I.- EJECUCION DINERARIA DE FAMILIA

Las actuaciones de embargo se clasifican según los tipos de bienes embargados, así pueden existir diligencias de embargo de cuentas, créditos, valores, inmuebles, entre otras. 

En el marco del embargo judicial, podemos distinguir a su vez entre embargos en ejecución forzosa dineraria ( arts 571 a 698 LEC), y no dineraria ( 699 a 720, y 776 de la LEC), y entre embargos preventivos como medida cautelar ( art. 727.1ª LEC),  y embargos ejecutivos en el procedimiento de ejecución.

El embargo en ejecuciones judiciales se entenderá hecho desde que se decrete por el Letrado de la Administración de Justicia o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba ( artículo 587 LEC).

En derecho de familia la ejecución matrimonial se rige básicamente por las normas del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-, relativo a la ejecución forzosa y medidas cautelares – 517 y ss-, con las reglas especiales establecidas en el artículo 776 de la LEC, que lleva por rúbrica: ejecución forzosa de los pronunciamientos de medidas, y literalmente prescribe que:

Los pronunciamientos sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de esta ley, con las especialidades siguientes:

1.ª Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el letrado o letrada de la Administración de Justicia multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas.

2.ª En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario prevista en el apartado tercero del artículo 709 y podrán, si así lo juzga conveniente el Tribunal, mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en dicho precepto.

3.ª El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas siempre y cuando sea acorde con la evaluación del interés superior del menor realizado previamente.

4.ª Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto”.

El artículo 711 de la LEC regula como establecer la cuantía de las multas coercitivas.

La previsión de las multas coercitivas como medida de ejecución se realiza en diversos supuestos, como es en las obligaciones de hacer o no hacer en  los artículos 699, 709 y 711 de la LEC; al ejecutado para que realice la manifestación de bienes y derechos suficientes que cubran la cuantía de la ejecución -art. 589.3 LEC-; a los sujetos obligados a colaborar en la ejecución de sentencia –art. 591.2 LEC–; al ejecutado o terceros para evitar que dificulten las tareas de administración de los bienes embargados –art. 676.3 LEC–.

La utilización de la multa coercitiva como medida indirecta de ejecución se realiza con la previa formulación de requerimiento a que se cumpla la medida y advertencia de sufrir determinadas consecuencias perjudiciales en caso de que ese cumplimiento no se produzca, y otra, en el caso de que no se cumpliese la imposición de la multa, que realmente es más propia de una obligación de hacer o no hacer que del impago de una pensión, pues para esta están los intereses de demora, que son aquellos que se aplican como penalización cuando el deudor incumple las obligaciones de pago.

2.-INTERESES POR MORA

Existen diversas clases de intereses de demora:

  1. Interés por mora contractual, a la que se refiere el artículo 1108, que determina que, si la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.
  2.  Interés legal del dinero, que se aplica como indemnización por daños y perjuicios cuando el deudor no ha pagado una deuda, incurriendo en la mora a que se refiere el artículo 1100 del CC, y tampoco se ha pactado otro tipo de interés, y es al que se refiere el párrafo primero del artículo 1.109 del Código Civil.
  3. Interés por mora procesal, al que se refiere el artículo 576 de la LEC, es aplicable en la liquidación de intereses dentro de un proceso de ejecución fundado en un título judicial, y se aplican de oficio, es decir, mientras que los intereses del art.1108 del Código Civil deben ser expresamente solicitados y recogidos en la resolución judicial, los del art.576 de la LEC no precisan de su solicitud para que exista condena expresa a su abono.
  4. Interés de demora comercial o para operaciones comerciales – Ley 3/2004, de 29 de diciembre-, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publica cada semestralmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este tipo de interés. La Resolución de 28 de diciembre de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2024: a efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en la redacción dada por el artículo 33.Tres de la Ley 11/2013, el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural de 2024 es el 12,50 por 100.

Los intereses moratorios son una reparación legal del daño por retraso en el pago, mientras que los intereses procesales buscan el cumplimiento inmediato de una resolución judicial ambos son complementarios y contribuyen evitar la depreciación económica de la deuda.

Señala este artículo 576.1 LEC que desde que fue dictada en primera instancia la sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley. Establecido anteriormente se aplicará a todo tipo de resolución judicial o laudo arbitral y a los acuerdos de mediación que imponen al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas.

En todo caso, en general, se deberá tener en cuenta además que el artículo 1173 del Código Civil dispone: «Si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intereses».

Por otra parte, aunque el anatocismo (la posibilidad de aplicar intereses sobre intereses) no está permitido por el artículo 317 del Código de Comercio en el ámbito mercantil, salvo que medie entre las partes contratantes pacto por escrito aceptándolo, por el que se capitalicen los intereses líquidos y no satisfechos, que, como aumento de capital devengarán nuevos réditos; sin embargo, el artículo 1109 del Código Civil, al regular los Intereses vencidos, con carácter general determina que los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto. En los negocios comerciales se estará a lo que dispone el Código de Comercio.

En 2024 se sigue aplicando el interés legal del dinero y de demora previstos para 2023. El tipo de interés legal del dinero vigente es el 3,25%, y el tipo de interés por mora procesal el 5,25%.

Los intereses de demora se computan desde el primer día de retraso en el pago, y su cálculo se efectúa por días impagados.

Aunque el art. 711 de la LEC es más propio de ejecuciones de hacer o no hacer, pero también  se introduce en la ejecución dineraria de familia a través del 776 LEC, por lo que trascribimos aquí su redacción:

“Para determinar la cuantía de las multas previstas en los artículos anteriores se tendrá en cuenta el precio o la contraprestación del hacer personalísimo establecidos en el título ejecutivo y, si no constaran en él o se tratara de deshacer lo mal hecho, el coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas. Las multas mensuales podrán ascender a un 20 por ciento del precio o valor y la multa única al 50 por ciento de dicho precio o valor.

La sentencia estimatoria de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios impondrá, sin embargo, una multa que oscilará entre seiscientos y sesenta mil euros, por día de retraso en la ejecución de la resolución judicial en el plazo señalado en la sentencia, según la naturaleza e importancia del daño producido y la capacidad económica del condenado. Dicha multa deberá ser ingresada en el Tesoro Público”.

Además, artículo 774.5 de la LEC señala que: “5. Los recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en ésta. Si la impugnación afectara únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará por el Letrado de la Administración de Justicia la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, separación o divorcio”.

3.- CANTIDAD LIQUIDA POR LA QUE SE DESPACHA EJECUCIÓN

La ejecución forzosa dineraria pretende el pago de una cantidad líquida de dinero. La demanda ejecutiva deberá precisar la cantidad por la que se solicita despacho de ejecución y, en su caso, ir acompañada de los documentos que la justifican.

Concretamente el artículo 575 de la LEC establece que en la demanda ejecutiva hay que determinar específicamente, por un lado y separadamente, la cantidad de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos y, por otro, sin necesidad de concretar en la demanda la cantidad, los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución, y la condena en costas en su caso ( 572.1 LEC).

También en la demanda ejecutiva podrá solicitarse la ampliación de la ejecución para el caso de que, una vez despachada, y antes de su conclusión, venciera algún plazo o la totalidad de la obligación en virtud de la cual se procede. En tal caso deberá presentarse en la demanda una liquidación final de la deuda, incluyendo los vencimientos de principal e intereses producidos durante la ejecución.

La cantidad determinada en la demanda debe ser líquida, y coincidir con la del título ejecutivo, o que se pueda determinar con una simple operación aritmética (como la suma del principal y los intereses debidos), en cuyo caso se tendrá por cantidad dineraria como líquida a efectos de ejecución.

Pero si no está determinada la cantidad dineraria de la ejecución forzosa, se tiene que hacer la conversión a una cantidad líquida, como ocurre en los casos de ejecución de resoluciones judiciales de condena a una prestación no dineraria, o condena a daños y perjuicios, o de frutos y rentas puede ser necesaria para determinar la liquidación del objeto de condena acudir al procedimiento de los artículos 712 a 720 de la ley de enjuiciamiento civil referentes a dicha liquidación de daños y perjuicios, de frutos y rentas, y de rendición de cuentas de una administración.

4.- GASTOS EXTRAORDINARIOS

Respecto de la determinación judicial de los gastos extraordinarios a los efectos de integrar el título que justifique la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas en los procesos de familia, la regla 4ª del art. 776 de la LEC, regula un incidente declarativo previo al despacho de ejecución forzosa por gastos extraordinarios no expresamente previstos en el título ejecutivo judicial.

Se trata de un incidente meramente declarativo, sistemáticamente ubicado en el ámbito de las reglas especiales para la ejecución forzosa de medidas en los procesos de familia, que es configurado legalmente como una cuestión incidental de previo pronunciamiento con efecto suspensivo respecto del proceso principal de ejecución forzosa en reclamación de gastos extraordinarios.

Ello hace de aplicación a este incidente declarativo las disposiciones generales contenidas en los artículos 387 a 393 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referidos a las cuestiones incidentales, en todos los aspectos que no estén regulados de forma empresa y concreta en la propia regla 4ª del artículo 776.

Es por tanto una cuestión incidental de previo pronunciamiento incardinable en el número 3º del artículo 391 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( «…cualquier otra incidencia que ocurra durante el juicio y cuya resolución sea absolutamente necesaria, de hecho o de derecho, para decidir la continuación del juicio por sus trámites ordinarios o su terminación»), ya que el seguimiento de este incidente ha de ser previo al despacho de ejecución ( «…deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario…») y la terminación y resolución del mismo, en sentido favorable a la declaración del gasto como extraordinario, constituye un presupuesto necesario para el despacho de ejecución.

Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 390 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el planteamiento de la cuestión incidental de previo pronunciamiento suspenderá el curso de las actuaciones hasta que aquella sea resuelta.

Por lo dispuesto en el artículo 776,4ª de la LEC, en relación con lo establecido en el artículo 551.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el seguimiento de este incidente declarativo de previo pronunciamiento es un requisito o presupuesto necesario para  despachar ejecución por los gastos extraordinarios reclamados, pues con el mismo se complementa el título examinando el juez  si el gasto reclamado como extraordinario está o no expresamente previsto como tal en las medidas definitivas o provisionales judiciales. En caso negativo no se despachará ejecución hasta la resolución del incidente.

5. – REQUERIMIENTO DE PAGO (art.580 a 583 de la LEC)

En la ejecución dineraria de familia normalmente no se requerirá el previo requerimiento de pago para despachar ejecución, pues conforme al artículo 580 de la LEC no es necesario cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso y acuerdos de mediación.

6.-EMBARGO DE BIENES  ( art.584 a 633 de la LEC)

Despachada ejecución y practicado, en su caso, el requerimiento de pago, se procede al embargo de bienes del ejecutado, si no se paga o consigna.

El embargo o embargo ejecutivo, es la actividad jurisdiccional desarrollada en la ejecución forzosa, mediante la cual se persigue la individualización de bienes suficientes del patrimonio del deudor, declarándolos sujetos a la ejecución, para proporcionar al acreedor una cantidad de dinero, bien directamente, porque pueda ser habido, o bien a través de la realización de otros elementos patrimoniales susceptibles de convertirse en dinero.

En cuanto a la actuación del tribunal  no se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes, ni aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación, y de cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación.

Son inembargables, entre otros:

  • Los bienes de dominio público que pertenezcan al Estado, las CCAA o las Entidades Locales (art. 30 de la y art. 80 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pública art.30; y art. 80 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).
  • Los bienes y derechos que siendo titularidad de las Administraciones Públicas no tengan el carácter de demaniales (L 33/2003 art.7).
  • Los bienes declarados inembargables por la Ley de Enjuiciamiento Civil ( 605 a 608 LEC).
  • Los bienes pertenecientes a estados extranjeros afectos al desenvolvimiento de la actividad de las misiones diplomáticas o consulares.

No se embargarán bienes cuyo valor exceda de la cantidad por la que se ha despachado ejecución, salvo que resulte necesario para los fines de esta (artículo 584); cabe consignar la cantidad por la que se despachó ejecución en cuyo caso se suspenderá el embargo (artículo 585); el embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el LAJ (artículo 587); será nulo el embargo indeterminado, aunque cabe el embargo de los saldos que arrojen las cuentas en entidades de crédito, siempre que el o la LAJ determine una cantidad como límite máximo (artículo 588).

Impugnada una diligencia de embargo en la que se incluyeron indebidamente valores de los que la deudora no era la titular, se procede a su modificación limitando su alcance a los que eran de su propiedad.

La jurisprudencia entiende que debe aplicarse a todas las actuaciones de embargo y apremio  el principio de conservación de las actuaciones del procedimiento no afectadas por un vicio de nulidad o anulabilidad constatado, simplemente corrigiendo la diligencia o Decreto.

Cuando los fondos se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares solo se embargará la parte correspondiente al deudor. A estos efectos, en caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el embargo podrá alcanzar a la parte del saldo correspondiente al deudor, entendiéndose que corresponde a partes iguales a los titulares de la cuenta, salvo que conste una titularidad material de los fondos diferente.

El embargo tiene necesariamente que incidir sobre bienes y derechos determinados. No es posible el embargo de bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. Pero el art. 588 no impide el embargo de cosas futuras  o de expectativas jurídicas, siempre que se identifiquen de un modo indubitable (AP Alicante auto 15-2-06, respecto de las aportaciones sucesivas de copropietarios morosos de la comunidad de propietarios). Debe tratarse de expectativas jurídicamente relevantes y no de meras hipótesis de consolidación de bienes y derechos en el patrimonio del ejecutado (AP Barcelona auto 23-1-04).

Cabe requerir al ejecutado mediante diligencia ordenación para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, porque personas y con qué título. El requerimiento de manifestación de sus bienes debe hacerse con apercibimiento de las acciones que puede imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no preste la relación de sus bienes, o incluya bienes que no sean suyos, o excluya bienes propios, o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesen. Si el ejecutado no señala de bienes susceptibles de embargo o el valor de los señalados fuere insuficiente para el fin de la ejecución, el letrado de la administración de justicia dictará decreto advirtiendo al ejecutado de que, en caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o de insolvencia actual, puede comunicar al juzgado competente el inicio o la voluntad de iniciar negociaciones con acreedores para alcanzar un plan de reestructuración, con paralización de las ejecuciones durante esa negociación en los términos establecidos por la ley; y que, si encontrándose en estado de insolvencia actual no lo hace, tienen el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer ese estado de insolvencia. El secretario judicial puede imponer multas coercitivas al ejecutado que no correspondiere al requerimiento. Para fijar la cuantía de las multas se tendrá en cuenta la cantidad por la que se haya despachado ejecución, la resistencia a la presentación de la relación de bienes y la capacidad económica del requerido, pudiendo modificarse dejarse sin efecto el apremio económico en atención a la ulterior conducta del requerido y a las alegaciones que pudiera efectuar para justificarse. (Artículo 589 referente a manifestación de bienes del ejecutado).

Si el ejecutante no puede designar bienes suficientes, el LAJ acordará por diligencia de ordenación dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas y jurídicas que el ejecutante indique, para que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia.

Es decir, solamente después de haber requerido al ejecutado para que manifieste bienes para el embargo la LAJ se dirigirá en la a las entidades que el ejecutante indique. Y en esa indicación del ejecutante, este debe expresar las razones por las que estime que la entidad, organismo, registro o persona de que se trate dispone de información sobre el patrimonio del ejecutado. Es decir, no cabe un oficio investigativo.

Tampoco la LAJ reclamará datos de organismos y registros cuando el ejecutante pudiera obtenerlos por sí mismo, o a través de su Procurador, debidamente facultado al efecto por su poderdante. Porque el juzgado no es una gestoría. Ni un despacho de detectives. Y cuando lo solicita el ejecutante y a su costa, su Procurador podrá intervenir en el diligenciamiento de los oficios que hubieran sido liberados a tal efecto y recibir la cumplimentación de los mismos, sin perjuicio del deber de colaboración de todas las personas en las actuaciones de ejecución, a que se refiere el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De hecho, el tribunal, previa audiencia de los interesados, podrá, en pieza separada, acordar la imposición de multas coercitivas periódicas a las personas y entidades que no presten la colaboración que el tribunal les había requerido con arreglo al apartado anterior. En la aplicación de estos apremios, el tribunal tendrá en cuenta los criterios previstos en el apartado 3 del artículo 589 LEC, y las sanciones impuestas se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

7.- INEMBARGABILIDAD.

Señala el artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que son bienes absolutamente inembargables: 1.º Los animales de compañía, sin perjuicio de la embargabilidad de las rentas que los mismos puedan generar. 1.º bis Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 3.º Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 4.º Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.

No son embargables los créditos futuros aún no nacidos por no haberse efectuado aún ningún acto jurídico que los origine (ya sean cantidades facturadas o pendientes de facturar, incluso por prestaciones de servicios aún no realizadas, consecuencia de cualquier tipo de contrato en vigor con la empresa deudora a cuyo pago esté obligada). La normativa no contempla la embargabilidad de créditos de incierta existencia futura pues un crédito futuro que aún no ha nacido no puede estar pendiente de pago.

8.- ARTÍCULO 607 DE LA LEC

El artículo 607 LEC establece un sistema de inembargabilidad en ejecuciones judiciales dinerarias progresivo, en una determinada cuantía de los sueldos y pensiones o su equivalente en el ámbito de la ejecución, en el que se distingue entre un primer tramo inembargable, que lo establece en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por ser una cantidad que se considera necesaria para garantizar la supervivencia digna del deudor y su familia, y en lo que exceda de la misma, cabe el embargo en tramos progresivos en el porcentaje que indica el precepto.

Esta norma busca equilibrar dos principios fundamentales: por un lado, el derecho del acreedor a obtener el cobro de la deuda alimenticia o compensatoria derivada de la sentencia; y por otro, el derecho del deudor a percibir una cantidad mínima indispensable para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. El embargo sobre los límites establecidos será nulo de pleno derecho.

En caso de que se trate de una cuenta de entidad financiera en la que se efectúe habitualmente el abono del salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la LEC, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario, pensión o retribución del deudor o su equivalente. A estos efectos se considerará sueldo, salario, pensión, retribución o su equivalente el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en el que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.

En 2024 el SMI es de 1.134 €/mes por 14 pagas. Es decir, los primeros 1.134 euros mensuales del salario o pensión son inembargables. La cantidad del salario o pensión que exceda del Salario Mínimo Interprofesional se puede embargar por los acreedores en base a un porcentaje que establece el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil según los tramos de la cuantía del salario o pensión sobre el SMI.

Por ejemplo, en un salario de 2000 euros, es inembargable 1.134€/mes (SMI), pero en lo que supere el SMI, estaríamos en el primer tramo:

Salario embargable: 2.000  (salario) – 1.134€ (SMI)  = 866€

Total embargable: 30% de 866 € = 259,8€

Es decir, de un salario o pensión de 2000€/mes solo cabe embargar 259,8€

¿Las pagas extraordinarias se pueden embargar?

Sí, las pagas extraordinarias se pueden embargar según los tramos que hemos explicado anteriormente.

Ejemplo: Cobras mensualmente 2000€ y recibes dos pagas extraordinarias de 2000€. En los meses que cobras la paga extraordinaria se aplica el embargo que hemos explicado en el apartado anterior, llegando al segundo tramo: 50% de las cantidades restantes hasta tres veces el SMI.

Ejemplo: Salario inembargable: 1.134€/mes (SMI)

Salario embargable el mes de paga extraordinaria:

Primer tramo: primeros 1.134 euros por encima del SMI (doble SMI)

30% de 1134€ = 340,2€

Segundo tramo: 4000€ (tu salario) – 2.268€ (doble SMI) = 1732€

50% de 1732€ = 866€

Total embargable: 340,2€ (1º tramo) + 866€ (2º tramo) = 1206,2€

Es importante destacar que:

Se acumulan las percepciones: Si el deudor percibe ingresos de distintas fuentes, estas se acumulan para determinar el importe a embargar.

Se deducen ciertos descuentos: Antes de aplicar el embargo, se deben deducir del salario bruto las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones por IRPF.

En los casos dudosos de si cabe o no el embargo por los límites establecidos al mismo, la carga de la prueba de que el saldo, el salario o la pensión es inembargable corresponde a quien la invoca. En el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso, en de 15 de marzo de 2024, dictada en recurso 7696/2022, respecto del embargo de saldos de una cuenta corriente en la que era transferida la cuantía de una pensión por importe de menos del SMI, se planteaba la duda de si se estaba embargando ahorro o la pensión, admitiéndose el embargo porque el titular de la cuenta embargada no probó que el origen de los saldos de la cuenta embargada procedían de la pensión inembargable, de acuerdo con las reglas de la distribución de la carga de la prueba y del principio de facilidad probatoria, recogido en el artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

9.- ¿CABE EQUIPARA LA PENSIÓN COMPENSATORIA A LA PENSION DE ALIMENTOS A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 608 DE LA LEC?

Como excepción a los límites en la cuantía del embargo del artículo 607 de la LE, en ejecución judicial de pensiones alimenticias, el juez puede acordar un embargo mayor al previsto en la escala general, conforme establece el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es dudoso si la pensión compensatoria es incluible en esta excepción del artículo 608, y existen criterios de la jurisprudencia menor contradictorios.

Para resolver la cuestión podemos tener en cuenta que en materia de ejecución forzosa de resoluciones judiciales que establecen pensiones de alimentos o compensatorias, en el espacio judicial europeo hay que aplicar el Reglamento 4/2009, que ha sido llamado también Bruselas III, por el que los Estados Miembros vinculados por el Protocolo de la Haya de 2007, sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias, que lo son todos los EEMM de la Unión, salvo Dinamarca, el reconocimiento de una resolución judicial estableciendo la pensión de alimentos o compensatoria será automática, es decir, sin necesidad de reconocimiento previo por un procedimiento interno (art. 17).

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mantiene una interpretación amplia de lo que entenderse por alimentos, puesto que lo son todas aquellas prestaciones que la ley establece con el objetivo de paliar las necesidades económicas de ciertas personas y que se imponen sobre ciertos parientes o personas que disponen de mayores recursos económicos (STJUE de 20 de marzo de 1997, Farell/Long, asunto C-295/95), por lo que se engloba la pensión compensatoria, entendiendo equivalentes la pensión de alimentos y la pensión compensatoria.

Es interesante la doctrina a favor de la sección 6 de la Audiencia Provincial de Málaga, expuesta en su Auto del 18 de diciembre de 2023 (ROJ: AAP MA 2905/2023 – ECLI:ES:APMA:2023:2905A ), en el que distingue el significado sustantivo del procesal respecto de la pensión compensatoria a los efectos del artículo 608 de la ley de enjuiciamiento civil.

A nivel de derecho sustantivo o material, la pensión compensatoria que regula el artículo 97 del Código Civil, tiene distinta naturaleza de la pensión de alimentos regulada en los artículos 142 y siguientes del Código Civil, pero a nivel procesal, si bien el artículo 608 de la L.E.C., utiliza el término «alimentos», y una interpretación rígida y literal de la norma, ciertamente, impedirá su aplicación a la pensión compensatoria, dada su distinta naturaleza y finalidad. Sin embargo, la expresión legal «alimentos debidos al cónyuge» debe entenderse en sentido amplio comprensivo de la pensión compensatoria; de considerarse que dicha expresión legal debe ser entendida en sentido estricto carecerá de sentido aplicada a alimentos a favor de un cónyuge en procesos de nulidad y divorcio en los cuales, con el pronunciamiento principal, declaración de nulidad del vínculo en el primer caso, y disolución del vínculo marital en el segundo, desaparece el vínculo marital, esto es, el vínculo de parentesco sobre el que se asienta la obligación alimenticia; la palabra alimentos que utiliza el artículo 608 de la L.E.C, a juicio de dicha sección de la Audiencia Provincial de Málaga, y en una inteligencia lógica del precepto, debe abarcar las prestaciones económicas periódicas y fraccionadas establecidas en un proceso matrimonial tanto a favor de hijos comunes como de uno de los cónyuges, bien como pensión alimenticia, bien como pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil, más cuando este artículo contempla como factores de tal prestación, entre otros, el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge, en similares términos a los factores a considerar en orden a la fijación de alimentos.

Con esta diferencia interpretativa, finalizamos esta aportación, que complementamos con la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por la sección 4 de la Audiencia Provincial de La Coruña – Roj: AAP C 23/2023 –  ECLI:ES:APC:2023:23ª-, que interpreta en el sentido de excluir a la pensión compensatoria del artículo 608, y que transcribo literalmente por su interés:

A U T O

A Coruña, a nueve de febrero de dos mil veintitrés

ANTECEDENTES DE HECHO

1.Correspondió a esta sección de la AP el recurso de apelación interpuesto por don Landelino contra un  auto de fecha 29 de enero de 2021 dictado por el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de A Coruña  (de Familia), que desestimó el recurso de reposición que, en el marco de una ejecución de títulos judiciales, había interpuesto como ejecutado contra una decisión anterior de embargo de su pensión de jubilación en aseguramiento del pago futuro de la pensión compensatoria que debe a la ejecutante, doña Piedad, en virtud de una sentencia de separación matrimonial de 11 de enero de 2002, revisada y confirmada en su importe actualizado y carácter indefinido por otra  sentencia del mismo juzgado de 27 de noviembre de 2020 , confirmada en apelación por esta misma  sección de la AP por sentencia de 18 de marzo de 2021 .

2. Tras la deliberación del recurso señalada para el día 10 de enero de 2023 la sala acordó, de conformidad con lo establecido en el  artículo 5, apartados 2  y  3, de la Ley orgánica del Poder Judicial  y en el  artículo 35 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional , con suspensión de la tramitación del recurso, dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común e improrrogable de diez días acerca de la pertinencia de plantear al Tribunal Constitucional la cuestión relativa a la inconstitucionalidad del  artículo 607 de la LEC  en su proyección sobre la efectividad del derecho reconocido a uno de los cónyuges en una sentencia de separación o divorcio a percibir del otro una pensión compensatoria por desequilibrio económico (  artículo 97 CC  ) y, en particular, sobre la compatibilidad de la norma legal aplicable al caso -supuesto que no lo es el  artículo 608 LEC , que se refiere a pensiones alimenticias- con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (  artículo 24 de la CE  ) y con el derecho a la igualdad sin discriminación (  Artículo 14 CE  ).

3. Dentro del plazo concedido se recibieron los escritos de alegaciones del apelante y de la apelada. La representación del ejecutado y apelante Sr. Landelino pone de manifiesto el diferente tratamiento que las pensiones alimenticias y la compensatoria tienen no solamente en la LEC sino también en la legislación concursal (la referencia, expresamente al artículo 147. 3, ha de entenderse hecha al apartado 3 del    artículo 124 del RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo ) y en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo cual a su vez es reflejo de su diferente naturaleza, como reiteradamente ha destacado la jurisprudencia del TS. La representación de la ejecutada y apelada, Sra. Piedad, argumentó en línea con la duda jurídica expresada por la sala, especialmente en casos como el presente en los que la pensión compensatoria acordada «tiene un claro componente alimenticio, dado que doña Piedad carecía y carece de cualquier tipo de ingresos, razón también por la que se desestimó la demanda de modificación de medidas que presentó el Sr. Landelino (Autos de MMC nº. 76/2020 y recurso 205/21)».

4 .- El Ministerio Fiscal no presentó escrito de alegaciones

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Antecedentes relevantes y objeto del recurso   

1. En el marco de la  ejecución de títulos judiciales número 97/19 del Juzgado de Primera Instancia Número Tres de A Coruña  (Juzgado de Familia), por providencia de fecha 16 de septiembre de 2020 acordó el juzgado dirigir oficio al INSS para que, con cargo a la pensión de jubilación que percibe don Landelino, procediese a retener mensualmente la cantidad de 428,51 € como medida de aseguramiento de la pensión compensatoria que tiene derecho a percibir doña Piedad, ordenando el juzgado a la entidad pagadora el ingreso mensual de la suma retenida directamente en la cuenta de la ejecutante. «Todo ello -dice la providencia- en aplicación del  artículo 608 de la LEC  «.

2. Con anterioridad a la providencia se había recibido en el juzgado información sobre la pensión que percibe el Sr. Landelino del INSS según la cual su importe ascendía por entones a 1.439,40 € mensuales, con catorce pagas al año.

3. El ejecutado, don Landelino, interpuso recurso de reposición contra la providencia del juzgado. El recurso reivindicaba el derecho del ejecutante a que fuesen respetados los límites de embargabilidad del  artículo 607 LEC , e invocaba en favor de su tesis una resolución de la AP de A Coruña, Sección Quinta, así como la doctrina jurisprudencial sobre la naturaleza no alimenticia de la pensión compensatoria. Finalizaba solicitando la nulidad del embargo en lo que exceda de los límites de embargabilidad del  artículo 607 de la LEC .

4. El recurso de reposición fue desestimado por  auto del juzgado de fecha 29 de enero de 2021 .

5. El Sr. Landelino interpuso recurso de apelación contra el auto del juzgado que, tras la estimación por la Audiencia de un recurso de queja, fue finalmente admitido a trámite, sustanciado con la parte apelada y remitido a la Audiencia Provincial, correspondiendo su conocimiento a esta sección Cuarta. El recurso de apelación del ejecutado insiste en su planteamiento anterior, esto es, en la necesidad de que se respeten los límites de embargabilidad del  artículo 607 LEC  por carecer la pensión compensatoria de naturaleza alimenticia, lo que hace inaplicable el  artículo 608 LEC  en que se funda la providencia del juzgado, como consecuencia de lo cual el embargo acordado es nulo.

6. La pensión compensatoria reconocida a favor de doña Piedad y a cargo de don Landelino procede de una sentencia de separación matrimonial de 11 de enero de 2002; su importe inicial fue de 300,00 € mensuales. Tras pasar el obligado a la situación de jubilación, promovió éste un procedimiento de modificación de medidas que se tramitó en el  Juzgado de Primera Instancia Número Tres de A Coruña con el nº. 76/2020, y que finalizó con sentencia desestimatoria de 27 de noviembre de 2020  según la cual: »  de lo acreditado se desprende: a) la falta de cotizaciones impide a la esposa acceder a una pensión de jubilación contributiva; b) la esposa se dedicó a la familia, incluida la crianza de los hijos del matrimonio; c) la esposa, no está en condiciones de acceder al mercado laboral de un modo pleno, por su edad, estado de salud y falta de cualificación profesional y de pensión, como disfruta el esposo».  La  sentencia del juzgado fue confirmada en apelación por la de 18 de marzo de 2021 dictada por esta misma sección Cuarta de la Audiencia  Provincial.

 SEGUNDO .- La norma legal aplicable al caso:          Art. 607 LEC         . La pensión compensatoria por desequilibrio. Naturaleza jurídica.   

7. Como argumenta la parte apelante, la norma aplicable al caso es el  artículo 607 de la Ley de enjuiciamiento civil . Con arreglo a su apartado 1 es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Como la pensión de jubilación del Sr. Landelino no supera dos veces el SMI, el límite embargable sería en este caso el 30% de esa primera cuantía adicional, conforme a lo previsto en el apartado 2 1º del mismo artículo. No consta el importe actual de la pensión del INSS que percibe el obligado, pero suponiendo que su importe mensual fuese el del año 2021 (1.439,40 €), con un SMI vigente en 2021 de 965,00 € al mes (RD 817/2021, de 28 de septiembre), la medida de aseguramiento no podría exceder bajo esas condiciones de 142,32 € en los meses sin paga extra.

8. La pensión compensatoria por desequilibrio (  artículo 97 del Código civil  ) no es una pensión alimenticia, según reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo. La  STS 407/2008, de 29 de junio , destaca que su dimensión  «es distinta de la pensión alimenticia, dado que mientras esta tiende a cubrir necesidades subsistenciales, aquella tiene carácter estrictamente compensatorio o reparador del desequilibrio patrimonial ocasionado por la separación o el divorcio en la posición económica de uno de los cónyuges, respecto a la conservada por el otro, en relación con la que ambos venían disfrutando durante el matrimonio, que tiende específicamente a evitar que la ruptura o cesación de la vidaconyugal suponga para uno de los esposos un descenso en el nivel de vida efectivamente gozado en el transcurso de esa relación con independencia de la situación de necesidad mayor o menor del acreedor» . »  No se trata de una pensión de alimentos  «, dice tajantemente la  STS 236/2018, de 17 de abril , con cita de las  SSTS de 22 de junio de 2011  y  18 de marzo de 2014 , a su vez citadas en la más reciente  STS 100/2020, de 12 de febrero , que contiene una amplia reseña de resoluciones del TS sobre la caracterización de la pensión compensatoria.

9. No puede ser de aplicación al caso, por ello, el  artículo 608 de la LEC , que permite superar los límites de embargabilidad en la cuantía que fije el juez cuando se procede en ejecución de sentencia, o cautelarmente, para hacer efectivo el «pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la Ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos o de los decretos o escrituras públicas que formalicen el convenio regulador que los establezcan».

10. En la práctica de los tribunales, anterior incluso a la actual LEC, se acude en ocasiones a la norma del  artículo 608 LEC  cuando la pensión compensatoria cumple, en el caso particular, una función alimenticia, es decir, cuando se trata del único o el principal medio de subsistencia con que cuenta la perceptora. Incluso se ha postulado una interpretación del precepto que, sin consideración a la concreta situación de la acreedora, supere su tenor literal y permita extenderlo »  a las prestaciones fraccionadas y periódicas establecidas en un pleito matrimonial, ya sea bajo la denominación específica de alimentos, ya como pensión compensatoria regulada en el      artículo 97 del Código civil     , en cuanto todas esas formas de prestación económica vienen a cubrir necesidades alimenticias que no pueden ser ignoradas y que tienen perfecto encaje en el precepto  » (el entrecomillado procede de varios  autos de la Sección 10ª de la AP de Valencia, p.ej., 308/2020, de 4 de junio , o  161/2012, de 8 de mayo  ).

  1. A criterio de esta sala, una interpretación del  artículo 608 de la LEC  que permita su aplicación a la pensión compensatoria excede de los márgenes y de los instrumentos que acota el  artículo 3. 1 del Código civil . Que la pensión compensatoria pueda ocasionalmente consistir en el medio único o principal de subsistencia de la acreedora, no permite ignorar que no se trata de una obligación de pagar alimentos que  nazca directamente de la ley , aparte de que esa misma circunstancia podría invocarse o detectarse en otros muchos supuestos en los que el acreedor no dispone de otro medio de subsistencia que la prestación que le debe su deudor. Si el sentido propio de las palabras es el punto de partida de toda interpretación (  art. 3.1 del CC), es pertinente recordar que el texto del  artículo 608 LEC  fue recientemente revisado por el legislador, con ocasión de la reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, y tras la reforma sigue refiriéndose exclusivamente a la ejecución de «sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la Ley». Cierto es que no se ha corregido la relativa impropiedad de la referencia a «pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos», siendo así que nunca se podrán fijar alimentos a favor de un cónyuge en sentencias de nulidad o divorcio; pero en el criterio de esta sala esa referencia no permite asentar una solución interpretativa que fuerza no solo el sentido propio de las palabras del precepto, sino también su espíritu y finalidad, porque al legislador de 2015 ya no pudo pasar desapercibido que reiterados pronunciamientos jurisprudenciales y estudios doctrinales de los últimos años diferenciaban nítidamente la pensión compensatoria de la obligación de pagar alimentos. No debemos olvidar, por último, que el cónyuge en cuya compañía quedan los hijos menores es ordinariamente el acreedor de la pensión alimenticia debida por el otro progenitor, establecida en la sentencia como contribución al sostenimiento de los hijos comunes, lo que acaso explique mejor la referencia que contiene el precepto.
  2. Es una evidencia que, en la mayor parte de los casos, la acreedora de la pensión compensatoria tras una sentencia de separación o divorcio es la mujer. En el diseño legal mismo de las circunstancias del artículo 97 pesa con claridad el rol que tradicionalmente se ha atribuido a la mujer en el matrimonio, el sacrificio de sus posibilidades de promoción laboral o profesional en beneficio de la casa, de los hijos y la familia, favoreciendo con ello que el marido alcance o consolide una posición que, a partir de la ruptura de la convivencia, conllevará en muchos casos para la mujer un deterioro de su posición económica en contraste con la que su cónyuge conserva, en relación con la que ambos venían disfrutando durante el matrimonio. Pero ni siquiera desde esta perspectiva, que invoca a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como principio informador del ordenamiento jurídico, para integrarse y observarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas (interpretación  con perspectiva de género  que impone el  artículo 4 de la LO 3/2007, de 22 de marzo  ), es posible llegar a una solución  contra legem , como en nuestro criterio sería la que equiparase pensión de alimentos y pensión compensatoria para permitir la superación de los límites del artículo 607.

 TERCERO.-  Disfunciones derivadas de la aplicación del artículo 607 a la pensión compensatoria, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la igualdad sin discriminación.   

13. El presupuesto de la pensión compensatoria es el desequilibrio patrimonial tras el cese de la convivencia y como consecuencia de esa ruptura. Los elementos del  artículo 97 CC  cumplen, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doble función de servir como determinantes del desequilibrio y como criterios para fijar el importe y la duración de la pensión. En una situación como la del litigio principal en la que los ingresos con los que se sostuvo la familia eran exclusivamente los del marido, primero por su salario y ahora por su pensión de jubilación, los términos actuales del subsistente desequilibrio son los de un cónyuge que ingresa mensualmente 1.439,40 € brutos y otro que carece de ingresos; bajo similares premisas se acordó en su día (año 2002) una pensión compensatoria a cargo del esposo, y de nuevo en consideración a esa misma situación ha sido recientemente confirmada la subsistencia e importe de la pensión, tras el intento de supresión/modificación que promovió el Sr. Landelino y que finalizó con la  sentencia de esta sección de la AP de 18 de marzo de 2021 .

14. Conforme a los elementos de análisis que resultan de la  sentencia 113/1989, de 22 de junio, del Pleno del Tribunal Constitucional , es en primer lugar inaceptable que por vía de aplicación del  artículo 607 LEC  se haga inefectivo (o parcialmente inefectivo) el derecho de crédito que una sentencia ha reconocido a uno de los cónyuges valorando para ello, precisamente, la totalidad de los ingresos mensuales del otro, sin descontar, por lo tanto, la parte inembargable de los mismos. Sin dejar de reconocer que el derecho fundamental a que se ejecuten las sentencias firmes participa de la naturaleza de derecho de prestación que caracteriza al derecho a la tutela judicial efectiva (  Art. 24 de la CE  ), con lo que las concretas condiciones de su ejercicio corresponde establecerlas al legislador, la limitación legal (  Art. 607 LEC  ) carece de justificación constitucional en su proyección sobre la pensión compensatoria del  artículo 97 del CC , no responde a una razonable finalidad de protección de otros  valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos.  Si la regla general de inembargabilidad del artículo 607 tiene innegable fundamento constitucional, porque  «resulta razonable y congruente crear una esfera patrimonial intangible a la acción ejecutiva de los acreedores que coadyuve a que el deudor pueda mantener la posibilidad de una existencia digna  «, esa intangibilidad sirve en este caso a una finalidad diferente e injustificable, esto es, permite neutralizar la eficacia de un derecho reconocido a uno de los cónyuges para paliar el desequilibrio de su posición en comparación con la del otro. Un derecho cuyo contenido económico se ha calculado en función de la totalidad de los ingresos mensuales de uno de los cónyuges que sustentaron la vida en común, se limita a continuación -en sede ejecutiva o cautelar- preservando a favor del obligado y en perjuicio de la acreedora la parte inembargable de esos mismos ingresos mensuales.

15. Por otra parte, aunque la pensión compensatoria no persiga igualar patrimonios, es indudablemente una institución que responde al reconocimiento de una concreta situación de desigualdad entre los cónyuges generada durante la convivencia matrimonial por razón de las circunstancias que la caracterizaron, y que incide particularmente sobre uno de ellos cuando se produce la ruptura por razón de la separación o el divorcio. Desde esta perspectiva, sirve a la preservación del derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación (Artículo 14 CE  ) y, particularmente, a la igualdad jurídica entre los cónyuges que proclama el  artículo 32. 1 de la CE  y concreta el  CC en su artículo 66 . Consiguientemente, una norma legal que tiene el efecto de neutralizar la efectividad de la pensión compensatoria reconocida a uno de los cónyuges, favoreciendo inicuamente a quien ha sido judicialmente condenado a compartir con el otro los beneficios de su posición tras la ruptura de la convivencia, resulta ser también contraria al derecho fundamental a la igualdad ante la Ley. Es pertinente recordar aquí, de nuevo, las circunstancias sociológicas que están en el origen de la institución de la pensión compensatoria y a las que ya hemos hecho referencia en el párrafo 12 de estos razonamientos jurídicos, porque el resultado de la aplicación del  artículo 607 LEC  es, en este contexto, el de la consagración de una injustificable discriminación indirecta por razón de sexo. La norma perjudica particularmente a las mujeres, porque son normalmente mujeres -en muchos casos sin recursos propios, con pocas o nulas posibilidades de acceso a un empleo- las acreedoras frente a su cónyuge o ex cónyuge de la pensión compensatoria por desequilibrio; y lo hace restando o anulando la efectividad de un derecho que le ha sido judicialmente reconocido precisamente por razón de la concreta desigualdad en que el desequilibrio consiste. El enfoque que impone el principio de la transversalidad de la perspectiva de género nos revela que el resultado al que conduce la aplicación de la norma legal cuestionada es también inaceptable desde la consideración del derecho fundamental a la igualdad sin discriminación.

16.Es cierto que, como apunta la parte apelante, la pensión compensatoria recibe un trato diferencial frente a la pensión de alimentos en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, como por ejemplo en el Texto refundido de la Ley concursal (RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo) o en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Con ello, sin embargo, únicamente se pone de manifiesto la distinta naturaleza jurídica de las dos instituciones, que es algo que este tribunal no cuestiona. Lo que hemos tratado de argumentar es que la aplicación de la regla general de inembargabilidad del  artículo 607 a la ejecución o el seguramiento del derecho a la pensión compensatoria resulta contraria a los    artículos 24  y  14 de la CE . La norma procesal es la única aplicable a nuestro litigio y no estamos, por ello, autorizados a cuestionar ante el TC otras diferentes.

 CUARTO.-  Planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad .

  1. El  artículo 35 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional  establece que cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
  1. De lo hasta ahora expuesto se deriva que este tribunal cuestiona la constitucionalidad del artículo 607 de la Ley de enjuiciamiento civil  en su proyección sobre la ejecución o el aseguramiento cautelar del derecho a percibir una pensión compensatoria por desequilibrio, judicialmente reconocido en una sentencia de divorcio o separación a favor de uno de los cónyuges frente al otro. Consideramos que la norma legal es, en las expresadas circunstancias, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva del    artículo 24  de la Constitución , que abarca el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten (  Art. 24. 1 ,  117. 3  y  118 de la Constitución  ), y contraria también al derecho fundamental a la igualdad ante la ley, sin discriminación por razón de sexo (  Artículo 14  de la Constitución ), porque discrimina indirectamente a las mujeres, a las que particularmente perjudica negando o restando efectividad al derecho compensatorio que sirve para paliar el desequilibrio que soportan, tras el cese de la convivencia, por razón del rol que han asumido en el reparto de tareas propio de la estructura familiar tradicional.
  1. La cuestión se ha suscitado cuando el recurso de apelación está pendiente de resolución y dentro del plazo para dictarla, tras oír a las partes. El Ministerio Fiscal, como ya hemos indicado, no ha dirigido escrito de alegaciones a la sala dentro del plazo concedido.

PARTE DISPOSITIVA

La sala acuerda, con suspensión del recurso de apelación, plantear al Tribunal Constitucional la cuestión de la inconstitucionalidad del  artículo 607 de la Ley de enjuiciamiento civil  ( embargo de sueldos y pensiones) en su proyección sobre la ejecución o el aseguramiento cautelar del derecho a percibir una pensión compensatoria por desequilibrio, judicialmente reconocido en una sentencia de divorcio o separación a favor de uno de los cónyuges frente al otro, por ser contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del    artículo 24  de la Constitución , que abarca el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten (  Art. 24. 1,  117. 3  y  118 de la Constitución ), y al derecho fundamental a la igualdad ante la ley, sin discriminación por razón de sexo ( Artículo 14  de la Constitución  ).

Conforme a lo establecido en el artículo 36 de la LOTC, remítase a la mayor brevedad al Tribunal Constitucional testimonio de los autos principales, encabezado con los de esta resolución y de los escritos de alegaciones que las partes han presentado en el trámite de audiencia.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma el Tribunal en el lugar y fecha arriba indicados. Doy fe.-

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