Oye, ¿habéis pensado alguna vez en lo fácil que es dar por sentada la libertad? Ya sabéis, poder decir lo que piensas, criticar al gobierno de turno, confiar en que, si tienes un problema legal, los jueces van a ser imparciales… Parece lo normal, ¿no? Pero ayer vi la película “Cartas de Berlin”, sobre la Alemania nazi y tal, y te das cuenta de lo rápido que se puede torcer todo.
Imagínate vivir en un sitio donde hasta contar un chiste sobre los políticos te puede costar la vida. Literalmente. La gente tenía pánico a hablar, incluso con amigos. Miraban a todos lados antes de soltar cualquier cosa, por si acaso. Lo más duro es que no era solo la policía secreta, la Gestapo, que por lo visto no eran tantos como pensamos, sino que eran los propios vecinos, compañeros de trabajo, ¡hasta tu propia familia! los que te podían denunciar y que por ella pasaras años en un campo de concentración o incluso que te ajusticiaran.
El sistema judicial, la justicia en el tercer Reich, dejó de ser justicia para convertirse en una herramienta del partido. Jueces que condenaban a la gente no por lo que habían hecho, sino por ser opositores, o simplemente por no ser nazis. Se cargaron la independencia judicial por completo, y claro, así pasó lo que pasó: millones de personas perseguidas, asesinadas, sin derechos de ningún tipo. Todo en nombre de los intereses generales que representaba un líder y un Partido que quiere todo el poder y el control de la ciudadanía, de su pensamiento, de sus valores de su libertad.
Vemos ejemplos internacionalmente actuales en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Corea, en Guinea Ecuatorial, etc.
También la historia enseña que incluso en esa oscuridad hubo gente con coraje para defender el valor de la libertad y de la justicia. Por ejemplo, unos estudiantes en Múnich, «La Rosa Blanca». Empezaron a repartir panfletos a escondidas, diciendo verdades como puños sobre el régimen, las mentiras de Hitler y los crímenes que se estaban cometiendo. Sabían que se la jugaban, y al final los pillaron y los ejecutaron. El juicio fue una pantomima total, con un juez llamado Freisler, que era un fanático pro nazi, pero tuvieron el valor de decir «hasta aquí hemos llegado», de gritar «¡que viva la libertad!» antes de morir.
También el matrimonio Otto y Elise Hampel, que es el caso en el que se basa la película que vi ayer. Este matrimonio tras la invasión del ejercito Aleman a Francia, en la que murió el hermano de Elise, escribieron e introdujeron en buzones o depositaron en edificios y lugares públicos cientos de postales y tarjetas con mensajes que llamaban a la rebelión contra los nazis o que se hacían eco de informaciones que la prensa nazi no recogía y que, en contra del triunfalismo de las autoridades, demostraban que la guerra estaba siendo una carnicería para el pueblo alemán.
Otto era un obrero industrial y su esposa, una ama de casa con trabajos esporádicos y miembro de la NS-Frauenschaft, la Asociación de Mujeres Nacionalsocialistas de la que, por otra parte, era casi obligado ser afiliada durante el Tercer Reich.
A lo largo de dos años, la Gestapo recopiló más de doscientas postales que Otto y Elise Hampel escribieron y repartieron por las calles de Berlín.
En esa coyuntura histórica los medios de comunicación durante el Tercer Reich eran otro instrumento de propaganda del régimen. Fue uno de los motivos por los que el matrimonio Hampel decidió iniciar una lucha personal paciente y secreta en defensa de la libertad a través de un medio humilde, aparentemente inofensivo: las tarjetas postales. De hecho, desde que la primera apareció en las calles de Berlín en 1940, la Gestapo entró en pánico y puso a varios de sus agentes a trabajar para localizar al autor de las mismas. Unos efectivos y recursos que fueron aumentando con el paso del tiempo porque las postales seguían apareciendo y no había pistas sobre el autor o autores.
Uno de los días en que estaban dejando una postal, Otto fue visto por un ciudadano que recogió la tarjeta, le increpó y reclamó la presencia de la policía. En ese momento intervino Elise, que resultó ser tan convincente a la hora de explicar a la policía que el testigo estaba equivocado, que logró rescatar a su esposo. Sin embargo, tiempo después, un descuido de Otto hizo que una de las postales se le cayera en la fábrica donde trabajaba. Los responsables de la empresa alertaron a las autoridades y se inició una investigación en el centro de trabajo que se saldó con la detención del matrimonio.
A pesar de que incluso entonces negaron las acusaciones, convencidos de que no había pruebas concluyentes contra ellos, cuando se procedió al registro de su domicilio la policía encontró una tarjeta a medio escribir y ya no hubo vuelta atrás. El 22 de enero de 1943, el matrimonio Hampel fue juzgado por la Sala Segunda del Volksgerichtshof, en castellano Tribunal Popular, bajo la acusación de «alta traición» y «minar la moral militar». Declarados culpables, fueron guillotinados en la prisión berlinesa de Plötzensee.
Hay que tener mucho coraje para eso.
Pero nada de ver la paja en el ojo ajeno, piensa como en España se nombran los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Supremo, infórmate de la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria contra el Juez, por ejemplo, y recuerda que en enero de 2025 se presenta una proposición de ley por el PSOE que propone modificaciones sustanciales tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) como en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este conjunto de reformas tiene como objetivo hacer más estrictos los requisitos para ejercer la acción popular, limitando la acusación particular en cuanto a los delitos en que puede ejercitarse, en cuanto a quienes pueden ejercitarla, y con que requisitos formales, y excluye en todo caso al acusador popular de la fase de investigación del procedimiento penal. Cuatro asociaciones de jueces han criticado severamente la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE, ya que aseguran que “inutiliza” la acción popular en los procesos judiciales y es “inconstitucional”.
Otro ejemplo de la puntilla a la independencia judicial en España por la vía de la no aportación de medios que posibiliten por los Jueces de carrera una tutela judicial efectiva es la vigente Ley de Eficiencia Procesal (Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero), a la que profusamente se la ha criticado, incluso por gobiernos autonómicos, que la ley no cuenta con una dotación presupuestaria suficiente para cubrir los costes de su implementación, advirtiéndose desde todos los sectores de los operadores jurídicos y desde las asociaciones judiciales de la preocupación sobre la viabilidad de la ley y la capacidad de los tribunales para cumplir con sus objetivos sin los recursos necesarios.
El GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa) destapa la crisis de la Justicia española en su informe de abril de 2025 que hace referencia a la politización del CGPJ y los nombramientos opacos que cuestionan Estado de Derecho en nuestro país.
Preocupante de esta situación es que no haya una reacción social, pese a que la escalada de las manifestaciones dirigidas a desacreditar la legitimidad de las resoluciones judiciales, socavando la independencia judicial y la credibilidad ciudadana en nuestras Instituciones ha sido vertiginosa en los últimos tiempos, y que la Fiscalía General del Estado no solo esté ausente en la defensa de la independencia judicial, es que el propio Fiscal General del Estado está siendo investigado en una causa penal que se sigue en el Tribunal Supremo.
Instalado en el debate público la crítica interesada de las sentencias como manifestación del derecho de expresión, nos hemos acostumbrado a las alabanzas o reproches que los representantes públicos hacen a las mismas según favorezcan o no sus tesis previas.
Los que detentan el poder ejecutivo saben que basta arremeter contra unos pocos para atemorizar al conjunto. A esto se le podría añadir lo que se conoce en psicología como disonancia cognitiva, que es el rechazo que nos provoca vivir en una contradicción. Es decir, viviendo en un entorno “nacionalsocialista”, con su propaganda, sus símbolos omnipresentes, su discurso “progresista” y populista que se introducían en la vida cotidiana como hemos visto en muchas pelis (y seguiremos viendo en muchos países y en el nuestro también)… En ese contexto, mantener unas ideas propias opuestas, crea una fractura personal con el entorno que para muchos no es intelectual o moralmente soportable, o simplemente no le merece la pena, y prefiriere dejarse llevar.
Por eso, creo que no está de más estar atentos aquí y ahora. Que veamos noticias sobre presiones a jueces, o intentos de controlar lo que se dice o no se dice, y nos salten las alarmas. No digo que estemos igual que determinados países que todos conocemos, ni mucho menos, pero estas cosas, la libertad de expresión y que los jueces puedan hacer su trabajo sin que nadie les diga lo que tienen que decidir, son súper importantes. Son la base de todo. Si nos las quitan poco a poco, sin que nos demos cuenta… mal asunto. Hay que tener criterio propio y no callarse cuando algo no nos huele bien, ¿no creéis? Es fácil dejarse llevar, pero luego vienen los lamentos. En fin, que hay que cuidar esto que tenemos, que no vino regalado.