EFECTOS DE LA NULIDAD MATRIMONIAL

En el ámbito matrimonial rige la autonomía de las reglas sobre nulidad en la materia, con diferencias muy marcadas con las nulidades ordinarias, pues la nulidad aplicada al matrimonio sin ninguna atenuación constituiría la sanción más grave que comportan las reglas instituidas por la ley, originando que desaparecido el vínculo matrimonial no sólo para el futuro, sino también para el pasado, encontrándose los esposos transformados «retroactivamente» en concubinos, los hijos nacidos de la acción nula no tendrían la consideración matrimonial, produciéndose en definitiva turbación en el seno de la familia, resultando castigados inocentes y dando base al quebranto de la institución del matrimonio.

Tres artículos se refieren específicamente a las posibles consecuencias de la nulidad matrimonial:
Artículo 79.

La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe.

La buena fe se presume.

Artículo 98.

El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el artículo 97.

Artículo 1395.

Cuando la sociedad de gananciales se disuelva por nulidad de matrimonio y uno de los cónyuges hubiera sido declarado de mala fe, podrá el otro optar por la liquidación del régimen matrimonial según las normas del Código Civil para la liquidación de la sociedad de gananciales o por las disposiciones del régimen de participación, y el contrayente de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.

Veamos el siguiente caso que puede ilustrar la lógica de la regulación actual.

Sentencia TS de 18 de diciembre de 1981.   

Don Fernando, formuló juicio declarativo ordinario de mayor cuantía contra doña Pilar sobre división de cosa común, estableciendo en síntesis que quiere dividir el patrimonio común una vez que están divorciados, pero Dª Pilar formula reconvención por nulidad matrimonial, el Ministerio Fiscal se allanó en orden a que se declare la nulidad del matrimonio civil contraído entre los litigantes.

El Juez de Primera Instancia de Madrid número once dictó sentencia, con fecha 10 de diciembre de 1977, cuyo fallo es como sigue:

“Que desestimando la excepción de falta de personalidad alegada por el Procurador señor Granados, debo absolver y absuelvo a la demandada doña Pilar de cuanto contra ella se pide en el escrito inicial de la litis por el actor don Fernando. Al propio tiempo, estimando la demanda reconvencional, formulada por el Procurador Granados, declaro la inexistencia del matrimonio civil concertado entre los litigantes en 7 de septiembre de 1940, a cuya petición se adhirió el Ministerio Fiscal, la nulidad de cuantos actos patrimoniales y formales realizaron las partes, como sociedad conyugal, desde citada fecha, y la adjudicación a doña Pilar dé los bienes inmuebles a que se contrae la aportada certificación del Registro de la Propiedad de Marbella, con rectificación de las certificaciones regístrales en las que se suprimirá el término «sociedad conyugal», que en los mismos consta, quedando las inscripciones de tales inmuebles a nombre y exclusiva propiedad dominical y titularidad de la misma, a cuyo efecto se librará el oportuno testimonio de esta resolución al señor Registrador de la Propiedad para tales rectificaciones. Y sin hacer en esta Primera Instancia expresa imposición de costas”. 

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia por don Fernando, la Audiencia Territorial de Madrid dictó sentencia, con fecha 13 de julio de 1979, con la siguiente parte dispositiva:

“Que estimando el recurso de apelación interpuesto por don Fernando, representado por el Procurador don Alfonso de Palma González, contra la  sentencia dictada en 10 de diciembre de 1977 por el Juez de Primera Instancia número once de esta capital , revocamos su fallo, y rechazando la excepción de falta de personalidad aducida por la demandada doña Pilar, desestimamos la demanda, y estimando en parte la reconvención, declaramos la nulidad de matrimonio civil contraído por las partes el 7 de septiembre de 1940, debiendo precederse a la liquidación de la sociedad de gananciales, que se tendrá por devuelta desde la fecha de la firmeza de esta resolución, considerando a ambos cónyuges de buena fé, absolviendo a las partes de las restantes pretensiones recíprocamente ejercitadas, sin imposición de las costas en ninguna de las Instancias”.      

RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION

En criterio de Dª Pilar se origina violación por no aplicación del  artículo 6 -antes cuarto- del Código Civil , en relación con el – entonces vigente-  artículo 42 del mismo Cuerpo legal , es de tener en cuenta, de una parte, que en el ámbito matrimonial rige la autonomía de las reglas sobre nulidad en la materia, con diferencias muy marcadas con las nulidades ordinarias, pues la nulidad aplicada al matrimonio sin ninguna atenuación constituiría la sanción más grave que comportan las reglas instituidas por la ley, originando que desaparecido el vínculo matrimonial no sólo para el futuro, sino también para el pasado, encontrándose los esposos transformados «retroactivamente» en concubinos, los hijos nacidos de la acción nula no tendrían la consideración matrimonial, produciéndose en definitiva turbación en el seno de la familia, resultando castigados inocentes y dando base al quebranto de la institución del matrimonio si el fenómeno se produjese con frecuencia, y de otra parte, que la invalidez tiene lugar cuando no reúne un acto las condiciones requeridas por la ley, con la distinción de los actos inválidos en inexistentes, en los de pleno derecho y anulables, con la característica de inexistencia a los que están faltos de un órgano constitutivo y no responden a su propia definición, de nulidad de pleno derecho a los que, dotados de sus elementos constitutivos, chocan con una regla de orden público, y simple anulabilidad los que han sido concluidos bajo el imperio de uno de los vicios del consentimientos, tomados en consideración por la ley.

CONSIDERANDO que haciendo aplicación al presente caso de la doctrina expuesta en el precedente, conduce a la desestimación del indicado motivo tercero, porque la apreciación de inexistencia matrimonial en realidad hay que entenderla limitada, a tenor de la normativa que regía al tiempo en que se contrajo el aludido matrimonio el 7 de septiembre de 1940, en no darse diferencia de sexo, ausencia de consentimiento y no constitución en la forma exigible, y por tanto sin posibilidad de extensión en otras situaciones, y concretamente al supuesto ahora contemplado de existencia de unión matrimonial civil contraída en 7 de septiembre de 1940 en país extranjero – Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica- con acomodo a la «lex loci», por súbdita española y súbdito entonces cubano, y ambos católicos bautizados, sin tramitación de expediente de acatolicidad ni intervención para nada de funcionario de las respectivas nacionalidades que ostentaban los cónyuges, como tampoco inscripción en ninguna representación de dichas nacionalidades, toda vez que la entonces infracción de lo dispuesto en el entonces vigente del  artículo 42 del Código Civil , en cuanto implicaba un requisito de capacidad para el matrimonio civil que debía concurrir en los contrayentes, produce situación jurídica que acarrea, con base en dicha normativa vigente al tiempo de contraerse el referido matrimonio, la sanción de nulidad, como resultante del carácter imperativo -no meramente dispositivo- del  artículo 42 del Código Civil  que entonces estaba en vigor, con holgada cabida el número cuarto del artículo 101 del mencionado Código, según tuvo ocasión de declarar  esta Sala en sentencia de 21 de octubre de 1959 , pero sin posibilidad de efecto de inexistencia, cual pretende la recurrente, dado que para ello se habría precisado que hubiese un acto aparente de matrimonio, que no se produce en el caso, que es el actual, de que el matrimonio hubiese sido real, aunque ineficaz en España, salvo como la sentencia recurrida reconoce, con apreciación de situación de buena fé, de la producción de efectos civiles que posibilitaba el entonces vigente  artículo 69 del Código Civil , hoy esencialmente reflejado en el artículo 79 del propio Código en su actual redacción.

CONSIDERANDO que a lo precedentemente expuesto en nada obsta la nueva normativa referente al matrimonio, determinada por la Ley de 7 de julio de 1981, por derivación del  artículo 32, primero, de la Constitución Española, de    27 de diciembre de 1978, y en consecuencia la variación que dicha Ley  ha producido con relación al  artículo 42 del Código Civil  con redacción hasta antes de la entrada en vigor de dicha Ley; de una parte, porque según previene la  disposición transitoria segunda de la misma, los hechos que hubieren tenido lugar o las situaciones creadas con anterioridad a su entrada en vigor producirán los efectos que les reconocen los capítulos VI, VII y VIII del título IV del libro I del Código Civil , o sea, en orden al aspecto que se examina los prevenidos en dicho capítulo VI para la nulidad del matrimonio, y concretamente lo dispuesto en el artículo 79 del mencionado Código en su actual y vigente redacción, de que «la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producido respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fé», que viene a ser coincidente, con variaciones correctoras de redacción, con la que mantenía el  artículo 69 del citado Cuerpo legal  sustantivo antes de la nueva normativa sancionada por la invocada Ley de 7 de julio de 1981; y, de otra parte, a causa de que al no entender esta cláusula de retroactividad no tiene ese carácter a tenor de lo prevenido en el  artículo 2.3 del Código Civil -Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario-, con la consecuencia de hecho y jurídica de conformidad con la  disposición transitoria primera de aquel Cuerpo legal, de regirse por la legislación anterior a la establecida por la precitada Ley de 7 de julio de 1981 , al tratarse de derecho nacido, según dicha anterior normativa, de hechos realizados bajo su régimen.

CONSIDERANDO que, por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso, condenando a la recurrente al pago de todas las costas, y sin pronunciamiento sobre depósito al no haber sido constituido al no ser conformes de toda conformidad las sentencias de Primera y Segunda Instancia; y todo ello de conformidad con lo prevenido en el  artículo 1.748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

FALLAMOS

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por doña Pilar, contra la  sentencia que, en 13 de julio de 1979, dictó la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid ; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

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