El presente estudio se adentra en las complejidades que enfrentan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (VM) en el contexto de las reformas normativas recientes, exponiendo la inquietud manifestada por los Magistrados de Violencia sobre la Mujer. Teniendo en cuenta un informe del Comité de Coordinación Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria de enero de 2025, y en las disposiciones de la Ley Orgánica 1/2025, este análisis profundiza en los efectos sistemáticos y estructurales derivados de su implementación.
1. Cuestión de la Especialización en Violencia de Género
1.1. Insuficiencia Reglamentaria
El mandato de la Ley Orgánica 5/2018, que requiere un sistema reglamentado de pruebas selectivas para la especialización judicial en violencia de género, permanece incumplido. Este incumplimiento ha generado un vacío normativo que impide el desarrollo eficaz de la especialización, socavando la equidad en los procesos de designación.
1.2. Reconocimiento como Órganos Mixtos
Desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2020, los Juzgados de VM son considerados órganos mixtos. Este cambio paradigmático ha tenido repercusiones significativas:
- Antigüedad Penal: La asignación como órganos mixtos desvaloriza la experiencia acumulada por los jueces en estos juzgados, afectando sus oportunidades de ascenso y movilidad dentro del orden penal.
- Infravaloración de la Experiencia Directa: Se priorizan criterios formales como la antigüedad general o el tiempo en órganos penales por encima de la experiencia específica en violencia de género.
1.3. Incremento de Competencias
La Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ha asignado a los Juzgados de VM la instrucción de delitos sexuales contra mujeres sin exigir relación previa entre víctima y agresor. Esta ampliación implica:
- Sobrecarga Judicial: Un notable aumento en la carga de trabajo, comprometiendo la eficiencia operativa.
- Desdibujamiento del Ámbito Original: La competencia de estos juzgados se aleja de los principios definidos en el artículo 1.1 de la LO 1/2004, generando incertidumbre jurídica y operativa.
- Crítica a la Regulación de Acceso y Movilidad
2.1. Orden de Prioridad en Concursos
Los artículos 329.7 y 330.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establecen criterios para la adjudicación de plazas en Juzgados de VM, priorizando:
- Magistrados con especialización obtenida mediante pruebas selectivas.
- Magistrados con mayor antigüedad en el orden penal.
- Resto de magistrados según escalafón.
Esta normativa:
- Subestima la Especialización Práctica: Jueces con extensa experiencia en violencia de género son desplazados por colegas menos experimentados en la materia.
- Desincentiva el Desarrollo Profesional: La ausencia de valoración de la experiencia directa en VM impide un reconocimiento adecuado de las capacidades adquiridas.
2.2. Modelos Comparativos
El esquema aplicado a las nuevas Secciones de Familia e Infancia en las Audiencias Provinciales, que combina un curso formativo con tres años de antigüedad, representa un paradigma más equilibrado. Este modelo:
- Promueve el acceso de jueces con experiencia en el área.
- Reduce los efectos adversos asociados a las pruebas teóricas, privilegiando competencias prácticas relevantes.
- Impacto de la Ampliación de Competencias
3.1. Delitos de Carácter Sexual
La inclusión de los delitos sexuales contra mujeres en la jurisdicción de los Juzgados de VM elimina el requisito de vínculo sentimental entre las partes, según la LO 10/2022. Esta modificación:
- Centraliza la Competencia: Los Juzgados de VM asumen una función exclusiva en materia de violencia sexual, incluyendo trata con fines de explotación sexual.
- Exacerba la Sobrecarga Operativa: La falta de recursos proporcionales compromete la gestión efectiva de los casos.
3.2. Déficit Presupuestario
La Disposición Transitoria Cuarta de la LO 1/2025 no contempla una planificación adecuada para dotar a estos juzgados de los recursos necesarios. Esto plantea:
- Riesgos Sistémicos: Sin una evaluación previa de las necesidades logísticas y humanas, los juzgados corren el riesgo de colapsar.
- Retribuciones Inequitativas: La asignación de nuevas competencias no se traduce en mejoras salariales, generando descontento entre los operadores judiciales.
- Guardias en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
4.1. Regulación Dispar
El artículo 62 bis del Reglamento 1/2005 establece turnos de guardia para los Juzgados de VM de tres días consecutivos, en horario de 9 a 21 horas. Este régimen contrasta desfavorablemente con los Juzgados de Instrucción, que disponen de servicios de guardia continuos de 24 horas.
4.2. Insuficiencias Retributivas
A pesar de la similitud funcional entre las guardias de los Juzgados de VM y las de Instrucción, las retribuciones complementarias reguladas por la Orden PRE/1416/2003 son inequitativas, lo que desincentiva la estabilidad de los magistrados en estos órganos.
- Propuestas de Reforma
5.1. Reformas Normativas
Se propone:
- Revisar el Estatus Mixto de los Juzgados de VM: Restituir su carácter penal exclusivo.
- Optimizar el Acceso a la Especialización: Implementar cursos formativos y valorar la experiencia práctica, adoptando un modelo similar al de las Secciones de Familia.
- Homologar la Regulación de Guardias: Alinear las condiciones laborales y retributivas de los Juzgados de VM con las de los Juzgados de Instrucción.
5.2. Mejora en Recursos
La eficacia de estas reformas depende de:
- Asignación Presupuestaria: Garantizar los recursos necesarios para infraestructura, formación y personal.
- Análisis de Impacto: Evaluar previamente las cargas de trabajo y sus implicaciones.
5.3. Equidad Profesional
Es crucial:
- Reconocer y valorar la experiencia acumulada en los Juzgados de VM.
- Asegurar condiciones laborales equitativas respecto a otros órganos especializados.
6. Conclusión
La situación de los Juzgados de VM evidencia una serie de insuficiencias normativas y estructurales que comprometen su funcionalidad. El reconocimiento del carácter penal de estos órganos, acompañado de reformas en el acceso a la especialización y mejoras retributivas, resulta esencial para garantizar una justicia eficiente y especializada que proteja efectivamente a las víctimas de violencia de género.