RETRIBUCION EN EL SERVICIO DEL TURNO DE OFICIO Y POSIBLE HUELGA

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha venido demandando una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Entre otros en cuanto a un mecanismo de actualización al IPC de los honorarios de los abogados de oficio, y que se corrigiera el elevado número de actuaciones de los letrados que no se retribuyen por no estar expresamente recogidas en los baremos. Su demanda ha tenido escaso exito.

El llamado Sindicato de Abogados Venia convocó para el  21 de noviembre de 2023 a todos los abogados del turno de oficio de España a una huelga general indefinida. Se autodefine como un sindicato de ámbito nacional, que reivindica retribuciones dignas y el abono de costes reales del profesional. La efectividad de un derecho de huelga de los abogados que prestan el servicio en el Turno de Oficio podría dar lugar a la suspensión de miles de vistas y comparecencias en los Juzgados con competencia en familia y por eso analizamos en esta aportación la posibilidad de esta forma de reivindicación de mejora de sus condiones.

En cuanto al derecho a la huelga que prestan siervicio en dicho Turno, ¿quién la promueve?. Por ejemplo, el que llaman “Sindicato de Abogados Venia”, fundamenta su legitimidad en la convocatoria en que no está reconocido ni prohibido para los abogados del turno de oficio, y aunque no está regulado, al no estar prohibido, es un derecho, y por eso exigen un estatuto de abogados del turno de oficio.

Pero los colegios de abogados, como gestores del derecho a la defensa y a la tutela efectiva, no pueden dejar de prestar estos servicios y es dudosa la legitimados para convocar esta huelga a la luz de la sentencia 26/2019, de la Sala de lo Social, de fecha 22/2/2019, los abogados adscritos al turno de oficio no pueden constituir sindicatos: no son trabajadores por cuenta ajena, ni el hecho de prestar un servicio público les convierte en sujetos de una relación de servicios estatutaria o administrativa.

Por ello la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo), llama a explorar vías alternativas al entender que la huelga no es una de las herramientas al alcance de los letrados de oficio, pues no es personal laboral ni funcionarios públicos, de cuya prestación depende la tutela de derechos fundamentales, y propone promover las renuncias de guardias, como en el 2015, cuando debían un año de retribuciones.

También el Ministerio de Justicia rechaza el derecho a ejercitar una huelga en el Turno de oficio. La decisión se ampara en un informe elaborado por la Abogacía del Estado en el que se asegura que “no existiendo relación laboral, estatutaria o funcionarial entre el Ministerio de Justicia y los letrados que prestan asistencia jurídica gratuita en turno de oficio no resta sino concluir que carecen del derecho de huelga y que la cesación de la prestación del servicio deberá llevar aparejadas las consecuencias disciplinarias oportunas por parte de los Colegios Profesionales”. Tal afirmación que se ampara en sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que expresan la imposibilidad de acogerse al derecho de huelga a quienes no forman parte del colectivo de trabajadores por cuenta ajena.

El Ministerio de Justicia considera que legalmente no es posible llevar a cabo el ejercicio de huelga en la prestación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como la convocada, con carácter indefinido, a partir de mañana día 21 por el sindicato Venia. “Los profesionales de la abogacía y de la procura que prestan servicios en el turno de oficio no tienen una relación laboral, estatutaria ni funcionarial con el Ministerio de Justicia, por lo que, en el caso de que suspendieran el ejercicio de sus funciones de asistencia jurídica gratuita, tal cesación no estaría amparada por derecho de huelga alguno y llevaría aparejadas las consecuencias disciplinarias oportunas por parte de los respectivos Colegios Profesionales”, expresa el Ministerio en un oficio remitido el pasado viernes al Consejo General de la Abogacía.

La secretaría de Estado de Justicia considera que los colegios de la Abogacía y de la Procura reciben, a cambio de la organización y prestación de este servicio, una subvención, mientras que las cantidades percibidas por el profesional en cuestión constituyen una indemnización, y que en modo alguno puede hablarse de la existencia de un sueldo o salario para estas personas con cargo al Ministerio de Justicia.

En cualquier caso la negociación de las condiciones generales de los profesionales que prestan el servicio del turno de oficio es complicada entre otros por la dispersión competencial. En España el Ministerio de Justicia es competente en cinco Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia y Baleares), en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Pero  12 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco) tienen las competencias transferidas; también las del turno de oficio. Son, por lo tanto 13 interlocutores distintos con los que llegar a acuerdos.

Lo que es evidente es que se requiere una reforma global del sistema, pues la realidad es que todos los lolectivos implicados en el sistema judicial trabajan en condiciones contrarias a la tutela que ellos mismos promueven o imparten. En materia del servicio de justicia se hace bueno el dicho de «en casa del herrero cuchillo de palo».

No solo es cuestión de mejorar las condiciones de seguridad e higiene, retributivas y de compatibilidad de la vida personal y familiar con el servicio que se presta. En muchos casos también es una cuestión de organización y control de los medios de que se dispone. Y porque no decirlo, de motivación en la importante función que se presta al ciudadano.

Por ejemplo, una idea a contemplar en la reforma que pudiera llevarse a cabo es retribuir especialmente los convenios alcanzados vía colaborativa o confeccionados vía mediación por los abogados de este Turno, como medio de promover el sistema colaborativo Avantia o los sistemas de Mediación en la resolución de conflictos de familia. El coste de este aumento retributivo en baremo quedaría compensado por la reducción de costes en el sistema judicial que determina una solución consensuada de las propias partes con la colaboración de sus abogados.

https://www.sindicatodeabogados.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *