Una revolución es un cambio social fundamental en la estructura del poder.
Las clases dominantes actuales son fruto de pasadas revoluciones más o menos violentas, que instauran sistemas de gobierno en donde la motivación imperante es el miedo, y en los que reina el dominio de unos hombres sobre otros por su propiedad o la fuerza.
La educación en estas clases dominantes está controlada por educadores en unos roles sociales, que conllevan una jerarquía de dominio y privilegios. Esa percepción de privilegios es también fundamento de situaciones de dominio.
Un ejemplo son las sociedades comunistas o capitalistas radicales, las sociedades patriarcales o la sociedad de castas en la India.
Los avances técnicos y científicos han dado lugar a la entrada en las clases dominantes de la sociedad a nuevos entes y personas que controlan dichos avances, pero también han permitido que las entidades y sociedades dominantes extiendan su poder por todo el mundo.
Estas elites universales que deberían aportar soluciones efectivas frente a los peligros y perjuicios que sufrimos todos por su actuación, son incapaces de hacerlo, y además normalmente no asumen las consecuencias de su actuación.
El control y el uso masivo de nueva tecnología ha generado una nueva oligarquía con poder universal. a nivel mundial, y ha ocasionado que la oferta de trabajo sea muy inferior a la necesidad de la población de tener un trabajo, y ese descarte laboral irá creciendo. En términos medios, por cada empleo que crea la tecnología, destruye siete.
En la nueva economía mundial se está concentrando de tal manera el capital, que hay grupos de empresas que tienen más poder que muchos Estados.
En esta revolución, las elites y en especial sus fuentes de financiación, no desean mantener ciertos derechos de los ciudadanos normales sin una contraprestación. Incluso la financiación última de esos derechos depende de decisiones externas al poder político de nuestro país, por ejemplo de las decisiones que se tomen desde el Rockefeller Center.
Para llevar a efecto la supresión de ciertos derechos, por las elites se utiliza a menudo la teoría del privilegio, presentando derechos normales e incluso inalienables de los ciudadanos como contrarios al marco social actual, y a quienes los detentan y pretender defenderlos como colectivos egoístas antisistema.
Por ejemplo, el gobierno de China considera los derechos humanos como una amenaza existencial. El Partido Comunista Chino, preocupado por el hecho de que permitir la libertad política pueda poner en riesgo su poder, ha creado un estado de vigilancia orwelliano de alta tecnología, así como un sofisticado sistema de censura de Internet, para monitorear y eliminar la crítica pública.
Taro Aso, Ministro japonés de Finanzas, en enero de 2013, declaró que las personas mayores deben “darse prisa y morir” para aliviar los gastos del Estado en su atención médica. Declaraciones especialmente alarmantes en una sociedad en la que el 25% de la población tiene más de 60 años.
En España, también se recurre a esta técnica, incluso para reducir barreras al poder de dichas elites, como es la tutela judicial que a los ciudadanos normales puede proporcionar un sistema judicial independiente del poder ejecutivo y legislativo, es decir, de los partidos políticos.
Porque la justicia es incómoda y limita el poder político, no son pocos los casos en que desde el mismo se promueven «democráticas modificaciones» que realmente lo que pretenden es debilitar el poder de los ciudadanos a defenderse de los abusos de esas élites. Esos cambios «democráticos» se suelen iniciar con campañas de descrédito social.
Los ciudadanos normales debemos tener cuidado de no dejarnos manipular, y armarnos de herramientas de análisis fino y claro para entender correctamente qué son los privilegios.
Muchos de los que consideramos “privilegios” son más bien “derechos” que tendríamos que universalizar y potenciar.