MALA FE POR OCULTACION DE SENTENCIA

Podemos definir la buena fe procesal como aquella conducta exigible a toda persona en el marco de un proceso, por ser socialmente admitida como correcta, ejercitando el derecho de defensa de sus intereses de forma leal, respetando al contrario, y sin ánimo de engañar ni confundir, ni defraudar.

Este modelo de comportamiento procesal es el exigido  por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder judicial y 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 247. Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por su incumplimiento.

«1. Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe.

2. Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.

3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

Para determinar la cuantía de la multa el Tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar.

En todo caso, por el Letrado de la Administración de Justicia se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez o la Sala.

4. Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

5. Las sanciones impuestas al amparo de este artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial».

 No actúa de buena fe quien ejercita anormalmente un derecho con intención de dañar, ni el que lo hace con carácter antisocial, excediéndose de los límites normales, ni tampoco el que trata de burlar una norma, amparándose en un precepto de cobertura para lograr un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario al mismo, es decir, actúa con abuso del derecho o en fraude de ley.

A continuación nos centraremos en algunas  consideraciones sobre el ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe, diferencias con el abuso de derecho, y un caso concreto de mala fe procesal que nos ayudará a entender mejor las consecuencias de un ejercicio torticero del derecho procesal.

I.- CONSIDERACIONES SOBRE EL PRINCIPIO DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE LA BUENA FE

Por Ley 3/1973, de 17 de marzo, de Bases para la modificación del Título Preliminar del Código Civil, se autorizó al gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia, modificase dicho título con sujeción a lo que se establecía en los artículos siguientes. Pues bien, en su artículo segundo, base tercera, apartado uno, se dispuso que «[…] se configurará la exigencia de la buena fe como requisito de los actos jurídicos y la sanción de los ejecutados en fraude de la Ley o que impliquen manifiesto abuso o ejercicio antisocial del derecho».

Con posterioridad, en virtud de la autorización conferida, se dictó el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sancionó con fuerza de Ley el texto articulado del título preliminar del Código Civil. En su preámbulo, se hizo referencia expresa a que, junto a la prohibición del fraude y del abuso, se proclama el principio del ejercicio de los derechos conforme a la buena fe, con respecto a la cual se señala: «Existen indiscutibles concomitancias entre aquellas prohibiciones y la consagración, como módulo rector del ejercicio de los derechos, de la buena fe, no obstante, las más amplias manifestaciones de ésta. Sin pretender una alteración del juego concreto de la buena fe en cada una de las instituciones jurídicas, ha parecido pertinente enunciarla como postulado básico por cuanto representa una de las más fecundas vías de irrupción del contenido ético-social en el orden jurídico».

La consagración de este principio, en el título preliminar del Código Civil, concretamente en su art. 7, junto con la proclamación de que la ley no ampara el abuso de derecho ni el ejercicio antisocial del mismo, determina que adquieran un efecto dinamizador sobre el ordenamiento jurídico en su conjunto. Constituye una manifestación normativa de protección general contra la mala fe, que se entroncaba históricamente con la llamada exceptio doli, propia del derecho romano, concebida como mecanismo de defensa contra la actio ejercitada dolosamente.

La doctrina y la jurisprudencia han elaborado una serie de supuestos típicos, que encierran un desleal ejercicio de los derechos subjetivos, al margen de los postulados de la buena fe, en tanto en cuanto la misma veda ir en contra de los actos propios ( sentencias 320/2020, de 18 de junio63/2021, de 9 de febrero o 386/2021, de 7 de junio, entre otras muchas), es incompatible con el retraso desleal en el ejercicio de los derechos ( sentencias 769/2010, de 3 diciembre872/2011, de 12 de diciembre y 634/2018, de 14 de noviembre, entre otras), es contraria a abusar de la nulidad por motivos formales, cuando se cumple o se acepta conscientemente el negocio jurídico que adolece de un defecto de tal clase ( sentencias de 12 de diciembre de 1985 y 23 de mayo de 1987), o exige la observancia de la regla tu quoque, según la cual no debe admitirse la invocación de las reglas jurídicas por el mismo sujeto que las despreció o no cabe imputar a otro una conducta en la que la propia parte ha incurrido ( sentencias 104/1995, de 17 febrero489/2010, de 15 de julio o 120/2020, de 20 de febrero), entre otras manifestaciones al respecto.

Nuestro Tribunal Constitucional, ya en las primeras sentencias, como las que llevan número 120/1983, de 15 de diciembre o 6/1988, de 21 de enero, ha reconocido la virtualidad de dicho principio en el ejercicio de los derechos fundamentales. Así, en el fundamento de derecho 2 de la primera de las precitadas resoluciones, reconoció la vigencia de «[…] lo previsto en el artículo 7.1 del Código Civil en orden al ejercicio de todos los derechos -de los constitucionales también- conforme a las exigencias de la buena fe»; y, en el fundamento jurídico 7, de la segunda de las precitadas sentencias, se declaró que «[…] el fraude, la deslealtad o la conducta realizada con abuso de confianza no podrían buscar amparo bajo norma constitucional declarativa de derecho alguno».

Igualmente, la vigencia de dicho principio se reconoció en las sentencias del referido tribunal 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 90/1999, de 26 de mayo241/1999, de 20 de diciembre20/2002, de 28 de enero, aunque se trate de un límite débil frente al que caracteriza la intersección del derecho fundamental con otros principios y derechos subjetivos consagrados por la Constitución ( SSTC 241/1999, de 20 de diciembre y 56/2008, de 14 de abril), también STC 172/2020, de 19 de noviembre (FJ 6).

Las SSTC 108/1985, de 8 de octubre198/1987, de 14 de diciembre o más recientemente 60/2017, de 22 de mayo y 165/2020, de 16 de noviembre, entre otras, reconocen que el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE se debe ejercitar también con sujeción al principio de la buena fe.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de la misma manera valora que, en el ejercicio de los derechos fundamentales, se haya actuado con sujeción a las exigencias de tal principio ( SSTEDH de 21 de enero de 1999, caso Fressoz y Roire c. Francia, § 54; de 20 de mayo de 1999, caso Bladet Tromsø y Stensaas c. Noruega, § 68; de 10 de diciembre de 2007, caso Stoll c. Suiza, § 141; de 8 de enero de 2008, caso Saygili y otros c. Turquía, § 38, o de 29 de julio de 2008, caso Flux c. Moldavia, § 29).

Por otra parte, las maquinaciones fraudulentas constituyen supuestos de revisión de sentencias firmes ( art. 510.4 LEC). El art. 247 de la LEC proclama que «[…] los intervinientes deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe»; y, por su parte, el art. 11 de la LOPJ señala, en su apartado primero, que «[…] en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe» y, en su número segundo, que «los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal«; preceptos que constituyen nuevas manifestaciones normativas de la exigibilidad del ejercicio de los derechos conforme a tan fundamental principio.

En definitiva, actuar conforme a los requerimientos derivados de la buena fe, dentro de los cuales se podría incluir abusar del derecho, exige no hacerlo en contra de la confianza suscitada en la otra parte; ser coherente con la propia conducta por imperativos éticos; y no ejercitar de forma desleal los derechos subjetivos. Las actuaciones sin sujetarse a dicho principio no generan una mera sanción moral por la conducta desencadenada, sino indiscutibles consecuencias jurídicas sobre el ejercicio de los derechos, como incluso la desestimación de las pretensiones ejercitadas.

II.- DIFERENCIAS CON EL ABUSO DE DERECHO

Es difícil diferenciar el ejercicio abusivo del derecho y del ejercicio contrario a la buena fe.

En la doctrina y jurisprudencia encontramos actualmente dos conceptos de abuso del derecho: el subjetivo, en función del cual, para que exista abuso es imprescindible el animus nocendi o intención de dañar de quien ejerce el derecho; y el objetivo, que se centra tan sólo en la existencia del daño o perjuicio como elemento indispensable del abuso

Desde la concepción subjetiva, la relación entre abuso del derecho y mala fe es clara, pues es una conducta socialmente inaceptable -al menos desde la perspectiva del hombre honrado, honesto o recto- que las personas actúen con animus nocendi.

Desde la concepción objetiva, el abuso del derecho se despoja de cualquier consideración valorativa en el actuar del causante del daño, y su existencia se centra tan sólo en el elemento externo del daño o perjuicio como requisito imprescindible para su apreciación.

Para intentar superar el problema que genera la doble concepción del abuso del derecho, la doctrina se ha centrado en distinguir esta figura de la mala fe atendiendo a otros criterios, como el de la reciprocidad. Así, se afirma que mientras la buena fe se enmarca en una relación especial entre las partes, en la que se impone un deber de mutua consideración o lealtad recíproca, hay abuso del derecho cuando dentro de los límites formales de una norma se produce una violación de los valores contenidos en ella o de las finalidades de la institución procesal que se pretende abusar provocando un perjuicio a la parte contraria o al funcionamiento del proceso.

En consecuencia, la interdicción del abuso del derecho no entra en juego cuando estamos ante límites legales expresos o formales de un derecho, en cuyo caso, su ejercicio será ilícito por vulnerar dichos límites y no por existir un abuso del derecho. Por ello, el ámbito de aplicación de la doctrina del abuso del derecho es muy reducido, e innecesario en todos aquellos casos en los que el ejercicio indebido del derecho consiste en la vulneración de sus límites legalmente fijados pues, en este caso, estaríamos ante un simple e inequívoco ilícito, por ende inaceptable. En definitiva, como puede comprobarse, esta doctrina tiene un margen de aplicación muy reducido, ya que sólo puede acudirse a ella en aquellos supuestos en los que el daño o perjuicio provocado por el abuso del derecho no se ampara en una norma jurídica.

III.- CASO DE DESESTIMACION DE LA DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE FILIACION YA POR EL TRIBUNAL SUPREMO EN CASACION POR LA OCULTACION DE UNA ANTERIOR SENTENCIA DESESTIMATORIA DE RECONOCIMIENTO DE FILIACION

Los demandantes habían reclamado la filiación no matrimonial con respecto a D. Eleuterio, que falleció en 1974, en procedimiento que dirigieron contra la esposa del presunto padre y los dos hijos de este con dicha esposa superviviente  (Serafín y Juliana), y pese a la rebeldía de los demandados, que fueron citados por edictos, esta demanda les fue desestimada por sentencia de 1986, y se aquietaron a la misma, quedando firme.

Pero veinticinco años después formulan nueva demanda de reconocimiento de filiación, ya con el único hijo que quedaba vivo del que consideraban su padre que había muerto, y ocultaron en la demanda la existencia de la anterior sentencia desestimatoria.

En este segundo proceso, no se ejercitó la acción con fundamento en la disposición transitoria sexta de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, en tanto en cuanto dispone que: «[…] las sentencias firmes sobre filiación no impedirán que pueda ejercitarse de nuevo la acción que se funde en pruebas o hechos sólo previstos en la legislación nueva».

La demanda fue estimada en primera instancia, por sentencia de 15 de junio de 2017, que declaró la nulidad del auto de declaración de herederos abintestato de Serafín, como único heredero de su hermana premuerta Juliana ( hijos del presunto padre con la esposa referida), y, en consecuencia, de la escritura de aceptación de herencia de Serafín respecto de la herencia de Juliana, declarando también herederos de dicha hermana a los demandantes que declaraba hijos del padre común premuerto.

Es decir, que al ocultar la anterior sentencia, lejos de ejercitar su acción al amparo de dicha normativa, para discutir si la segunda demanda tendría cabida en tal disposición, pretendieron evitar tal debate jurídico, con afectación del derecho de contradicción del demandado D. Serafin. Al haber procedido de tal forma queda descartado el aspecto subjetivo de la buena fe, como expresión de la creencia del correcto ejercicio de un derecho por parte de los actores; así como también la buena fe objetiva, que impone una actuación respetuosa con las reglas de rectitud, honradez y lealtad debidas.

De la manera expuesta, incurrieron en un comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe. Así, aceptaron la primera sentencia de filiación, que no cuestionaron en su momento, con lo que alcanzó firmeza, y dejaron transcurrir un dilatado periodo de tiempo de más veinticinco años de respeto de tal declaración judicial; sin embargo, en contra de las más elemental lealtad, en el ejercicio de los derechos, promovieron un nuevo proceso, en el que, con aprovechamiento de la declaración de rebeldía de los demandados, ocultan intencionadamente la primera sentencia, evitando de esta forma el debate sobre la existencia de cosa juzgada, o el juego, en su caso, de la disposición transitoria sexta de la Ley 13/1981, y obtienen un pronunciamiento favorable de reconocimiento de su filiación, tras la práctica de una prueba biológica, que científicamente la acreditaba, todo ello en función de una ulterior reclamación de unos derechos hereditarios para la cual requerían un título habilitante.

Se recurrió en apelación, y la Audiencia Provincial de Madrid  dictó sentencia en fecha 10 de abril de 2018, revoca la sentencia dictada el día 15 de junio de 2017  en el único y exclusivo pronunciamiento: «No haber lugar a ordenar que se proceda al inventario y adjudicación de la herencia de don Eleuterio y doña Juliana» que queda suprimido.

Se recurre en casación que se resuelve en STS, Civil sección 991 del 14 de julio de 2021 ( ROJ: STS 2881/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2881 ), en la que el TS señala que no era el reconocimiento de su filiación la verdadera pretensión ejercitada en este caso, a diferencia del supuesto contemplado en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sección tercera), en el caso Jäggi v. Suiza, de 22 de junio de 2006, en el cual, además de hacerse referencia a que no se planteaba una pretensión de derecho hereditario, se ordenó la práctica de una prueba biológica con exhumación para el conocimiento de la filiación paterna del recurrente, cuyo curador, al nacer, la había ejercitado judicialmente sin éxito; mientras que, en la demanda ahora deducida por los actores, se pretende la declaración de sus derechos sobre la herencia de su padre y de su hermana de un solo vínculo.

También, en este tercer y último proceso de exclusivo derecho hereditario, se oculta de nuevo la sentencia previa de filiación, que conocida por el demandado, con posterioridad a dictarse la sentencia por la Audiencia Provincial, instó su incorporación al proceso, lo que fue admitido por esta Sala mediante auto de 14 de mayo de 2021.

La tardanza en el ejercicio de la segunda acción de filiación motivó además que D.ª Juliana, nacida en 1928, la cual falleció el 21 de julio de 2005, a los 76 años de edad, desconociera, al menos, la posible existencia de hermanos de un solo vínculo, con respecto a los cuales no le unía relación de tipo alguno, ni tan siquiera de conocimiento, con lo que es más que probable que, en tal caso, no muriera abintestato, con la certeza de que sus bienes irían a parar a su hermano Serafin.

Es, por ello, que llegando al TS recurso de casación, lo que conduce a que carezca de sentido entrar a examinar, si los efectos retroactivos de la filiación se producen entre colaterales ( art. 112 del CC), así como analizar el recurso extraordinario por infracción procesal igualmente interpuesto al perder su interés jurídico.

Estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la sección vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de abril de 2018, dictada en el rollo de apelación n.º 732/2017, casa la sentencia, dejándola sin efecto, estima el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y desestima el formulado por los actores, revocando la sentencia de 15 de junio de 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 51 de Madrid, en procedimiento de juicio ordinario n.º 995/2015, desestimando la demanda deducida, con imposición a los actores de las costas de primera instancia y apelación.

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