La actividad del psicólogo forense, a diferencia de otros campos de actuación profesional del psicólogo, se va a caracterizar por la enorme responsabilidad de su actuación, derivada de la repercusión del informe pericial en la vida de los sujetos evaluados. Junto a esta peculiaridad, su contexto de intervención (dentro de un procedimiento judicial) y el objeto de la misma (contestación a la solicitud realizada desde el ámbito legal) delimitarán las divergencias entre la evaluación pericial psicológica y la evaluación clínica.
El informe clínico se diferenciará así del dictamen pericial en tres puntos: a) la autoría (terapeuta/perito); b) el contenido (informe clínico centrado en el funcionamiento psíquico global del paciente; dictamen pericial referido al estado mental del sujeto en relación con el procedimiento judicial); y c) la finalidad (terapéutica en un caso; judicial en otro).
Por otro lado, el carácter probatorio del dictamen forense (documento legal) imprime unas exigencias técnicas innecesarias en el informe clínico (documento sanitario de comunicación interprofesional -historia clínica-).
Este artículo explora la evaluación psicológica forense, contrastándola con la evaluación clínica y destacando sus diferencias fundamentales, como el objetivo judicial versus terapéutico y la naturaleza interesada y en su caso obligatoria frente a voluntaria de la evaluación.
En primer lugar, hay que distinguir las diferencias entre la evaluación psicológica clínica, orientada al diagnóstico y tratamiento, y la evaluación psicológica forense, cuyo objetivo principal es asistir en la toma de decisiones judiciales mediante el análisis de las repercusiones jurídicas de los trastornos mentales.
Diferencias Fundamentales entre Evaluación Clínica psicológica y Forense:
Objetivo: La evaluación clínica busca el diagnóstico y el tratamiento, mientras que la forense tiene como objetivo ayudar a la toma de decisiones judiciales.
Contexto y Demanda: La evaluación clínica se desarrolla en un contexto asistencial con una demanda de ayuda, mientras que la forense se realiza en un contexto judicial con una demanda pericial
Relación Evaluador-Sujeto: En la clínica se busca una relación empática de ayuda, mientras que en la forense se mantiene una actitud escéptica aunque buscando establecer una “sintonía” psicológica o rapport adecuado.
Es importante diferenciar el “rapport” de la empatía: esta última consiste en ponerse en el lugar del otro, mientras que el rapport se refiere más bien a afinidad. La teoría del rapport incluye tres componentes conductuales: atención mutua, positividad mutua y coordinación. La palabra se deriva del verbo francés rapporter que literalmente significa llevar algo a cambio y, en el sentido de cómo las personas se relacionan entre sí significa que lo que una persona envía la otra lo devuelve.
Secreto Profesional: El secreto profesional es fundamental en la evaluación clínica, y está sujeto al secreto profesional, pero en la forense no se aplica de la misma manera, ya que el informe está destinado a las autoridades judiciales. El dictamen pericial está al servicio de la demanda judicial y, desde este punto de vista, supone una quiebra del principio de confidencialidad.
Tipo de Informe: El informe clínico suele ser breve y con conclusiones orientadas al tratamiento, mientras que el dictamen pericial debe ser muy documentado, razonado técnicamente y responder específicamente a la demanda u objeto de la pericia judicialmente acordada, constituyendo un documento legal y procesal.
Actitud del Sujeto: En la clínica, generalmente hay sinceridad por parte del paciente (demanda voluntaria y nadie suele acudir al tratamiento si no lo necesita o por gusto), mientras que en la forense existe riesgo de simulación, disimulación o engaño debido a la naturaleza involuntaria de la demanda y las posibles consecuencias del dictamen. Así, el sujeto no se presenta de forma voluntaria ante el profesional, sino que su participación está determinada por su papel en el proceso judicial. Además, las consecuencias directas del dictamen pericial para el evaluado aumentan la probabilidad de manipulación de la información aportada para conseguir un beneficio o evitar un perjuicio.
Destino de la Evaluación: El destinatario de la evaluación clínica es el propio paciente, mientras que en la forense es variable (juez, abogado, seguros, etc.).
Fuentes de Información: Ambas utilizan entrevistas, tests, observación e informes, pero la forense también recurre a expedientes judiciales.
Ámbito de la Evaluación: La clínica tiene un ámbito global de la salud mental, mientras que la forense se centra en el estado mental en relación con el objeto pericial.
Intervención en Sala de Justicia: No es esperable la intervención del clínico en sala de justicia como perito, mientras que sí lo es para el psicólogo forense.
Instrumentos Específicos de Evaluación Forense del psicólogo:
La actuación en el ámbito forense del psicólogo destaca en dos áreas principales:
Evaluación de la credibilidad del testimonio en casos de abuso sexual infantil: Se menciona el Sistema de Análisis de la Validez de las declaraciones (SVA) como la técnica más aceptada en el contexto español. «En el contexto forense español la técnica más aceptada al respecto es el protocolo de análisis conocido como Sistema de Análisis de la Validez de las declaraciones (SVA).» Se subraya que, si bien útil, no cuenta con las propiedades psicométricas de un test tradicional y necesita futuras investigaciones para establecer el peso específico de sus criterios.
Valoración del riesgo de violencia: Se presenta una tabla con diversos instrumentos disponibles en España para evaluar el riesgo de violencia interpersonal específica (VRAG, HCR-20, PCL-R), violencia contra la pareja (SARA, EPV-R), violencia sexual (SVR-20) y violencia juvenil (SAVRY). Se aclara que estos instrumentos son «guías estructuradas de análisis de la información» y no pruebas estandarizadas con reglas de decisión claras o ponderación específica de los criterios.
Control de la Simulación y Detección del Engaño:
Este es un obstáculo fundamental en la evaluación forense. El artículo define la simulación como el «deseo deliberado por parte del sujeto de ocultar su estado mental real, bien para dar una imagen positiva de sí mismo… o bien para transmitir un estado de deterioro acentuado…». Se mencionan indicadores de sospecha de simulación, como la discrepancia entre síntomas alegados y conducta observada, síntomas atípicos y dramatización.
Respecto a la detección del engaño (referido al contenido de la información), la psicología actualmente no cuenta con una metodología de «contrastada fiabilidad y validez» al respecto, con la excepción de la técnica SVA en el ámbito específico de abusos sexuales. Se discuten brevemente las limitaciones de los estudios sobre cambios fisiológicos (polígrafo, etc.) y correlatos conductuales no verbales para detectar la mentira.
Problemas Técnicos de los Dictámenes Periciales:
Es importante una exhaustiva preparación de la sesión pericial y la necesidad de integrar datos de diversas fuentes (entrevista, tests, informes, etc.).
Conviene advertir sobre la sobrevaloración de los tests por parte de los operadores jurídicos y las posibles motivaciones (presión legal, competencia profesional, incentivos económicos) para su uso excesivo. La entrevista pericial semiestructurada se destaca como la técnica fundamental.
Es necesario adaptar la selección de tests a las necesidades específicas del caso, considerando criterios de pragmatismo, calidad científica y economía de tiempo. Se recuerda la obligación deontológica de señalar las limitaciones de los instrumentos y del contexto de la evaluación.
El dictamen pericial debe integrar los datos obtenidos con diferentes métodos y contrastarlos con múltiples fuentes de información. Debe detallar la metodología aplicada y los resultados de las pruebas, a diferencia del informe clínico. El informe pericial no es estático y está sujeto a ratificación judicial. Es crucial establecer un nexo claro entre la evaluación psicológica y la problemática jurídica con un lenguaje claro y riguroso.
Aspectos Éticos y Deontológicos:
La intervención forense acentúa los dilemas éticos, siendo un área frecuente de demandas a las comisiones deontológicas.
Se produce en el contexto forense una quiebra del secreto profesional, que debe ser explicada y consentida por el evaluado.
Existe mayor riesgo de parcialidad en los informes de parte dentro de la práctica pericial privada.
Es necesario estándares de acreditación profesional para peritos judiciales y la importancia de la formación especializada.
Al tratarse de un medio probatorio, el informe pericial está sujeto al principio de contradicción, lo que implica que las partes puedan examinarlo y someterlo a crítica (incluso realizar un contrainforme). Por eso, el dictamen pericial debe contener la información manejada por el perito para llegar a las conclusiones expuestas (parte descriptiva), así como los criterios científicos utilizados por éste para valorar dichos datos (parte técnica). Por ello resulta imprescindible detallar la metodología aplicada y los resultados de las distintas pruebas administradas, lo que resulta una cuestión innecesaria en el informe clínico.
También se produce un dilema ético en la elaboración de contra informes. Si bien esta práctica se entiende como positiva para garantizar una tutela judicial efectiva (derecho a un proceso justo), asegurando el principio de contradicción (elemento de defensa), el conflicto ético surge por la posible colisión entre la tarea profesional (análisis científico del informe en cuestión) y el encargo recibido (desvirtuarlo como prueba pericial en el proceso).
Por último, los informes emitidos por los peritos adscritos a la Administración de Justicia son tachados frecuentemente de poco elaborados y opacos respecto a la actividad técnica realizada, transmitiendo escasa calidad científica. Lo que puede paliar estas posibles deficiencias son las mejoras en las condiciones profesionales de estos peritos (más dotación de medios humanos, dada la enorme carga de trabajo que soportan, y técnicos, tales como salas de entrevistas adecuadas o mayor disponibilidad de pruebas psicológicas), convocatorias selectivas de acceso específicas para este campo profesional y una formación continuada por parte de la Administración.