FUERO Y POSIBILIDAD DE VIDEOCONFERENCIA DE ABOGADOS DEL ESTADO Y LETRADOS COMUNIDAD

El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, publicado en el BOE de 28 de diciembre de 2023, ratificado por las cortes el 12 de enero de 2024, y con entrada en vigor el 29 de diciembre de 2023, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía introduce modificaciones relativas al fuero territorial del Estado y a la posibilidad de la actuación por videoconferencia de sus representantes.

Las modificaciones se contienen en su Disposición final sexta.

Recordar no obstante que existen excepciones a este privilegio en materia de familia por ser prevalente el interés del menor y lo que el propio legislador ha establecido con carácter especial.

Por ejemplo, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en los procedimientos para solicitar y autorizar el ingreso de menores con problemas de conducta regulado en el artículo 778 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, abogó por la prevalencia del fuero territorial de las Administraciones Públicas del artículo 15 de la Ley 52/1997 frente a lo que dispuso el legislador en el punto dos del artículo 778 bis de la LEC: Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro.

Se resolvió en cuestión de competencia que sobre el privilegio de la Administración debe prevalecer el interés del menor, y por tanto el fuero de la ubicación del centro donde va a ser internado o trasladado, que es el que establece el precepto procesal que regula dicho ingreso -Auto de 25 de Enero de 2016 de la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, entre otros-.

Téngase en cuenta que en estos ingresos la resolución judicial que autorice o ratifique el ingreso se expresará la obligación de la Entidad Pública y del Director del centro de informar periódicamente al Juzgado y al Ministerio Fiscal sobre las circunstancias del menor y la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el Juez pueda requerir cuando lo crea pertinente 8 punto 4 del artículo 797 bis de la LEC). Además, según la exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2015, el fuero de competencia territorial se atribuye también con el fin de favorecer la unidad de criterio de los Juzgados que intervengan, y evitando la dispersión que se derivaría de adoptar cualquier otro fuero competencial.

Además, hay la cercanía el centro especial es importante para facilitar las actuaciones perentorias, como sería la comunicación del ingreso del menor en el centro que es trasladado sin la autorización judicial previa, y que debe hacerla el responsable del centro en 24 horas para que en su caso se ratifique en plazo no superior a 72 horas, y las actuaciones que para ello deben efectuarse como es oír al menor, el informe de facultativo y del Ministerio Fiscal, que requiere de la cercanía del centro al Juzgado que autoriza o ratifica.

La Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 15, que queda redactado del siguiente modo:

 

Redacción anterior: Artículo 15. Fuero territorial del Estado.

Para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sean parte el Estado, los Organismos públicos o los órganos constitucionales, serán en todo caso competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento.

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los juicios universales ni a los interdictos de obra ruinosa.

Artículo 15. Fuero territorial del Estado.

1. Para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sean parte el Estado, los organismos públicos, los órganos constitucionales o cualquier entidad del sector público institucional cuya representación y defensa venga atribuida normativa o convencionalmente a los abogados del Estado, serán en todo caso competentes los juzgados y tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento.

2. En las circunscripciones del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el fuero territorial del Estado previsto en el apartado anterior se aplicará con igual preferencia en la isla donde radique la sede de la capital de provincia.

3. En los juzgados que radiquen en las restantes islas se podrá optar por el fuero previsto en el apartado anterior o el que resulte de aplicar las normas sobre competencia territorial previstas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a elección del demandante. Cuando se opte por este último, será de aplicación obligatoria lo previsto en el artículo 16 de esta ley.

3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los procesos universales.»

 

Dos. Se añade el artículo 16 con la siguiente redacción:

«Artículo 16. Comparecencia por videoconferencia.

  1. En los procesos ante el orden jurisdiccional civil, penal, contencioso- administrativo, laboral o militar en los que sea parte el Estado, los organismos públicos, los órganos constitucionales o cualquier entidad del sector público institucional cuya representación y defensa venga atribuida normativa o convencionalmente a los abogados del Estado, éstos podrán intervenir en las actuaciones a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes.

En el orden jurisdiccional penal, cuando se disponga la presencia física del investigado o acusado, será también necesaria la presencia física del abogado del Estado encargado de su representación y defensa. Cuando se permita la declaración telemática del investigado o acusado, el abogado del Estado encargado de su representación y defensa comparecerá junto con aquel o en la sede del órgano judicial.

La comparecencia por videoconferencia por parte de la Abogacía del Estado se comunicará al órgano judicial con al menos diez días hábiles de antelación. Este plazo no deberá respetarse cuando el señalamiento de la actuación se haya notificado con una antelación inferior a la indicada.

  1. En los procesos en los que el abogado del Estado intervenga por medios electrónicos, las demás partes procesales podrán comparecer del mismo modo en los términos expuestos en el apartado anterior, si así lo solicitan.»

Tres. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional tercera. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Los artículos 5 a 9 y 11 a 16 de la presente Ley serán de aplicación al ámbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en la medida en que, atendida la naturaleza de las mismas y lo dispuesto por las leyes vigentes, aquellos preceptos les sean aplicables, si bien las referencias contenidas en aquéllos a los abogados del Estado y a la Abogacía General del Estado, al Servicio Jurídico del Estado o a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, se entenderán efectuadas, respectivamente, a los letrados de la Administración de la Seguridad Social, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, a la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social o a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.»

Cuatro. Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional cuarta. Aplicación a las Comunidades Autónomas.

  1. Los artículos 11, 12, 13.1, 14, 15 y 16 se dictan al amparo de la competencia reservada al Estado en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, en materia de legislación procesal.
  2. Las reglas contenidas en dichos artículos serán de aplicación a las comunidades autónomas y entidades públicas dependientes de ellas.
  3. En cuanto a lo dispuesto en el artículo 15, cuando sean parte en el procedimiento las comunidades autónomas y entidades de Derecho público dependientes de las mismas, serán también competentes los juzgados y tribunales que tengan su sede en la capital de la comunidad autónoma en el caso de que la misma no sea capital de provincia.»

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