COMPRAVENTA DE VIVIENDA EN UNION MORE UXORIO: COMPUTACION DE LAS APORTACIONES REALIZADAS.

I.- JURISPRUDENCIA RESPECTO DE LA POSIBLE APLICACIÓN DE LAS NORMAS REGULADORES DEL REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL A LAS UNIONES MORE UXORIO

Como síntesis jurisprudencial, respecto de las llamadas uniones de hecho, uniones libres ó uniones paramatrimoniales «o more uxorio«, se decía en Sentencia de 21-10-1992: «…Sin dejar de reconocer la plena legalidad de toda estable unión de hecho entre un hombre y una mujer (como manifestación del derecho fundamental al ‘libre desarrollo de la personalidad’; art. 10 C.E.) y la susceptibilidad de constituir con ella una familia tan protegible como la creada a través de unión matrimonial ( art. 39 C.E.), no es menos cierto que dicha unión libre o de hecho no es una situación equivalente al matrimonio ( S. del T. Const. 19/90, de 19-11 y Auto 156/87 del mismo Tribunal) y, al no serlo, no puede ser aplicada a aquélla (en cuanto a las relaciones personales y patrimoniales de los conviventes) la normativa reguladora de éste, pues los que en tal forma se unieron, pudiendo haberse casado, lo hicieron, precisamente (en la generalidad de los casos), para quedar excluidos de la disciplina matrimonial y no sometidos a la misma. Por ello, entendemos que la normativa reguladora del régimen económico-matrimonial (Título III del Libro IV del C.c.) no puede considerarse automáticamente aplicable a toda unión libre, por el mero hecho del surgimiento de la misma, ello sin perjuicio de que, atendidas las circunstancias de cada caso concreto, pueda predicarse la aplicabilidad (no por ‘analogía legis’, que aquí no se da, sino por ‘analogía iuris’) de algún determinado régimen económico de los diversos que, para el matrimonio regula el citado Título del C.c., siempre que quede patentizado, por pacto expreso o tácito (deducido éste de sus hechos concluyentes e inequívocos) que la voluntad de los conviventes fue someterse al mismo, por lo que esta Sala entiende que no cabe la posibilidad de considerar que toda unión patrimonial (‘ more uxorio‘), por el mero y exclusivo hecho de iniciarse, haya de llevar aparejado el surgimiento automático de un régimen de comunidad de bienes (llámese de gananciales, sociedad universal de ganancias, condominio ordinario o de cualquier otra forma), sino que habrán de ser los conviventes interesados los que, por su pacto expreso o por sus ‘facta concludentia’ (aportación continuada y duradera de sus ganancias o su trabajo al acervo común) los que evidencien que su inequívoca voluntad fue la de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos (suponemos que a título oneroso) durante la duración de la unión de hecho…»; en Sentencia de 30-12-94 «…el examen analógico comparativo de las uniones de hecho y las matrimoniales no ofrecen unas considerables diferencias; así, mientras las primeras son simplemente fácticas, están al margen del acto formal matrimonial, las segundas no, lo que da lugar a que respecto de estas últimas surjan una serie de derechos a la vez que muy diversas obligaciones, tal acontece por ejemplo con la creación del ‘status iuris’ casado/a que tampoco es de aplicación a las uniones ‘ more uxorio‘; lo mismo acontece con los requisitos que la disolución de las matrimoniales requieren y no juegan para las de puro hecho…»; Sentencia de 18-3-95 «…dice la S. 18-2-93 que ‘conocida es la doctrina del TS (SS. entre las más recientes, de 21-1011-12-92) en el sentido de venir declarando, la imposibilidad de aplicación a estas uniones ‘ more uxorio‘ de las normas reguladoras de la sociedad de gananciales; pues aún reconociéndose sin limitación el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, y la susceptibilidad de constituir mediante estas uniones libres o de hecho una familia, perfectamente protegible por la Ley, no por eso cabe equipararlas como equivalentes a las uniones matrimoniales, por lo que no pueden ser aplicables a las primeras las normas reguladoras de esta institución (S.T.C. 15-11-90)’.Y continúa diciendo esta S. 18-2-93 que ‘de ahí que la doctrina jurisprudencial haya tenido que acudir en estos casos, a los pactos expresos o tácitos existentes entre los interesados, que la voluntad de los convivientes de constituir un condominio o una sociedad particular o universal; y estos pactos expresos o los ‘facta concludentia’, debe inequívocamente evidenciar que fue su voluntad la de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la duración de la unión de hecho’…»; y en Sentencia de 27 de mayo de 1994 «…el libre desarrollo de la personalidad lleva a algunas personas a uniones ajenas al vínculo legal del matrimonio e incluso a crear vínculos paternofiliales y, por ende, familiares, dignos de protección. Sin embargo, expresamente se declara que tales uniones quedan fuera de la normativa del régimen económico matrimonial, con el que no tiene analogía; que las posibles consecuencias económicas de tal convivencia al tiempo de su ruptura pueden en algún caso asemejarse a las sociedades cuando se acredite la ‘affectio societatis’, que no puede inferirse sólo de la convivencia ‘ more uxorio‘, porque en éstas cabe también aceptar la plena independencia económica de quienes la practican…».

II.- CASO DE STS, Civil sección 1 del 04 de abril de 1997 ( ROJ: STS 2386/1997 – ECLI:ES:TS:1997:2386 )

En cuanto a la relación de la vivienda en pareja de hecho es muy interesante la STS, Civil sección 1 del 04 de abril de 1997 ( ROJ: STS 2386/1997 – ECLI:ES:TS:1997:2386 ), que no excluye en ciertos casos la aplicación analógica de las normas del régimen de gananciales, dictada en un caso en que la demanda solicitaba se dictara sentencia condenando a la expareja  demandada a que se declarara nulo y sin efecto, por falta de causa y simulación, el contrato de compraventa figurado en la escritura pública, suscrito entre la demandada y el vendedor don Marcelino, declarándose así mismo nulo y sin validez alguna el negocio jurídico de donación encubierto por la citada compraventa otorgada por el actor a la demandada por ilicitud de su causa y la falta de los requisitos formales que la Ley exige para su validez.- 2º.- En su defecto, y para el caso que no se estime como nula la donación encubierta, se declare la revocación de la misma por causa de ingratitud.- 3º.- Se declare, para el caso de que se estime cualquiera de los dos pedimentos anteriores, la titularidad dominical del actor sobre la vivienda.- 4º.- Subsidiariamente, y para el caso de que no se estimara ninguno de los pedimentos anteriores, se declare aplicable el régimen económico matrimonial previsto en los  artículos 1396 y ss del C.c ., declarándose el carácter ganancial de la vivienda.- 5º.- Se declare en todos estos casos la rectificación del Registro de la Propiedad de Valencia.

Por el Juzgado se desestimó la demanda, y la sentencia se apeló, y la Audiencia Provincial de Valencia Sección Sexta, dictó sentencia con fecha 26 de febrero de 1993, cuyo fallo es como sigue: «Se estima el recurso y con revocación de la Sentencia apelada, se declara que la vivienda pertenece en común por partes iguales a los litigantes; procediéndose en ejecución de sentencia a la liquidación de los bienes adquiridos por los mismos durante el tiempo de su unión extramatrimonial, que respondan a los títulos de adquisición que enumera el art. 1347 y siguientes del Código Civil  para los bienes gananciales, siguiendo las normas que señala el artículo 1396 y siguientes. Se declare el derecho del demandante a pedir en su caso la correspondiente rectificación en el Registro de la Propiedad de la inscripción practicada por la escritura.

Se recurre en casación, que se resuelve declarando HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación legal de DOÑA Angelina, contra la Sentencia pronunciada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha 26 de febrero de 1993, que revocamos, confirmando la del  Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de los de dicha Capital, de fecha 11 de julio de 1991, con los siguientes fundamentos de derecho:

1º) Que, la aplicación analógica de las normas del régimen de gananciales debe mantenerse cuando no existen elementos derivados de la propia conducta de los que así conviven determinante de la exclusión de esa aplicación analógica, y ello, por el sentido estricto con que debe entenderse cualquier juego extensivo del régimen de gananciales, pues si bien puede ser aplicable en las llamadas uniones de hecho o «more uxorio», como se dice, ello habrá de ser cuando en la compulsa de la conducta concreta de la convivencia que ha presidido esta unión, no aparezcan circunstancias de hecho, o, hasta instrumentos de pactos expresos suficientes, que eliminen esa aplicación de reenvio.

2º) Que referido el litigio, fundamentalmente, al carácter exclusivo o comunitario de la vivienda, inicialmente adquirida por el actor en documento privado en 22 de febrero de 1982, documento privado que posteriormente queda integrado, o como, por así decir, viene a embeberse en la posterior escritura pública de compraventa de citado piso, de 15 de febrero de 1985, es llano, pues, que debe la Sala especular si en este acto adquisitivo prevalecen los aspectos comunitarios o de exclusiva pertenencia de quien aparece como titular, adquirente o comprador de citado piso; y al efecto destaca, por un lado, que siendo, el documento privado posteriormente reemplazado por la escritura pública correspondiente, no es posible entender en caso alguno, que pueda prevalecer su contenido con respecto al de la escritura, por lo que es evidente que la titularidad exclusiva aparece a favor de la demandada, lo que se avala por la transcripción que se ha hecho del F.J. 1º, de la recurrida, en donde se prueba que básicamente el importe de la contraprestación dineraria viene asumido por la misma demandada a través de las asunciones de las obligaciones crediticias, y operaciones de préstamo concertados el mismo día de 15-2-1985, para abonar ese precio.

3º) No obstante, sí parece como también se acredita, que ha habido una aportación económica por parte del actor, en los términos que se han especificado en el F.J. 1º, ello únicamente deriva en que al margen de la prevalencia de la titularidad que emana del documento público y que es inconcusa, le corresponderá al actor un derecho al reintegro de la cantidad que, en su caso ,está acreditada fue aportada por el mismo para el pago de ese precio; las demás peticiones de la demanda, que son también objeto de acogida por la parte dispositiva de la Sentencia apelada, deben igualmente decaer, ya que en definitiva, se reitera, no acreditada, pues, la existencia de una conducta acorde con la intención de que se apliquen al contenido económico de la unión las disposiciones del régimen de gananciales, y sobre todo, constando por lo transcrito, datos suficientes para entender que en esta unión de Hecho, funcionaba en exclusiva, un sistema afín a la separación de los efectos económicos de cualquier conducta tendente a incorporar bienes a la unión, (siendo para ello bien significativo cuanto se hace constar en el propio F.J. 3º sobre la gestión y disposición del premio de la lotería), es evidente que también decaerá el pronunciamiento de la Sentencia apelada acerca de la aplicación de los efectos de la sociedad de gananciales a la liquidación de los bienes adquiridos por dicha unión;

III.- TITULARIDAD DE LA VIVIENDA O REINTEGRO DE CANTIDADES ABONADAS PARA LA COMPRA DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN UNION MORE UXORIO

Teniendo en cuenta lo anterior, es interesante la resolución respecto de la demanda a la expareja de hecho del reintegro de la cantidad de 56.354,91 euros que se consideraba le debía como cantidad en exceso aportada para la adquisición de la vivienda antes de la formalización de la escritura de compraventa y también el reintegro de la cantidad de 32.142,30 euros correspondientes al 50% de las cantidades que en concepto de préstamo hipotecario que satisfizo hasta la interposición de la demanda respecto de la vivienda familiar, cuyo uso se atribuyó a dicha expareja con hijos comunes menores de edad.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial  de Granada, en apelación – Rollo Nº 489/16 – los autos de juicio Ordinario nº 355/15 del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Granada, en sentencia de fecha 9 de marzo de 2018, fundamentó:

Como establece la sentencia del T. Supremo de 22 de enero de 2001, con remisión a la de 21 de octubre de 1992, citada por extenso en la de 23 de julio de 1998, no cabe la posibilidad de considerar que toda unión paramatrimonial (more uxorio), por el mero y exclusivo hecho de iniciarse, haya de llevar aparejado el surgimiento automático de un régimen de comunidad de bienes (llámese gananciales, sociedad universal de ganancias, condominio ordinario o de cualquiera otra forma), sino que habrán de ser los convivientes interesados los que, por pacto expreso o por sus «facta concludentia» (aportación continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo al acervo común) evidencien que su inequívoca voluntad fue la de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos (suponemos que a título oneroso) durante la duración de la unión de hecho»; doctrina que reitera la sentencia de 27 de mayo de 1998 según la cual «del hecho de que exista una convivencia «more uxorio» no se puede deducir sin más aquella voluntad; si alguna deducción lógica cabe hacer es la de que cada uno conserva su total independencia frente al otro; que no quieren contraer obligaciones recíprocas personales y patrimoniales que nacen del matrimonio.

 Es decir, que si bien no son equiparable los efectos económicos del matrimonio, no por ello se puede excluir la posibilidad de extender las consecuencias de la comunidad de intereses que, en el plano personal, comporta la unión «more uxorio», al régimen de ganancias y pérdidas operadas durante su vigencia por vía de pacto entre sus integrantes.

 Pues no podemos olvidar que, como elemento característico esencial de dicha unión, destaca la voluntad de ambos integrantes de constituir una comunidad de socorro mutuo, con ánimo de perdurar en el tiempo, a la que, por propia naturaleza, no le puede resultar extraña la incorporación del patrimonio resultante de los bienes o derechos que reviertan durante su vigencia. Sin que, en este caso revista mayor relevancia la procedencia del metálico con el que se adquieran, precisamente por la vocación de universalidad que subyace en la dedicación de ambos componentes al mutuo interés en que, como finalidad compartida, se asienta la unión».

Así pues, la proyección a la compra, por mitades indivisas, de la vivienda familiar en el marco de la comunidad de intereses que implica la unión «more uxorio» , sin acuerdo expreso de participación paritaria en el pago del precio, o en la amortización del préstamo hipotecario contraído para su satisfacción, se inserta en el compromiso de socorro mutuo y cooperación en la satisfacción de los intereses de sus integrantes, así como, preferentemente, de los de los hijos comunes que conforman la familia; esto último, reforzado por el marco de las obligaciones correspondientes a ambos progenitores como inherentes a la patria potestad. Lo cual llama a la computación de forma indistinta de las aportaciones realizadas por cualquiera de sus integrantes, tanto para la parte del precio dispuesta a la firma de la hipoteca, como para la amortización de la parte financiada por medio de préstamo hipotecario. Siendo, desde este punto de vista, improcedente la dicotomía que trata de establecer el apelante entre cantidades dispuestas para pago a la firma de la escritura, y aquellas otras aplicadas a la amortización del préstamo hipotecario. Pues tanto unas como otras redundan en la misma finalidad retributiva del precio del pleno dominio adquirido por mitades indivisas para ambos compradores.

Más aún, si consideramos la inexistencia de pacto alguno sobre reconocimiento de obligaciones de cualquiera de los progenitores por las aportaciones del otro, las cuales, más bien, se insertan en el implícito acuerdo sobre aplicación indistinta de recursos para el levantamiento de las cargas y necesidades familiares. Tal y como lo demuestra el hecho de la ausencia de contabilidad de tipo alguno de la que, mínimamente, hubiera de deducirse la voluntad de compensar aportaciones con reconocimiento de créditos por saldos a favor o en contra de cualquiera de aquéllos. Para lo que no obsta la mera remisión a apuntes aislados sobre satisfacción de gastos, sin correspondencia con aportaciones genéricas y constantes reveladoras de acuerdo específico sobre distribución de las cargas familiares de forma independiente y diferenciada para cada uno de los componentes de la unión de hecho.

Conforme a la sentencia del T. Supremo de 14 de mayo de 2004,  «lo que sí se ha planteado es la relación de convivencia more uxorio y la sentencia recurrida ha ignorado la comunidad personal y patrimonial que lleva a la adquisición, por mitad y partes iguales, de la vivienda que va a ser la común (…) ha sido reiterada la jurisprudencia que ha estimado la demanda de la conviviente more uxorio frente al conviviente que reclama una parte de los bienes adquiridos durante el período de convivencia, que están bajo la titularidad del demandado. Este caso es el inverso: durante el período de convivencia, se adquiere un bien por mitad pro indiviso de los dos -la vivienda común- y, tras la ruptura, uno de ellos pretende que se declare su exclusiva propiedad; la sentencia recurrida estima su demanda, por entender que la verdadera voluntad era que fuera él el único adquirente, lo cual es absurdo pues en el negocio bilateral ella nunca tuvo esta voluntad, y por estimar la falta de causa porque ella «no aportó en su compra su parte correspondiente» e ignora que una convivencia es no sólo una comunidad económica, sino además una comunidad de vida y las aportaciones personales de la convivencia -además de tener un indiscutible valor económico (así, artículo 103, medida 3ª, segundo párrafo)- no pueden obviarse al determinar la propiedad de una cosa común. (…) «Tras lo expuesto, es clara la estimación del recurso de casación. Las partes adquirieron y así lo declararon voluntaria y conscientemente -ni siquiera se ha alegado lo contrario- la vivienda por mitad y partes iguales: el documento público hace prueba en cuanto a las declaraciones que hicieron, como dispone el artículo 1218 del Código civil; la sentencia no lo ha estimado así y ha infringido dicho artículo, por lo que prospera el motivo primero. (…) El mantenimiento durante toda la convivencia, de la cotitularidad dominical de los dos convivientes sobre su vivienda, adquirida por mitad y pro indiviso, implica que la petición por uno de ellos de que es de su exclusividad propiedad por haberla pagado desconociendo la colaboración y la aportación de ella, la infracción de la doctrina de los actos propios, por lo que prospera también el motivo tercero. (…)El que pruebe, como afirma la sentencia de la Audiencia Provincial, «que fue adquirida con dinero de la exclusiva propiedad del mismo» (el demandante, conviviente) no implica que la vivienda sea de su exclusiva propiedad; ésta la adquirieron los dos, con intención consciente y libre: él aportó dinero, ella aportó su colaboración personal; de la misma forma que en un matrimonio con régimen económico-matrimonial de bienes, convenido en capitulaciones (cada vez más frecuente) o como régimen legal presuntivo (en Cataluña y Baleares) sería absurdo que tras una separación y a salvo las medidas que prevé la ley, el esposo que fuera el único que tuviera capacidad económica, obtuviera la propiedad exclusiva de todo lo adquirido a nombre de los dos: son los casos frecuentísimos, en que el fruto del ahorro -de los dos- se pone a nombre de ambos. Es decir, la prueba de la aportación económica no implica la consecuencia jurídica de la propiedad exclusiva de lo adquirido, siendo así que el negocio jurídico de adquisición no ha sido impugnado y dándose el caso de las aportaciones personales de la convivencia concurren con las económicas, siendo indiscutible que el ahorro y el esfuerzo para tal adquisición son comunes. Por tanto, no puede estimarse la demanda en que pide la declaración de propiedad exclusiva de la vivienda adquirida en común.(…) Tampoco se puede estimar la pretensión alternativa de que se declare que la división de la cosa común sea proporcional a las aportaciones de cada uno de los adquirentes, porque lo que pretende y así se expresa claramente en la demanda, es que la proporción sea de las aportaciones exclusivamente económicas, prescindiendo de las personales propias de una convivencia, como si éstas no fueran tales aportaciones. (…) En definitiva, procede la desestimación de la demanda, lo que implica el mantenimiento de la copropiedad que consta en la escritura pública y está inscrita en el Registro de la Propiedad».

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