Existe maquinación fraudulenta no solo cuando se oculta maliciosamente por el demandante o solicitante los datos que permitan el emplazamiento personal del demandado, sino también cuando consta que tal ocultación, y la consiguiente indefensión del demandado, se produjo por causa imputable al demandante (ocultación inexcusable) y no al demandado. Basta, pues, con que el demandante no haya comunicado al juzgado los datos que permitan el emplazamiento personal del demandado para que pueda apreciarse dicha maquinación fraudulenta.

I.- EL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL REGULA LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN CON LAS PARTES AÚN NO PERSONADAS O NO REPRESENTADAS POR PROCURADOR O PROCURADORA, Y CUAL DEBE ENTENDERSE POR SU DOMICILIO A TAL EFECTO.

Tener en cuenta que este precepto se reforma por el Real Decreto-ley 6/2023, y la reforma entró en vigor el 20 de marzo de 2024.

1) Cuando la parte no representada por procurador venga obligada legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia se realizará por medios electrónicos de conformidad con el artículo 162.

No obstante, si el acto de comunicación tuviese por objeto el primer emplazamiento o citación, o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se procederá a su publicación por la vía del Tablón Edictal Judicial Único conforme a lo dispuesto en el artículo 164.

Además, en todo caso, también podrá practicarse mediante entrega de la copia de la resolución si el obligado se personase en la sede del órgano judicial, dejando constancia de ello en la diligencia que se extienda.

2) Cuando la parte no representada por procurador no venga obligada legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia:

a) Si se trata del primer emplazamiento o citación al demandado, se podrá practicar por remisión a su domicilio, o en forma telemática en los términos previstos en el artículo 162.

El acto de comunicación practicado por medios electrónicos producirá plenos efectos procesales sólo en el caso de que fuese aceptado voluntariamente por su destinatario. Si puesto a disposición del destinatario en la sede judicial electrónica, no constara la recepción por el destinatario en plazo de tres días, se practicará por remisión al domicilio.

En todo caso, si constara una dirección de correo electrónico o servicio de mensajería de contacto del destinatario, se dará aviso informativo de la puesta a su disposición de la resolución tanto en el órgano judicial como en la sede judicial electrónica.

b) Si el acto de comunicación, no siendo primer emplazamiento o citación, tuviese por objeto la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, se practicará en los términos del literal a), excepto que el interviniente no obligado a ello haya optado previamente por el uso de medios electrónicos, en cuyo caso se estará a lo establecido en el literal c) para estos supuestos.

c) En el caso de actos de comunicación distintos de los previstos en los literales a) y b), las comunicaciones efectuadas surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse a cualquiera de los lugares que se hayan designado como domicilio aunque no conste su recepción por el destinatario, o cuando el destinatario, sin estar obligado, haya optado por el uso de medios electrónicos y la comunicación se haya remitido en los términos previstos en el artículo 162, habiendo transcurrido tres días sin que el destinatario acceda a su contenido.

3) EN CUANTO AL DOMICILIO: Señala el punto 3 del precepto reformado, que el domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso.

Asimismo, el demandante designará, como domicilio del demandado, uno o varios de los lugares siguientes: el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional. Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el numeral 1.º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.

Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial.

Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.

Asimismo, el demandante deberá indicar, además de los requisitos establecidos en el artículo 399, cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como número de identificación fiscal o de extranjeros, números de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o similares, que se utilizarán con sujeción a lo dispuesto en la Ley que regule el uso de la tecnología en la Administración de Justicia. La persona demandada, una vez comparecido, podrá designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto, o uno de los medios de comunicación electrónica de los previstos en el artículo 162.

Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la oficina judicial.

Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, o a cualquier otro dato identificativo que altere la práctica de los actos de comunicación realizados en virtud del artículo 162 de esta ley, siempre que estos últimos datos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la oficina judicial.

4) En el supuesto de que los actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador se hubiesen practicado dos o más veces, se estará a lo establecido en el apartado 6 del artículo 152, es decir, salvo que se prevea otra cosa tendrá eficacia a efectos procesales la primera fecha en que se hubiese verificado.

En la cédula de emplazamiento o citación, o en el acto de comunicación de que se trate, se hará constar expresamente esta previsión y también el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita.

II.- MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. REVISIÓN

El ocultar datos del artículo 155 de la LEC al Juzgado de forma que por ello se tramita en rebeldía el procedimiento de familia puede constituir una maquinación fraudulenta que de lugar a la revisión de la sentencia por lo dispuesto en el nº 4 del artículo 510 de la LEC.

Si el Juzgado de Primera Instancia entiende que la parte ha actuado en contra de reglas de buena fe procesal, las consecuencias podrán ser las previstas en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o incluso el ejercicio de una acción civil de reclamación de daños y perjuicios.

III.- CASO:

D. Herminio interesa la rescisión de la sentencia 114/2022, de 20 de junio, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Totana (Murcia), en el procedimiento de guarda, custodia y alimentos de hijo menor no matrimonial núm. 379/2021, por haber sido ganada injustamente en virtud de maquinación fraudulenta por la demandante de aquel proceso, D.ª Nuria.

La maquinación fraudulenta habría consistido en no solicitar del juzgado que se intentara la citación del Sr. Herminio en alguno de sus domicilios laborales ni haber facilitado al juzgado el teléfono de este señor cuando el juzgado le dio vista de la citación negativa del mismo en el domicilio que se había facilitado en la demanda.

Datos relevantes

i) La demandante de aquel procedimiento, D.ª Nuria, señaló como domicilio para practicar la citación del allí demandado, D. Herminio, el que efectivamente constituía su lugar de residencia.

ii) El juzgado remitió una carta con la cédula de emplazamiento y demás documentación por correo certificado con acuse de recibo. Consta un acuse de recibo en el que aparece intentada la entrega al destinatario en dos días consecutivos, en horario de mañana, sin lograr efectuarlo por encontrarse ausente. Consta que el hoy demandante de revisión tenía dos puestos de trabajo de modo que estaba ausente de su domicilio durante muchas horas al día.

iii) El juzgado no intentó practicar el emplazamiento de forma personal, sino que dio vista del resultado negativo del emplazamiento a la demandante. Esta manifestó que la única dirección del demandado que conocía era la facilitada en su día e instó que se procediera a la averiguación domiciliaria. Practicada la consulta, se informó como único domicilio conocido el indicado en la demanda.

iv) La demandante en ese procedimiento solicitó una citación en ese domicilio y que si resultara negativa se procediera al emplazamiento por edictos. El juzgado acordó por diligencia de ordenación el emplazamiento edictal. La declaración de rebeldía se produjo el 8 de abril de 2022 y se dictó sentencia el 20 de junio de 2022.

v) La demandante en aquel proceso conocía los domicilios de las empresas en las que trabajaba el demandado en aquel proceso, que indicaba en su demanda, si bien no solicitó que se intentara practicar el emplazamiento en esas empresas cuando se le dio vista del resultado negativo del emplazamiento. También conocía el teléfono del demandado en aquel proceso, y no lo comunicó al juzgado.

 RESOLUCION: STS 226/2024, de 20 de febrero

Procedimiento: Recurso de revisión

Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA

El Ministerio Fiscal argumentó que el demandante de revisión no ha agotado los remedios procesales previos a la solicitud de rescisión de la sentencia firme porque no promovió el incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia. La objeción no se admitió por el TS pues como ya dijo en las sentencias 579/2021, 27 de julio, y 822/2023, de 21 de diciembre, cuando se alega la existencia de una maquinación fraudulenta atribuible a la parte contraria en el procedimiento de origen, no es exigible esta actuación procesal, porque la causa de la indefensión no resultaría atribuible al órgano judicial, que es lo que hubiera justificado la promoción de dicho incidente.

Concurrencia de la causa de revisión  

1.-  La demanda de rescisión se basa en la causa prevista en el  ordinal 4.º del art. 510.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El demandante de revisión alega que la sentencia firme que puso fin al procedimiento de guarda, custodia y alimentos de hijo menor no matrimonial, en sentido estimatorio de las pretensiones de la demandante de aquel litigio, fue lograda mediante una maquinación consistente en que la demandante no solicitó que el emplazamiento se intentara realizar en las empresas para las que trabajaba el demandado y no facilitó al juzgado el teléfono que habría permitido localizar al demandado cuando el juzgado le dio vista del resultado negativo de emplazamiento por correo certificado, pues la demandante solicitó que se intentara de nuevo el emplazamiento en el domicilio en el que la entrega de la carta certificada había resultado infructuosa y también solicitó que, de no poder practicarse el emplazamiento en ese domicilio, se practicara por edictos, cuando conocía el domicilio de las empresas en que trabajaba el demandado así como su teléfono.

2.-  Una de las manifestaciones de la maquinación fraudulenta que permite la revisión de la sentencia firme (o resolución equivalente) es aquella en que incurre quien ejercita una acción judicial y oculta el domicilio (y los demás medios que permitan la práctica personal del acto de comunicación) de la persona contra la que estaba dirigida e interesa que se le emplace por edictos y se sustancie el procedimiento en rebeldía.

 3.-  Esta causa de revisión ha sido relacionada por la jurisprudencia con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el carácter subsidiario que, según la jurisprudencia constitucional, debe tener el emplazamiento o citación por edictos, de tal manera que solo cabe acudir a él como última solución cuando no se conoce el domicilio de la persona que deba ser notificada o se ignora su paradero por haber mudado de habitación, y no se conocen otros medios por los que pueda ser localizado, tales como el teléfono o la dirección de correo electrónico.

 4.-  Como consecuencia de ello se ha entendido que no cabe prescindir de la llamada a juicio en forma personal cuando existe una posibilidad directa o indirecta de localizar al interesado y hacerle llegar el contenido del acto de comunicación. En consecuencia, el demandante tiene la carga procesal de que se intente dicho acto en cuantos lugares existe base racional suficiente para estimar que pueda hallarse la persona contra la que se dirige la demanda y facilitar los demás medios (entre ellos, el correo electrónico o el teléfono) que permitan su localización. Para ello, debe desplegar la diligencia adecuada en orden a adquirir el conocimiento correspondiente, aunque no cabe exigirle una diligencia extraordinaria.

 5.-  De no hacerlo así se entiende que el demandante ha incurrido en una ocultación constitutiva de la maquinación  fraudulenta que puede dar lugar a la revisión de la sentencia. En suma, la maquinación  fraudulenta consistente en la ocultación de lugar en que el demandado pueda ser emplazado concurre objetivamente no solo cuando se acredita una intención torticera en quien lo ocultó, sino también cuando consta que tal ocultación, y la consiguiente indefensión del demandado, se produjo por causa imputable al demandante y no a aquel.

6.-  La  Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 155.2, párrafo segundo , en la redacción vigente cuando sucedieron los hechos, dispone que «el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o similares». En este caso, habría sido muy relevante que la demandante hubiera solicitado que se intentara practicar el emplazamiento en las empresas para las que trabajaba el demandado y hubiera comunicado al juzgado el número de teléfono del demandado, porque la demandante (que se comunicaba habitualmente con el demandado por WhatsApp) conocía que el demandado estaba pluriempleado, por lo que no era fácil encontrarlo en su domicilio.

7.-  Sin embargo, cuando el juzgado le dio vista de la diligencia de emplazamiento negativa, la demandante, no solicitó que se intentara localizar al demandado en alguna de las empresas para las que trabajaba ni comunicó al juzgado el número de teléfono del demandado, como exige el  artículo 155.2, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil  (en la redacción entonces vigente), sino que instó que se intentara de nuevo el emplazamiento en el domicilio indicado en la demanda, en el que había resultado negativo y en el que la demandante sabía que no era fácil encontrar al demandado porque tenía dos empleos simultáneamente, y que de no encontrarlo, se le emplazara por edictos. El juzgado emplazó por edictos al demandado y esta comunicación edictal impidió que el demandado tuviera conocimiento de la demanda y pudiera personarse en el proceso.

8.-  Respecto del carácter no malicioso de la ocultación, debe recordarse que, de acuerdo con la doctrina del TS (por todas, la sentencia 563/2022, de 12 de julio  ), la maquinación  fraudulenta consistente en la ocultación maliciosa de los datos que permitan el emplazamiento personal del demandado concurre objetivamente no solo cuando se acredita una intención torticera en quien los ocultó, sino también cuando consta que tal ocultación, y la consiguiente indefensión del demandado, se produjo por causa imputable al demandante (ocultación inexcusable) y no al demandado. Basta, pues, con que el demandante no haya comunicado al juzgado los datos que permitan el emplazamiento personal del demandado, como ha ocurrido en este caso.

9.-  Es cierto que el servicio de correos dejó un aviso en el buzón del demandante cuando intentó entregarle la carta certificada que contenía la documentación para el emplazamiento del demandado. Pero no haber recogido la comunicación en la oficina de correos, cuando el demandado no podía saber cuál era el contenido de dicha comunicación, no puede considerarse como una actuación negligente del demandante de revisión de una entidad tal que le niegue el derecho a ser emplazado personalmente para poder defenderse en el proceso, más aún cuando no se dio cumplimiento a lo previsto en el  art. 155.1 ,  158  y  161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en la redacción entonces vigente, al contrario de lo acaecido en el caso objeto de la  sentencia 97/2022, de 7 de febrero , citada por el Ministerio Fiscal, en la que sí se había dado cumplimiento a lo previsto en esos preceptos legales, de modo que en aquel caso podía entenderse que había existido una actuación deliberada del demandado para evitar ser emplazado.

10.-  Las razones expuestas determinan que la demanda de revisión deba ser estimada.

    Costas y depósito  

  Pese a resultar estimada la demanda de revisión, no se impuso por el TS imposición de las costas por concurrir serias dudas de derecho, a la vista de las circunstancias concurrentes, en concreto, la falta de retirada por parte del demandante de la carta certificada con acuse de recibo con la que se intentó realizar el emplazamiento.

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