La política no es un pasatiempo, (…) es una pasión con el suño de intentar construir un futuro social mejor.

Ser libre es (…) gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer.

José Mujica ( ex presidente de Uruguay)

Loto, Flor, Bloom, Florecer

La corrupción es un árbol que se enraíza profundamente en la sociedad que parasita y que junto a las raíces profundas y evidentes va produciendo ramificaciones que se infiltran en todos los ámbitos de la sociedad buscando impunidad. Para ello necesita nutrirse y colonizar todos los estamentos. Cuando las raíces son muy abundantes, acaban saliendo a la superficie y disgregando carreteras, aceras o cimientos. Eso mismo sucede con la sociedad. Los pilares se convierten en arenilla.

En los países que mantienen altos índices de corrupción o corruptelas hay más probabilidades de violar los derechos humanos y las normas democráticas .

Por ese motivo es altamente improbable que la corrupción no llegue a los centros de control como son el Poder Judicial, la Fiscalía o las policías.

La falta de transparencia en la asignación de recursos, una práctica altamente asociada a la corrupción, debilita la eficiencia de las respuestas a las crisis, creando un círculo vicioso de mala gestión, como está ocurriendo en la actualidad en el sistema judicial español de manera evidente, y de ello dan fe la mayoría de los abogados y procuradores.

Las grandes sumas de dinero necesarias para hacer frente a las emergencias, la necesidad de urgencia en el desembolso de la ayuda o los paquetes de estímulo económico y el riesgo de una influencia indebida sobre las respuestas políticas, aumentan peligrosamente  las posibilidades de corrupción.

Eliminar la corrupción es mucho más difícil que prevenirla.

En los tiempos actuales con enormes lobbys de poder económicos internacionales, dotados de capacidades internacionales desconocidas hasta la fecha en la historia de la humanidad, para evitar la corrupción, se requieren nuevos intrumento, como pueden ser:

  1. Regular un sistema efectivo de responsabilidad de los políticos, y de la difusión de un sistema de valoración de su integridad y capacidades reales, potenciando controles objetivos de sus historiales y capacidades reales, que puedan ser conocidos por los electores, a modo de controles de calidad voluntario del candidato. ¿Si existe un control de calidad de las cosas porque no crear un control de capacidades e integridad de las personas que pretende acceder ha cargos que pueden determinar la vida de muchos?
  2. Incrementar la transparencia en la contratación pública: esto incluye la publicación oportuna de los datos de contratación en formato abierto y su publicación en plataformas centralizadas, diseñando reglas y protocolos explícitos para emergencias y asegurando su cumplimiento. También es fundamental documentar adecuadamente los procedimientos de contratación pública.
  3. Una estrategia integral estatal contra la corrupción y  evaluaciones de riesgo, para concentrar los recursos en los territorios y en las áreas o procesos más vulnerables a la corrupción.
  4. Fortalecer las instituciones de auditoría y supervisión: las instituciones superiores de auditoría y las agencias anticorrupción, donde estén disponibles, deben ser independientes y contar con los recursos adecuados para poder desempeñar sus funciones. Se deben implementar y activar metodologías específicas y herramientas tecnológicas que permitan la auditoría en tiempo real en emergencias cuando sea necesario.
  5. Proteger el espacio cívico independiente: las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas pueden ser un control adicional de la corrupción. Especialmente durante las emergencias, estos grupos pueden ayudar a monitorear cómo se desembolsan los fondos y si la ayuda llega a sus beneficiarios previstos.
  6. Hacer cumplir los controles y contrapesos: un sistema sólido de controles y contrapesos es una medida sistémica clave contra la corrupción. Por eso es clave un sistema judicial con poderes coercitivos, ágil y proporcionalmente dotado, e independiente.

En España todavía la corrupción de los funcionarios es baja, con cierta sombra en la Administración local. Sin embargo, existe un problema serio de corrupción política según se deduce de los datos objetivos, de las estadísticas judiciales.

Es normal que sin instrumentos eficaces anticorrupción, los partidos políticos traten de  controlar todas las esferas de poder que pueden limitarles.

En España desde algunas asociaciones y grupos se viene denunciando, como  desde la Plataforma Cívica Independencia Judicial, pero el control de los medios por los lobbys del poder económico y por ende político impiden la información y sensibilización actual de la ciudadanía frente a esta lacra.

Muestra de expansión es el reciente acuerdo  alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas.

Desde que llegó la democracia a España, la forma de elección de los 12 vocales jueces, de los 20 que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha modificado varias veces: la primera en 1985, la segunda en 2001 y la tercera en 2013, y recientemente con laLey Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

Ninguna de ellas fue para fortalecer la independencia judicial o para mejorar la Administración de Justicia.

Todas estas reformas se dirigieron a controlar, cada vez más, el último poder del Estado que se escapaba de los dominios de los partidos polítos: el Poder Judicial.

Hay  muchas formas de controlar y corromper el sistema judicial.

En nuestro sistema judicial existen «zanahorias» para su politización, como son la lucha por el nombramiento ciertos cargos de libre disposición, y  también «un palo», como es la figura del promotor de la Acción Disciplinaria y el Servicio de Inspección.

Controlando la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, y a los 21 miembros que lo componen –el presidente y 20 vocales– se intenta controlar el sistema judicial español, siguiendo el tradicional criterio de que controlando a la cabeza se controla todo el cuerpo.

Controlando el CGPJ se controla el nombramiento de los presidentes de las 5 Salas del Tribunal Supremo, los magistrados del Alto Tribunal, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de sus tres Salas, la Penal, la Contencioso-Administrativo, y la Social, los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia y los magistrados de esos órganos judiciales además de los 52 presidentes de las Audiencias Provinciales.

Corruptela es, por ejemplo, señalar juicios o vistas muy dilatadas en el tiempo,  sin cumplimiento de los plazos procesales, justificándolo en la enorme carga judicial, o no convocar las plazas de jueces estables que se necesitan, y que a la vez que se promueva que jueces y magistrados  puedan desempeñar comisiones de servicios en varios órganos judiciales, incluso en diversas instancias a la vez.

Miles de jueces se preguntan como lo hacen estos compañeros, cuando ellos no tienen tiempo personal ni familiar, intentando mantener al día sus órganos colapsados, con jornadas infinitas en despachos y salas desvencijadas, y sin un equipo de personas y de medios auxiliares adecuado con el poder desempeñar su trabajo.

No admitir que la corrupción ha permeado también los órganos llamados a combatirla es no querer acabar con ella.

Es verdad que en la actualidad hay asociaciones judiciales y de fiscales que están siendo muy activas denunciando la situación, pero esas mismas en otros tiempos fueron trampolín de muchos jueces para pasar a cargos gubernativos y políticos que les salvaran de la situación precaria de sus juzgados.

Pero la lucha de esas asociaciones, aunque loable, es tan cautelosa como poco efectiva, y se echa en falta a algunas de ellas. Quizá aquellas cuyos miembros están siendo más favorecidos por la situación.

Si hemos traído aquí este artículo es porque el riesgo de destrucción del Estado de Derecho y de las bases del sistema democrático es muy alto y porque en ello nos va mucho a todos.

Desconfíen de quien les diga que todo está bien. Ustedes, como yo, saben que no.

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