Por: Un Magistrado de Familia
La Administración de Justicia en España atraviesa una transformación sin precedentes. La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y las subsiguientes instrucciones del Consejo General del Poder Judicial, no representan únicamente un cambio en el organigrama. Estamos ante un auténtico cambio de paradigma que nos obliga a redefinir no solo cómo trabajamos, sino cómo nos entendemos a nosotros mismos dentro de la estructura del Estado.
El fin del «taller artesanal»
Durante décadas, el juzgado unipersonal ha funcionado de manera similar a un taller artesanal. El juez, como maestro de oficio, mantenía una relación directa, verbal y de confianza con su equipo. Sin embargo, la desaparición de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) y la creación de los Tribunales de Instancia rompen este modelo. La oficina judicial se desvincula de un equipo fijo para cada juez, convirtiéndose en una organización instrumental única de soporte dividida en servicios comunes de tramitación, ejecución y gestión general.
Si el antiguo juzgado era un taller, el Tribunal de Instancia es una «fábrica inteligente». En este nuevo escenario, el magistrado debe actuar como un ingeniero jefe que, a través de terminales digitales, envía especificaciones precisas a una línea de producción mecanizada. Esta transición exige que la comunicación entre la plaza judicial y la oficina sea, de manera preferente y obligatoria, íntegramente digital y estructurada. El uso de herramientas como el sistema de gestión procesal, la minuta electrónica y el visor HORUS ya no es opcional; es la garantía indispensable para la trazabilidad y la integridad de nuestras decisiones.
La trampa del ensimismamiento
El cambio técnico es evidente, pero el desafío más profundo es el humano. En contextos de alta presión, grandes cargas de trabajo e incertidumbre, es comprensible que surja la tentación del repliegue. Es lo que podemos denominar «ensimismamiento»: refugiarse en el «yo» —mi plaza, mi agenda, mi criterio, mi cansancio— y confundir esta autonomía con una virtud.
Sin embargo, cuando el «yo» se convierte en el centro absoluto, deja de protegernos y empieza a encerrarnos. El Derecho y la tutela judicial efectiva no se sostienen en monólogos, sino en un tejido complejo de relaciones entre jueces, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y la propia ciudadanía. Si ese tejido se rompe por falta de comunicación o por resistencia al cambio, la justicia corre el riesgo de volverse formalmente correcta pero vitalmente estéril.
La unidad como defensa del bien común
Debemos ser conscientes de que la falta de una postura común como colectivo judicial nos debilita. En muchas ocasiones, la indecisión o el rechazo a adoptar criterios compartidos nace del miedo a renunciar a opciones individuales. Pero la realidad es tenaz: cuando nosotros no elegimos como colectivo, otros terminan decidiendo por nosotros, marcando la pauta de cómo debemos operar. Al no renunciar a nada en favor de la unidad, corremos el riesgo de renunciar a todo.
La madurez institucional nos exige superar esa prevención constante hacia el «otro». No se trata solo de empatía, sino de respeto y acogida de los argumentos ajenos. Debemos ser capaces de bloquear nuestros miedos —como hizo Nelson Mandela en su búsqueda de entendimiento— para permitir que el diálogo fluya. Solo así podremos ejercer con plenitud las facultades de dirección e inspección que la ley nos devuelve sobre todos los asuntos que nos corresponden por reparto.
Hacia una justicia global y efectiva
Nuestra misión constitucional no es impartir una justicia individual aislada, sino ser agentes de una tutela judicial efectiva global. Esto requiere una capacitación técnica específica en la gobernanza del dato y un dominio avanzado de los sistemas de gestión, pero, sobre todo, requiere un cambio de actitud.
La implantación de los Tribunales de Instancia es una prueba de fuego para nuestra madurez como servidores públicos. Debemos estudiar y trabajar a fondo, no para competir entre nosotros ni para resistirnos a lo inevitable, sino para ser mejores servidores de un bien común. El horizonte ha cambiado, y con él debe cambiar el alma de nuestro trabajo. La justicia del futuro será colectiva y tecnológica, o simplemente no será efectiva.