TRASLADO EN EXEQUATUR DE RESOLUCIONES DE MUTUO ACUERDO

El punto de partida para resolver esta cuestión a tenor de la normativa legal vigente sería el artículo 54 de la citada Ley 29/2015 de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que regula el procedimiento judicial de exequátur cuya redacción es el siguiente

“Artículo 54 de la Ley 29/2015. Proceso.

  1. El proceso de exequátur, en el que las partes deberán estar representadas por procurador y asistidas de letrado, se iniciará mediante demanda a instancia de cualquier persona que acredite un interés legítimo. La demanda de exequátur y la solicitud de ejecución podrán acumularse en el mismo escrito. No obstante, no se procederá a la ejecución hasta que se haya dictado resolución decretando el exequátur.
  2. Podrá solicitarse la de adopción de medidas cautelares, con arreglo a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aseguren la efectividad de la tutela judicial que se pretenda.
  3. La demanda se habrá de dirigir contra aquella parte o partes frente a las que se quiera hacer valer la resolución judicial extranjera.
  4. La demanda se ajustará a los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y deberá ir acompañada, de:
  5. a) El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados.
  6. b) El documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento o el documento equivalente.
  7. c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley aplicada por el tribunal de origen.
  8. d) Las traducciones pertinentes con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  9. La demanda y documentos presentados serán examinados por el secretario judicial, que dictará decreto admitiendo la misma y dando traslado de ella a la parte demandada para que se oponga en el plazo de treinta días. El demandado podrá acompañar a su escrito de oposición los documentos, entre otros, que permitan impugnar la autenticidad de la resolución extranjera, la corrección del emplazamiento al demandado, la firmeza y fuerza ejecutiva de la resolución extranjera.”

Será fundamental a dichos efectos el Reglamento (UE) 2020/1784 de 25 de noviembre, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»),  que deroga el Reglamento (CE) n.º 1393/2007, con excepción de los artículos 4 y 6 del Reglamento (CE) n.º 1393/2007; y desde el 16 de febrero de 2019 en la Unión Europea es aplicable el Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y para terceros países tener en cuenta el Convenio de la Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial ). El Reglamento europeo 2020/1784 prevalece sobre las disposiciones contenidas en convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados por los Estados miembros que tengan el mismo ámbito de aplicación que el presente Reglamento, en particular el Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial en las relaciones entre los Estados miembros que sean partes en ellos. Pero el Reglamento europeo no excluye la aplicación de convenios o acuerdos bilaterales dirigidos a acelerar o simplificar la transmisión de los documentos, siempre que dichos convenios o acuerdos sean compatibles con él.

El demandante conforme al artículo 54.4 de la Ley 29/2015, en relación con los artículos 155 y 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el demandante designará el domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación. También el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o similares, que se utilizarán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Pero en la tramitación nos podemos encontrar con la “ilocalización del demandado” con lo que eso conlleva de retraso, en un procedimiento de por sí lento por la problemática del elemento extranjero, la dificultad y el coste de localizarle pues el traslado puede hacerse fuera de España, pudiendo incluso estar ahora residiendo en otro país.

Atendiendo al tenor literal del dicho precepto la respuesta inicial sería que sí que es necesario en todo caso dicho traslado o emplazamiento a la parte demandada para que pueda oponerse a la misma en el plazo de 30 días como preceptúa el artículo 54.5 de la Ley 29/2015.

Pero hay una corriente doctrinal basada en sentencias del Tribunal Supremo dictadas durante la vigencia de la anterior regulación de la  LEC que considera que en los divorcios de mutuo acuerdo no debería de haber obligación de notificar al demandado, dado que este ha aceptado el resultado de la sentencia en el país en el que se dictó y cualquier actuación de oposición al execuátur sería ir contra sus propios actos ( AP Madrid 18-6-13, EDJ 145323: no cabe entender que quien actúa en el proceso mediante la vía del acuerdo se alce posteriormente contra la sentencia que aprueba medidas acorde a sus pretensiones).

Es decir, yendo más allá de una interpretación literal del artículo 54 citado, existen elementos interpretativos sólidos para sostener que en los concretos supuestos de divorcios o separaciones de mutuo acuerdo no sería necesario dicho traslado o emplazamiento, que se podría soslayar por el órgano judicial que conoce del exequátur. Y ello por una razón esencial, y es que como se explicaba ya bajo la vigencia de la anterior regulación, concretamente el artículo 956 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se disponía que “Previa la traducción de la ejecutoria hecha con arreglo a derecho, después de oír, por término de nueve días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a dicha ejecutoria.”

Con la redacción de la LEC 1881 el Tribunal Supremo había venido considerando que en los procedimientos tramitados de mutuo acuerdo se podía prescindir del trámite de audiencia a la parte no personada, bastando en tales supuestos con el previo traslado al Fiscal para poder dictar la resolución correspondiente concediendo el exequátur, y ello con fundamento en que si el solicitante fue quien ocupó la posición de demandado en el procedimiento de origen y ahora es él quien solicita el exequátur o bien constaba su intervención en el procedimiento de mutuo acuerdo, se podía presumir que la otra parte está conforme con la petición de “exequátur” pues tendría pleno conocimiento de la sentencia extranjera dictada,  quedando de esta forma perfectamente cubiertas todas las garantías que imponen el derecho de defensa – STS 23/09/2003 (Roj: ATS 9316/2003 – ECLI:ES:TS:2003:9316A Id Cendoj: 28079110012003206198 Nº de Recurso: 166/2003  Ponente: XAVIER O’CALLAGHAN MUÑOZ, entre muchas-.

Como la redacción en cuanto al traslado de la demanda de la Ley 29/2015 no ha variado sustancialmente a la de la LEC 1881 siguiendo la doctrina anterior del Tribunal Supremo, en estos supuestos de divorcios o separaciones de mutuo acuerdo ninguna indefensión se produce a la parte demandada del exequátur, aunque no se le dé traslado de la demanda, pues se presume que es conocedor de la resolución extranjera dictada a la que prestó su plena conformidad (doctrina del acto propio). Ello sin perjuicio, lógicamente, de que Tribunal, previa admisión por decreto del Letrado de la Administración de Justicia, deba examinar los restantes requisitos que establece la normativa vigente para conceder o denegar el exequátur mediante el correspondiente auto (artículo 54.7 de la Ley 29/15).

Solución que, por lo demás, siendo plenamente respetuosa con los citados principios de defensa, contradicción y derecho a un proceso justo, permitiría agilizar notablemente este tipo de reclamaciones, pues a nadie se le escapa el tiempo que puede conllevar o requerir la búsqueda del otro ex cónyuge, sobre todo si reside en el extranjero y en países donde las comunicaciones o la colaboración judicial es difícil cuando se realiza con comisión rogatoria.

CASOS RESUELTOS RECIENTES DE LAS AUDIENCIAS

1) La Audiencia Provincial de Barcelona entiende que sólo es exigible la audiencia y contradicción cuando se trate de procedimiento contencioso, pero no para el procedimiento resuelto de mutuo acuerdo, y así se declara  en sentencia 157/2020, de 18 de mayo ( ROJ: AAP B 3212/2020 – ECLI:ES:APB:2020:3212A ), en un asunto en que la recurrente solicita la nulidad de actuaciones por entender que no se le ha dado traslado de la demanda para oponerse (art. 54.5 LCJI), y que le causa indefensión y la parte apelada se opone al recurso y considera que en proceso de mutuo acuerdo no es preciso traslado de la demanda (el recurrente fue el demandado en el juicio de origen y cita la STS de 23 de septiembre de 2003 y la doctrina de los actos propios), y siendo que no se opone a la petición de nulidad de actuaciones el Ministerio Fiscal. En este asunto resolvió:

“El Tribunal Supremo al amparo de la vieja LEC de 1881 y cuando se trataba de resoluciones extranjeras alcanzadas por mutuo acuerdo de las partes, venía otorgando el exequatur sin necesidad de traslado al demandado, ni aplicación del equivalente art. 956 LEC 1881, es decir, otorgaba el exequatur tras la sola audiencia del Ministerio Fiscal (así y en concreto, para Ecuador, ATS, Civil sección 1 del 12 de diciembre de 2006 (ROJ: ATS 16609/2006 – ECLI:ES:TS:2006:16609 A), ATS, Civil sección 1 del 26 de octubre de 2004 (ROJ: ATS 12149/2004 – ECLI:ES:TS:2004:12149A) y ATS, Civil sección 1 del 20 de abril de 2004 (ROJ: ATS 4921/2004 – ECLI:ES:TS:2004:4921A).

Sólo en los procesos contenciosos el demandado era emplazado (cfr. ATS, Civil sección 1 del 28 de octubre de 2008 (ROJ: ATS 10008/2008 – ECLI:ES:TS:2008:10008 A), ATS, Civil sección 1 del 13 de mayo de 2008 (ROJ: ATS 2641/2008 – ECLI:ES:TS:2008:2641A) y ATS, Civil sección 1 del 04 de diciembre de 2007 (ROJ: ATS 14966/2007 – ECLI:ES:TS:2007:14966A).

En suma, entendemos que sólo es exigible la audiencia y contradicción cuando se trate de procedimiento contencioso, pero no para el procedimiento resuelto de mutuo acuerdo. Si el legislador hubiera querido imponer en todo caso la previa audiencia de la parte contraria debería haberlo dicho expresamente”.

 

2) Respecto de un archivo del procedimiento que acordó el Juzgado de Primera Instancia, se recurrió en apelación, que resuelve en recurso 115/2023 la Sección 31 de la Audiencia Provincial de Madrid, en Auto de 23 de febrero de 2023, resuelve lo que sigue:

El capítulo II bajo el título “De los actos de notificación y traslado de documentos judiciales»,  los requisitos especiales aplicables a los actos de notificación y traslado de documentos judiciales que deban ser remitidos desde España a un Estado extranjero o desde un Estado extranjero a España, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9. Parece, pues, que el traslado de la demanda es requisito imprescindible en todos los casos.

Ese traslado puede llevarse a cabo en la forma establecida en el artículo 21 que establece que los órganos jurisdiccionales españoles podrán transmitir solicitudes de notificación y traslado de documentos al extranjero:

«a) A través de la autoridad central española, que las hará llegar a las autoridades competentes del Estado requerido por vía consular o diplomática, o a través de su autoridad central, conforme a lo previsto en el artículo 12.1.

  1.    b) Directamente a la autoridad competente del Estado requerido conforme a lo previsto en el artículo 12.1.

Añade en el párrafo 2º que » Siempre que no se oponga la legislación del Estado de destino, las autoridades españolas podrán practicar las comunicaciones directamente a sus destinatarios por correo postal certificado o medio equivalente con acuse de recibo u otra garantía que permita dejar constancia de su recepción».

En el presente caso, devuelta la comisión rogatoria, el juzgado a quo ha pedido a la parte recurrente otra dirección, que no ha podido aportar por desconocimiento. Tampoco la parte solicitante ha ofrecido otra alternativa, como enviarlo a través de correo internacional o en otra forma para hacer un nuevo intento, o intentar conseguir una nueva dirección, pero sí ha solicitado la aplicación del art. 24 de la LCJI, siendo rechazado por la letrada de la Administración de Justicia.

Por ello, debemos plantearnos si dada la redacción del art. 24, ante la diligencia negativa de emplazamiento y la imposibilidad de la parte de aportar nueva dirección, ello puede conllevar el archivo de las actuaciones.

El art. 24.2 de la LCJI, establece que “Transcurridos seis meses desde la fecha de envío del documento, la autoridad competente proveerá a instancia de parte interesada aun cuando no haya podido certificar que la notificación ha tenido lugar«.

Este precepto está pensado para evitar que el procedimiento de exequatur quede paralizado. Con ello se pretende evitar que el solicitante pueda ver frustrada la solicitud de exequatur y, en definitiva, el derecho a obtener una tutela judicial efectiva, si la sentencia reúne los requisitos para ello, por lo que no exime, en ningún caso, al juez de verificar si la sentencia extranjera cumple los requisitos exigidos por el artículo 54. 5º LCJIC) y que no concurra ninguna causa de denegación.

Partiendo de la necesidad de dar el traslado previsto en el art. 54. 5 de la LCJI, la imposibilidad de notificación o emplazamiento no puede convertirse en impedimento en todos los casos para el reconocimiento de la resolución.

Sentado lo anterior, debemos entrar a valorar si cabe alguna excepción En casos en el que como nos ocupa, y solicitando el exequatur de una sentencia extranjera de divorcio de mutuo acuerdo, dicha previsión cobra especial relevancia, ya que ambas partes participaron en el procedimiento de divorcio, y no se vulneró el derecho de defensa de ninguno de ellos, y comprobados los requisitos formales de la sentencia que exige la ley, no concurriría ninguna causa de denegación.

La conclusión no puede ser otra que del art. 24.2 no se desprende que el procedimiento deba ser archivado sino todo lo contrario. La posibilidad recogida en el artículo 24 no es novedosa o ajena a la normativa internacional en materia de notificaciones. El mismo plazo se recoge en el Convenio de La Haya  de 15 de noviembre de 15 de noviembre de 1965 que en su art. 15 establece que »  Cada Estado contratante tiene la facultad de declarar que sus jueces, no obstante las disposiciones del párrafo primero, podrán proveer a pesar de no haberse recibido comunicación alguna acreditativa, bien de la notificación o traslado, bien de la entrega, si se dan los siguientes requisitos (…) b) ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el juez apreciará en cada caso particular y que será, al menos, de seis meses».

En el mismo sentido, se recoge en el  art. 14 del Reglamento (CE) Nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007  relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil y por el que se deroga el  Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo . También ofrece una solución similar, el  art. 22 del Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020  relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (versión refundida).

Si atendemos a los antecedentes legislativos, con la legislación anterior a la LCJI, y pese a la literalidad del  art. 956 de la LEC de 1881, el Tribunal Supremo había venido considerando que en los procedimientos tramitados de mutuo acuerdo se podía prescindir del trámite de audiencia a la parte no personada, bastando en tales supuestos con el previo traslado al Fiscal para poder dictar la resolución correspondiente concediendo el exequátur, y ello con fundamento en que tratándose de un procedimiento de mutuo acuerdo, se podía presumir que la otra parte estaba conforme con la petición de » exequátur » al tener pleno conocimiento de la sentencia extranjera dictada, quedando de esta forma perfectamente cubiertas todas las garantías que imponen el derecho de defensa.

Así se establece, entre otros, en el  Auto 9316/2003 de la Sala 1ª Tribunal Supremo de 23/09/2003 (ECLI:ES:TS:2003:9316  A Id Cendoj: 28079110012003206198).

Es preciso tener en cuenta que, tratándose de una sentencia dictada en un proceso consensual de divorcio, el reconocimiento de la sentencia, más aún cuando lo que se pretende es el reconocimiento de la disolución del vínculo para contraer nuevas nupcias exclusivamente, no provoca a la otra parte indefensión alguna ni merma de su derecho de defensa, pues, en definitiva, estaba plenamente conforme con el contenido de la sentencia. Por lo tanto, convertir la imposibilidad de emplazamiento en obstáculo insalvable para el reconocimiento, (en el caso de que se den todos los demás requisitos para ello) podría generar un perjuicio notorio a la parte solicitante.

Del art. 24 se desprende en todo caso, que el procedimiento ha de continuar hasta el dictado de una resolución de fondo, ya sea estimando o rechazando el exequatur solicitado. Es en esa resolución final donde debe valorarse si la situación de reanudación del procedimiento, sin que el emplazamiento haya sido positivo, debe tener alguna consecuencia o si, por el contrario, puede reconocerse la sentencia, pero en ningún caso, justifica una resolución de archivo anticipado del procedimiento en la forma acordada.

En consecuencia, considerando que el archivo del procedimiento en los términos señalados genera indefensión a la parte solicitante, debe revocarse la resolución apelada

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Que  estimando  el recurso de apelación interpuesto por Dña. Manuela representada por la Procuradora Doña Marta Franch Martínez, contra el  auto de fecha 25 de noviembre de 2022 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 25 de Madrid, en Autos de Exequátur 60/2019 , a que el presente rollo se contrae debemos    REVOCAR Y REVOCAMOS    la expresada resolución dejando sin efecto el auto apelado, declarando improcedente el archivo de actuaciones, acordando se dé el impulso procesal que corresponda al procedimiento de Exequatur de la sentencia de divorcio dictada por la Sala 25 de Estatuto Civil del Tribunal de Estado Civil de Riad, Arabia Saudita, de fecha 30 de mayo de 2018, sin perjuicio de la valoración final que corresponda.

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