I.- MOTIVO DE LA NECESIDAD DE UN PROTOCOLO FRENTE A LA USURPACION Y EL ALLANAMIENTO

Existe un grave problema de vivienda, es indiscutible. Y se ha producido no porque tengamos una nueva generación de hijos de españoles que demandan vivienda.

La tasa de natalidad en España ha estado disminuyendo en los últimos años, mientras que el crecimiento poblacional sigue siendo positivo debido a la inmigración y la adquisición de nacionalidad española por parte de personas nacidas en el extranjero.

El crecimiento poblacional derivado de la inmigración en España viene siendo muy significativo en relación a la carencia de vivienda.

Además, dos tercios de los extranjeros residentes viven en cuatro comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, y solo siete provincias (Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia, Baleares y Murcia) concentran el 57% del total.

El extranjero que llega, y no tienen patrimonio o ingresos bastantes para acceder a la propiedad de un inmueble, o encuentra que muy gravoso buscarse la vida con una solución habitacional, o sus circunstancias familiares no permiten que duerman en cualquier sitio, como es cuando tiene hijos menores, algunos por decisión personal o con el apoyo de grupos especializados y asociados, optan por la ocupación de vivienda, pues la legislación de nuestro país es muy tolerante a este hecho, especialmente si el ocupante lo hace con menores.

La propia Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, añade una Disposición Adicional 7ª a la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé que, en caso de ocupaciones de vivienda en vía penal, los Juzgados deberán dar traslado de la situación a la Administración pública competente, para la protección de personas menores de edad, dependientes, con discapacidad o víctimas de violencia de género.

La legislación que se promulgó a raíz del Covid, y se mantiene actualmente, dificulta y retrasa la devolución posesoria de los inmuebles allanados o usurpados a sus propietarios al amparo de la vulnerabilidad del usurpador o de la dificultad de su posible alojamiento, y no le previene para que no vuelva a ocupar en caso de que le desalojen, produciéndose con todo ello un efecto llamada a la ocupación de inmuebles.

Por ejemplo, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, ha sido modificado hasta diez veces por los Reales Decretos Leyes 37/2020, de 22 de diciembre, 1/2021, de 19 enero, 2/2021, de 26 de enero, 8/2021, de 4 de mayo, 16/2021, de 3 de agosto, 21/2021, de 26 de octubre, 2/2022, de 22 de febrero, 20/2022, de 27 de diciembre, 5/2023, de 28 de junio y ahora por el Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre.

Permiten al arrendatario y al ocupante instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, debiendo acreditar tal situación. La suspensión de los desahucios y por ende de los lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad del ocupante que han determinado los anteriores Reales Decretos, en realidad por la carencia de medios de los Juzgados duran mucho más del tiempo legalmente previsto.

Han surgido incluso grupos u organizaciones criminales que actúan ocupando inmuebles y cediéndolos a terceros para que continúen el despojo a cambio de un precio, existiendo actualmente un mercado de inmuebles ocupados, o incluso se introduce la ocupación en un determinado inmueble para reducir el precio en su caso de venta del mismo. En otros casos ofrecen el servicio de un desalojo irregular del ocupa, que podría ser una estafa y suponer un robo de los enseres en el mismo.

Se han desarticulado mafias de okupas cuyos responsables supervisaban todo y daban consejos para que el inmueble pareciera okupado desde hace días, incluso situaban a los niños detrás de la puerta y les hacían llorar para crear ese ambiente de vulnerabilidad y miedo ante los agentes. Cuando engañaban a la policía, sabían que el juicio tardaría en llegar y la ocupación se podía mantener, y es en este momento en el que vendían o alquilaban el piso a personas inmigrantes que estaban en situación irregular.

Desde la seguridad jurídica y del respeto a la propiedad, la vulnerabilidad y necesidad de realojamiento, no deberían ser razones que retrasaran la recuperación del inmueble al propietario despojado del mismo por la usurpación o allanamiento, pero es una realidad que consolidado una usurpación puede tardar meses, incluso más de un año, la recuperación de la posesión del inmueble.

Es un problema social que debe resolver el gobernante sin trasladarlo a los propietarios de los inmuebles, actualmente desprotegidos frente a estos delitos, lo que no solo perjudica al mercado del alquiler, elevando los precios de estos, y expulsando del miso precisamente al sector de ciudadanos con menos recursos o posibilidad de afianzamiento del contrato de inquilinato.

Pero es una realidad que puede de la que ninguna Comunidad de Propietarios está libre de sufrirla, y si no está organizada una prevención colectiva frente a este problema,  la impotencia que se siente a nivel individual en muchos casos provoca que pasen los propietarios directa o indirectamente a la autoprotección, lo que puede victimizarles doblemente pues también se persigue, incluso penalmente, la desocupación irregular, sin perjuicio de las estafas y extorsiones a la que pude dar lugar también.

II.- DELITOS A QUE SE REFIERE LA OCUPACION

Fundamentalmente se refiere al allanamiento de morada y a la usurpación de inmuebles, tipificados en los artículos 202 y 245 del Código Penal.

El delito de usurpación de inmuebles, introducido en el Código Penal de 1995, en su modalidad no violenta del número 2 del artículo 245, da cobertura penal específica a la ocupación de inmuebles, viviendas o edificios ajenos contra la voluntad de sus propietarios o poseedores, y requiere para su comisión los siguientes elementos: a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituye morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia. Por lo tanto, la ocupación no está limitada a una vivienda estrictu sensu, sino a un inmueble, un edificio, o incluso un edificio o inmueble anexo. b) Que el realizador de esa ocupación carezca de título jurídico alguno que legitime esa posesión, pues en caso de que inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque sea temporalmente o en calidad de precarista, el titular de la vivienda o edificio deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar su posesión. c) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica el artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio «contra la voluntad de su titular», y lo que se hace evidente mediante la presentación de la oportuna denuncia. d) Que concurra dolo del autor, que abarca el conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización o de la manifestación de la oposición del titular del edificio.

El bien jurídico protegido en el delito de usurpación es la posesión, es decir, una relación específica del propietario o poseedor legítimo sobre la cosa, una situación de hecho consistente en el señorío sobre la cosa, derivada de esta condición.

El art. 245.2 CP es actualmente un delito leve y además de la denuncia, la víctima directa de la usurpación o del allanamiento puede solicitar directamente la actuación policial y el desalojo en primeras diligencias por  la policía, teniendo en cuenta  la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, y la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles.

Si lo que se ocupa es una vivienda o apartamento que constituye la morada de una persona, aunque sea la segunda residencia que pueda utilizar de forma más o menos habitual una persona, estaríamos ante un delito de allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal.

A partir de la sentencia del Tribunal Supremo N.º 587/2020, de 6 de noviembre de 2020, se confirma la ampliación del concepto de morada a las segundas residencias.

La falta de autorización o la voluntad contraria del dueño debe presumirse iuris tantum en viviendas o fincas cerradas.

No hay inconveniente alguno en que se pueda adoptar una medida cautelar al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –LECr-, que tiene como finalidad la de proteger a la víctima del delito impidiendo en este caso la prolongación en el tiempo de los efectos del mismo, aunque se trate del Procedimiento para el enjuiciamiento por delito leve. Es por ello que cautelarmente cabe también en los casos de usurpación, y a la espera de la firmeza de la sentencia, el desalojo de la vivienda de los denunciados y entrega de la vivienda que, por otro lado, será objeto de la responsabilidad civil impuesta en sentencia, y que conforme al art. 989 LECr es susceptible de ejecución provisional -SAP, Penal sección 1 del 14 de abril de 2023 ( ROJ: SAP IB 1145/2023 – ECLI:ES:APIB:2023:1145 )-.

El policía que dejare intencionadamente de promover la persecución del delito del que tenga noticia a través de la denuncia, o de sus responsables, incurre a su vez en un delito del artículo 408 del Código Penal.

La ocupación no consentida de viviendas constituye un delito penal. Las víctimas de este tipo de delitos pueden ser asistidas por las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos (OAVD) del Partido judicial, que en el caso de Ibiza está en  Avinguda d»Isidor Macabich, 4, 07800, Eivissa (Baleares), tf.9711950 44, mail: victimas.ibiza@justicia.es

Es muy importante que las víctimas reciban orientaciones y si es posible asistencia jurídica adecuada desde el principio, con el fin de obtener prontamente una recuperación del inmueble.

En este sentido las OAVD si se solicita un abogado de oficio o el beneficio de asistencia jurídica gratuita, pueden derivar a las víctimas al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados, por ejemplo si el inmueble está en Ibiza, el SOJ está en  Carrer Aragó, 67 4;7, tf . 971179408, 07800, Eivissa (ILLES BALEARS), disponible los lunes, miércoles y jueves de 09:30 a 11:30 para asuntos penales.

Las OAVD también pueden prestar un servicio de acompañamiento por el personal técnico de las oficinas a todas aquellas actuaciones que se realicen en sede judicial, así como una primera asistencia psicológica y derivación a los servicios profesionales más adecuados para su atención.

III.- VENTAJAS DE UN PROTOCOLO

Implementar un protocolo de actuación rápida ante el primer indicio de okupación, permite una respuesta coordinada y eficiente, y aumenta las posibilidades de resolver la situación favorablemente.

Puede esta pronta actuación disuadir al ocupa a entrar en la vivienda o trastero o a permanecer en el.

Además, en caso de okupación, la comunidad a través de su presidente puede actuar por vía del art. 7.2 LPH, e instar la expulsión del inmueble del usurpador por la propia policía, que puede en concurso haber cometido otros delitos, como daños, robo o delito de defraudación de fluido eléctrico.

Quien ocupa un bien inmueble en una comunidad de vecinos utiliza elementos comunes que pertenecen a la colectividad, degrada el clima vecinal,  y por ello la comunidad puede y debe estar interesada en que esas situaciones no se produzcan.

Y no solo en el interior de la Comunidad de Propietarios. También en los espacios cercanos perimetrales a la misma. En su barrio, por ejemplo.

Es cierto que la Comunidad de Propietarios que actúa a través de su presidente, puede no ser la titular del derecho a poseer usurpado, por ejemplo, si se ocupa un trastero. Pero en modo alguno le impide denunciar aquellos delitos públicos que considere se han perpetrado (artículo 259 LECrim, y Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de  10 de junio de 2020), y ni la usurpación -245 del CP-, ni el allanamiento de morada -202 CP-, tienen carácter privado o está sujeto a algún requisito de procedibilidad por parte del ofendido o perjudicado por el delito.

Debe por tanto reconocerse la legitimación a través del Presidente, de la Comunidad de Propietarios para denunciar a la policía de la usurpación o del allanamiento, especialmente en caso de que el propietario no se encuentre en el inmueble, y está legitimado para instar en la denuncia la inmediata actuación policial en caso de allanamiento de morada o delito flagrante de usurpación.

Para la actuación del Presidente, es conveniente que el Administrador y la Comisión de Seguridad debe tener copia digitalizada de certificaciones de propiedad en la Comunidad de Propietarios que pueden ser usurpados o allanados, de los voluntarios que se apunten al protocolo, y certificado digital actualizado del Registro de la Propiedad de que no son grandes tenedores de inmuebles, y copia digitalizada del pago del último ejercicio del IBI, y un poder o representación digital para interponer denuncias y actuar en nombre del propietario en caso de ocupación o allanamiento del inmueble, y un teléfono y correo actual del propietario, con su dirección, y copia del DNI.

IV.- DELEGADO O COMITÉ DE SEGURIDAD

Para prevenir el allanamiento de una vivienda o la usurpación de un trastero o plaza de garaje,  en el marco de la Junta de Propietarios podría acordarse la delegación en un vecino o la  creación de un Comité de Seguridad formado personas encargadas de fomentar propuestas sobre seguridad a la Junta de propietarios, y revisar los sistemas de seguridad, de la Comunidad de Propietarios internos y perimetrales, respecto de terceros ajenos a la Comunidad, y respecto de otros medios materiales y humanos de seguridad (ocupación, contra incendios, frente a rotura de cañerías, etc.).

La Comisión fomentara la participación activa de los residentes en programas de seguridad coordinados por la policía y con asociaciones de vecinos.

De hecho, inscribirse en iniciativas promovidas por las autoridades ayuda a aumentar la vigilancia, y estas iniciativas permiten fortalecer los lazos comunitarios.

Este delegado o comisión tendría que tener conocimiento de las cesiones de posesión de las viviendas y anejos estables que hicieren los copropietarios a terceros, tanto en arrendamiento como en precario, y incluso darían la bienvenida a los nuevos residentes en nombre de la Comunidad.

También la Comisión llevará a cabo auditorías de seguridad, que ayudarán a descubrir áreas de mejora. Porque identificar puntos vulnerables permite tomar medidas correctivas a través de acuerdos en la Junta de Propietarios.

Por ejemplo, la mejora del alumbrado mediante sensores, y la limpieza de espacios comunes, que no solo embellecen el entorno, sino que también disuaden actividades delictivas, o incluso la contratación de una vigilante en los meses de julio y agosto.

V.- MEDIOS MATERIALES

La instalación de cámaras de seguridad puede ser una medida disuasoria de las ocupaciones de viviendas, y especialmente de trasteros, y también un instrumento preventivo de vandalismo o actos incívicos en las zonas comunes (portal, descansillos, piscina, garaje, etc.).

Las grabaciones también pueden utilizarse como medida disuasoria o para recabar pruebas en caso de denuncias o juicios.

Para instalar cámaras, deben observarse lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en la Ley de Propiedad Horizontal.

Nunca podrán grabarse imágenes más allá de las zonas comunes. Es decir, habrá que excluir la vía pública, los terrenos o viviendas cercanas y, claro está, el interior de las viviendas.

Para la instalación de cámaras en zonas comunes será necesario el acuerdo por unanimidad de la Junta de Propietarios que quedará reflejado en las actas de dicha Junta. Este acuerdo también será necesario para la instalación de cámaras en el garaje. El acuerdo debe reflejar algunas de las características del sistema de video vigilancia, como el número de cámaras o el espacio captado por las mismas.

Para una mayor información, se puede consultar la Guía de la AEPD sobre Protección de Datos y Administración de Fincas.

VI.- COMUNICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

También es útil crear un grupo específico de WhatsApp para alertar sobre actividades sospechosas y el fomento de la cultura de vigilancia colectiva.

La Comisión de Seguridad o delegado y el administrador, conforme al protocolo, pueden informar al perjudicado y a otros vecinos que fueren avisados para que acompañen a la víctima directa, sobre cómo actuar en esos momentos de emergencia, y de los teléfonos actualizados y direcciones del Ayuntamiento, la Policía Local, la Guardia Civil, 091 112, ambulancias, bomberos, Emasesa, Iberdrola, por ejemplo,  y facilitar un servicio de acompañamiento que en esos momentos se agradece, y de traducción previsto para los casos de ocupación y otros eventos.

VII.- TALLERES Y COLABORACION CON AUTORIDADES

Los vecinos deben conocer la ley y también deben saber cómo actuar en caso de okupación ilegal o allanamiento de un inmueble de la Comunidad de Propietarios.

Es importante trasmitir este conocimiento, y la sensibilización y educación sobre la ocupación ilegal, a través de campañas de información, distribución de folletos y charlas educativas, y concienciar a la comunidad de vecinos sobre los riesgos y consecuencias de tener okupas, y las formas de autoprotección personal y colectiva.

Por otra parte, la colaboración con las autoridades locales es fundamental para evitar la okupación ilegal.

En este sentido, la comunidad de vecinos puede establecer convenios de colaboración con la policía y el ayuntamiento, a través de asociaciones vecinales, como la asociación de vecinos de Cala Bou, a la que podría pertenecer el delegado o el Comité de Seguridad.

También se puede participar en programas municipales de seguridad y prevención de okupaciones.

Asimismo, es importante organizar simulacros sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones.

La promoción de la solidaridad y cooperación entre vecinos es clave, ya que así es como se construyen comunidades fuertes y unidas.

Además, la organización de eventos comunitarios juega un papel fundamental en el fomento de la cohesión y el sentido de pertenencia a la Comunidad de Propietarios y su entorno.

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