FIJAR CANTIDAD CONCRETA DE ALIMENTOS AUN EN CASOS DE REBELDÍA CON DOMICILIO DESCONOCIDO

La SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2/2024, de 15 de enero, ECLI:ES:TC:2024:2, es muy interesante por lo que resuelve. Pero también es indicativa de la ineficiencia del sistema judicial al que hemos llegado con relación a las necesidades de unos tiempos acelerados, pues después de una década que duraron los trámites procesales, remite a la casilla de salida.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción impuso una serie de medidas de orden familiar de entre las cuales y en lo que importa a esta aportación, fijó una contribución al levantamiento de las cargas familiares del hijo entonces menor, “abonando el esposo como alimentos de su hijo el 10 por 100 de sus ingresos mensuales antes de los cinco primeros días de cada mes”, con actualización anual posterior conforme al índice de precios al consumo; y “computándose como contribución de la esposa al levantamiento de las cargas familiares su dedicación al cuidado del hijo común”.

Señala el TC que este sistema de fijación de la pensión de alimentos supone una vulneración del interés del menor, por la inseguridad jurídica que genera, y estima la demanda de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una motivación reforzada con arreglo al principio del interés superior del menor.

Sobre la relevancia constitucional del derecho de los hijos a recibir alimentos de sus padres recuerda el reconocimiento constitucional que se fijó en la STC 19/2012, FJ 5, al derecho de los hijos a recibir alimentos de sus progenitores, derivado del art. 39 CE, y el contenido de ese derecho de alimentos, regulado por el Código civil (arts. 93, 110, 142 a 153), y en leyes civiles autonómicas:

“ El art. 39.3 CE impone a los padres el deber de ‘prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad’. Ese precepto constitucional, que ‘refleja una conexión directa con el art. 14 CE’ (STC 154/2006, de 22 de mayo, FJ 8), impone a los padres, por igual, el deber de prestar asistencia a los hijos, ‘—asistencia que, naturalmente, incluye la contribución a los alimentos— con independencia de que estos hayan sido concebidos dentro o fuera del matrimonio (art. 39.3 CE), de que se haya producido la nulidad matrimonial, la separación legal o la disolución del matrimonio por divorcio (art. 92 CC), o incluso, en fin, de que el progenitor quede excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas (arts. 110 y 111, in fine, CC)’ (STC 33/2006, de 13 de febrero, FJ 4). Tales alimentos, conforme al art. 142 CC, incluyen el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de los hijos, y deben satisfacerse en medida proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (art. 146 CC) (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 3, y 33/2006, de 13 de febrero, FJ 4). De la misma manera que el texto constitucional no hace depender exclusivamente el concepto constitucional de familia a la que tiene su origen en el matrimonio (SSTC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 5; 47/1993, de 8 de febrero, FJ 2, y 116/1999, de 17 de junio, FJ 13), ni tampoco la limita a las relaciones con descendencia (STC 116/1999, de 17 de junio, FJ 13), es evidente que la familia a la que manda proteger el art. 39.1 CE nada tiene que ver con el hecho físico de la convivencia entre los miembros que la integran, de modo que no es posible admitir que el progenitor que no vive con sus descendientes pero que mantiene, por imposición legal o judicial, la obligación de prestarles asistencia de todo orden, quede excluido por esa circunstancia del ámbito de protección que exige aquel precepto constitucional. Pues bien, si los padres vienen obligados por la Constitución a prestar asistencia de todo orden a sus hijos menores (art. 39.3 CE), los poderes públicos vienen obligados, a su vez, a asegurar la protección económica de la familia (art. 39.1 CE)”.

También recuerda la Sentencia Tribunal Constitucional 2/2024 la relación en materia de alimentos del cumplimiento por el legislador del imperativo del art. 39 CE, con el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE: “[d]ado que hay que evaluar la respuesta del legislador […] es preciso determinar si esta solución responde a los intereses en presencia, con prevalencia del interés del menor; si bien, teniendo también en cuenta el valor constitucional relevante de la protección integral de los hijos (art. 39.2 CE), sin perder de vista, al mismo tiempo, la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) (STC 273/2005, de 27 de octubre, FJ 7, STC 138/2005, de 26 de mayo, FJ 4)”.

El padre o madre deben afrontar la responsabilidad que les incumbe con respecto a sus hijos, no siendo de recibo que su mera ilocalización les exonere de la obligación de prestar alimentos ni que a los tribunales les esté proscrita la posibilidad de determinar un mínimo por el hecho de que el progenitor haya abandonado su lugar de residencia, todo ello sin perjuicio de las acciones que el rebelde pueda plantear una vez hallado, en orden a la modificación de las medidas, posibilidad que también podrá plantear el otro progenitor si han variado sustancialmente las circunstancias.

Si bien el dato de la capacidad económica se desconoce y no es posible aplicar con plenitud el principio de proporcionalidad del artículo 146 del CC, no es menos cierto que el art. 93 CC ordena que “[e]l Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento”.

Por lo tanto, el desconocimiento de aquella capacidad económica del demandado, debida a su propia conducta elusiva de sus deberes paternofiliales, no puede erigirse en obstáculo para que se fije una cantidad líquida suficiente para la satisfacción de las necesidades del menor hijo  ex art. 142 CC.

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