la solicitud se realiza con el objeto de personarse y formalizar oposición, el plazo de diez días desde la notificación del auto que despacha ejecución y el decreto de medidas coercitivas deberá suspenderse para evitar que el transcurso de dicho plazo produzca la indefensión del solicitante; pero si el proceso se encuentra, por ejemplo, con fecha señalada para el acto de lanzamiento, no debe suspenderse el señalamiento, pues lo contrario generaría indefensión para el ejecutante. Puede que finalmente no se formalice la oposición anunciada, o que sea desestimada, todo ello antes del día señalado. Por ello, y en aplicación del principio general de no suspensión del art. 16 y del art. 247 LEC que establece la buena fe procesal y la prohibición del abuso del derecho, no debe suspenderse a priori ninguna actuación, hasta que, llegado ese mismo día, o incluso el día anterior, se estime que su celebración puede ocasionar indefensión al interesado.

La solicitud de suspensión se podrá realizar por medio de comparecencia ante el Juzgado o Tribunal, o bien mediante escrito, del que se propone el siguiente modelo.

FORMULARIO:

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

(órgano jurisdiccional ante el que se siga el proceso principal)

Don/Doña nombre y apellidos, mayor de edad, con DNI ……., domicilio en calle, avenida ect., número, población, código postal, ante el juzgado comparezco y EXPONGO

PRIMERO.- Por Resolución de día, mes y año, el juzgado me ha dado traslado de la interposición de demandada de reclamación de cantidad contra mi persona, emplazándome para la realización de ……., en el plazo de ……..

SEGUNDO.-En este momento, carezco de medios para litigar, por lo que, al amparo del artículo 119 de la Constitución Española, y de acuerdo con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, he presentado solicitud de asistencia jurídica gratuita ante el servicio de orientación jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de ……, con fecha día, mes y año.

TERCERO.- El trámite procesal para el que me emplaza el Juzgado ha de realizarse necesariamente por medio de Abogado y Procurador, por lo que, para evitar la indefensión que podría provocarme la preclusión de este trámite, y de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, resulta conveniente la suspensión del plazo indicado, hasta que recaiga la resolución sobre el reconocimiento o denegación de mi derecho, o se produzca la designación provisional de abogado y procurador.

Por lo expuesto,

Al JUZGADO SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito de SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CURSO DEL PROCESO, y acuerde la suspensión del plazo para ……., hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador.

Es justicia que pido en localidad a día, mes y año

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