I.- EL DOCUMENTO ELECTRONICO COMO MEDIO DE PRUEBA

Destacar la distinción entre fuentes de prueba y medios de prueba. La diferencia entre uno y otro radica en el escenario donde se sitúan, pues mientras las fuentes de prueba se ubican en un plano previo y ajeno al proceso jurisdiccional, los medios de prueba se instalan en el contexto del juicio.

Medios de prueba en el proceso civil son únicamente los regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El avance tecnológico ha determinado extender el concepto de documento a soportes electrónicos con ciertas adaptaciones (por ejemplo, respecto de su autenticación).  Su admisión depende de si se ha impugnado o no su autenticidad por la parte a quien perjudique, si se ha autenticado, en su caso, y si goza de literosuficiencia.

Los documentos en soporte electrónico no son tangibles, requiriendo para su creación, mantenimiento y uso de un hardware y un software, como los audiovisuales de una grabadora y de una reproductora o visor. Es la parte que pretende la idoneidad probatoria la que debe probar dicho origen, autenticidad e integridad del documento electrónico.

Para su valor probatorio el documento debe aportarse al expediente judicial a través medio adecuado y en formato predefinido. En ciertos casos conviene acompañarlo de un acta notarial o informe que acredite su origen, autenticidad, es decir que no ha sido manipulado, e integridad.

Recordemos el artículo 382 de la Ley de enjuiciamiento Civil respecto al valor probatorio de los instrumentos de filmación, grabación y semejantes que las partes señala que podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación o semejantes. Al proponer esta prueba, la parte deberá acompañar, en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso. La parte que proponga este medio de prueba podrá aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También las otras partes podrán aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido.

Literalmente el artículo 382 de la LEC, relativo al valor probatorio de instrumentos de filmación, grabación y semejantes, señala:

“1. Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer esta prueba, la parte deberá acompañar, en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso.

  1. La parte que proponga este medio de prueba podrá aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También las otras partes podrán aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido.
  2. El tribunal valorará las reproducciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo según las reglas de la sana crítica”.

Tras la reforma del Real Decreto-Ley 6/2023, se ha pasado de llevar los expedientes de forma analógica basado en el documento (papel o micrográficos), al expediente judicial electrónico basado en el dato, cuya creación, mantenimiento y uso requieren de un determinado hardware y un software, que requiere ser definidos.

Un documento electrónico requiere, como el analógico, de un soporte (portador físico del contenido, como puede ser un pen drive), de un formato que determina las características físicas y de presentación (PDF, TXT, DOC, ZIP cuando es de compresión, etc), y un contenido (que es el mensaje o información que trasmiten.

Señala el artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras su reforma  por el Real Decreto-ley 6/2023, que entró en vigor el 20 de marzo de 2024, que los intervinientes en un proceso que estén obligados al empleo de sistemas telemáticos o electrónicos, remitirán y recibirán todos los escritos, iniciadores o no, por medios electrónicos, es decir a través de LEX NET en las Comunidades que utilicen dicho sistema y visor Horus, salvo las excepciones establecidas en la ley – https://sedejudicial.justicia.es/-/lexnet-.

El artículo 273.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que están obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la administración de justicia, al menos, los siguientes sujetos: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados como abogados y procuradores, notarios y registradores, quienes representen un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración de justicia, y funcionarios de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo. Por ejemplo, los Letrados de la Comunidad Autónoma de Madrid en cuanto que representan a esta.

Los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica indicarán el tipo y número de expediente y año al que se refieren e irán debidamente referenciados mediante un índice electrónico que permita su debida localización y consulta. El escrito principal deberá incorporar firma electrónica y se adaptará a lo establecido en la ley reguladora del uso de las tecnologías en la administración de justicia.

También hay que tener en cuenta que  conforme al artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que los documentos, medios e instrumentos relativos al fondo del asunto deben presentarse con los escritos iniciales, salvo en los casos que dicho precepto establece; y respecto a los que proceda a presentar en el curso de actos judiciales o procesales celebrados por videoconferencia, la presentación se ajustará también lo establecido en la ley que regule el uso de las tecnologías en la administración de justicia, que precisamente es el Real Decreto ley 6/2023.

No se entregarán a las partes los autos originales en formato papel, sin perjuicio de que se ponga a su disposición el expediente judicial electrónico en los casos en que proceda, y de que, cuando no estén obligadas a intervenir a través de medios electrónicos puedan pedir y obtener copia de algún escrito o documento (art. 279.2 de la LEC modificado por el RDL 6/2023).

II.- CASO DE INADMISION DE LA DOCUMENTAL NO DIGITAL

La sala de lo social de la Audiencia Nacional, en su sentencia  14/2024, de 5 de febrero – ECLI:ES:AN:2024:487-, ha confirmado la denegación de pruebas documentales en papel presentadas por una empresa en un juicio basándose en los artículos  6.3 y 41.1 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que exige la presentación de documentos en formato electrónico para su incorporación al expediente judicial electrónico.

El art. 41.1 del RD-Ley 6/2023, publicado en el BOE de 20-12-2023 dispone que las partes o intervinientes deberán presentar todo tipo de documentos y actuaciones para su incorporación al expediente judicial electrónico en formato electrónico.

Literalmente dice:

«Artículo 41. Forma de presentación de documentos.

  1. Las partes o intervinientes deberán presentar todo tipo de documentos y actuaciones para su incorporación al expediente judicial electrónico en formato electrónico.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellos casos previstos en las leyes.

  1. La presentación de los documentos en los procedimientos judiciales se ajustará a lo establecido en las leyes procesales, garantizándose en todo caso la obtención de recibo de su presentación, donde quede constancia de su contenido, fecha y hora. La presentación de estos documentos se realizará electrónicamente a través de los sistemas destinados a tal fin, pudiendo éstos incluir sistemas automatizados de presentación.
  2. Cuando el documento se presente en un formato distinto al electrónico, se procederá de acuerdo con lo previsto en este real decreto-ley».

A su vez el art. 6.3 de dicha norma establece: Los y las profesionales que se relacionen con la Administración de Justicia, en los términos previstos en el presente real decreto-ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las administraciones competentes en materia de Justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

Ambas disposiciones se encuentran insertas en el Libro I, Títulos I y III de dicho RD-Ley cuya entrada en vigor, de acuerdo con la DF9ª tuvo lugar a los veinte días de su publicación en el BOE, por lo que la nueva norma ya estaba vigente al momento de celebrarse el acto de juicio (…)».

Además, en el caso, mediante auto en relación a la admisión de prueba, no recurrido, se había requerido a las partes para «(…) la presentación anticipada de la prueba documental con diez días de antelación al acto de juicio y que dichas pruebas deberán aportarse únicamente en formato PDF, no superior a 45 megas y una resolución no superior a 300 megapíxeles, y en formato TIFF, JPG, JPEG, debiendo llevar una descripción documental, se rechazó la presentación por primera vez en el acto de juicio de la prueba documental en formato papel».

Por otra parte, el artículo 43 RDL 6/2023, relativo a la presentación de documentos en papel o en otros soportes no digitales, en su punto 1 establece que los documentos en papel que se aporten en cualquier momento del procedimiento, siempre que la parte que los presente no venga obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, se deberán digitalizar por la oficina judicial e incorporar al expediente judicial electrónico. los Tribunales están asumiendo progresivamente el tráfico de información en soportes digitales.

También es de tener en cuenta que la Sentencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de 23 de julio 2020 viene a ampliar el concepto de prueba documental desde la óptica procesal, de manera que pueda incorporar las nuevas realidades digitales como son los correos electrónicos.

La citada sentencia del TS 706/2020, de 23 julio, señala que: “El avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental, con las necesarias adaptaciones (por ejemplo, respecto de la prueba de autenticación). Si no se postula un concepto amplio de prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional quedará vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo uso será exiguo”.

El Tribunal Supremo viene a constatar una obviedad: si no evoluciona el concepto de prueba documental, en pocos años no existirá ningún documento que pueda invocarse con ese nombre, ya que paulatinamente todos los documentos físicos son sustituidos por soportes informáticos.

En todo caso, será necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia.

Un documento goza de literosuficiencia cuando basta por sí mismo para llegar a la conclusión acreditativa que se pretende, evidenciando el objeto de prueba sin necesidad de acudir a otras fuentes probatorias o a complejos desarrollos argumentales.

III.- AUTENTIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS

El artículo 326 de la LEC se refiere a la fuerza probatoria de los documentos privados.

Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen.

Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 320.

Es decir, cuando de un cotejo o comprobación resulte la autenticidad o exactitud de la copia o testimonio impugnados, las costas, gastos y derechos que origine el cotejo o comprobación serán exclusivamente de cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros.

Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica.

Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo solicite o se impugne su autenticidad, integridad, precisión de fecha y hora u otras características del documento electrónico que un servicio electrónico de confianza no cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, permita acreditar, se procederá con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente artículo y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014.

El anterior reglamento ( EIDAS) es relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones. El Reglamento eIDAS facilita la seguridad de las transacciones transfronterizas mediante el establecimiento de un marco para la identidad digital y la autenticación. Su objetivo es crear confianza en las interacciones electrónicas y promover servicios digitales sin fisuras en la UE.

El Reglamento sobre la identificación electrónica y los servicios de confianza fue un hito hacia la creación de un entorno reglamentario previsible. Su objetivo principal era infundir confianza en las transacciones electrónicas transfronterizas, mejorando al mismo tiempo la eficacia de los servicios en línea y las plataformas de comercio electrónico. Este Reglamento se dirige específicamente a la identificación electrónica (eID) y a los proveedores de servicios de confianza electrónicas en el mercado interior.

Muy importante a los efectos procesales de autentificación es el apartado 4 del artículo 326 de la LEC:

“4. Si se hubiera utilizado algún servicio de confianza cualificado de los previstos en el Reglamento citado en el apartado anterior, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada y que el servicio de confianza se ha prestado correctamente si figuraba, en el momento relevante a los efectos de la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados.

Si aun así se impugnare el documento electrónico, la carga de realizar la comprobación corresponderá a quien haya presentado la impugnación. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado negativo, serán las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 300 a 1200 euros”.

IV.-AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

A las clases de documentos públicos se refiere el artículo 217 de la ley de enjuiciamiento civil, y recordemos que señala el artículo 1216 del código civil que son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.

Los documentos públicos debidamente presentados no impugnados tendrán la fuerza probatoria del artículo 319 de la ley de enjuiciamiento civil.

Si se impugna la autenticidad de un documento público, para que pueda hacer prueba plena, deberán ser cotejados conforme señala el artículo 320 de la ley de enjuiciamiento civil.

En el caso de documentos electrónicos se verificará la validez de la firma electrónica.

El cotejo o comprobación de los documentos públicos con sus originales se practicará por el Letrado de la Administración de Justicia, constituyéndose al efecto en el archivo local donde se hallen el original o matriz, a presencia, si concurrieren, de las partes y de sus defensores, que serán citados al efecto.

Si los documentos públicos estuvieran incorporados al expediente en soporte electrónico, el cotejo con los originales se practicará por el Letrado de la Administración de Justicia en la oficina judicial, a presencia, si concurrieren, de las partes y de sus defensores que serán citados al efecto. En el caso de documentos públicos electrónicos, el Letrado de la Administración de Justicia comprobar la validez de la firma electrónica, en su caso, mediante su verificación, a través del Código Seguro de Verificación.

El Código Seguro de Verificación (CSV) es un término informático que designa al código único que identifica a un documento electrónico en diferentes ámbitos en los que se predica su autenticidad, y, en particular en la Administración Pública y Administración de Justicia españolas.

En todo caso podrá valerse de la asistencia de un experto que emite informe, de inicio a cargo del impugnante, sin perjuicio de lo que se determine sobre imposición de costas.

Links interesantes:

https://inza.blog/category/justicia-digital/

https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf

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