PERPETUATIO FORI EN RESPONSABILIDAD PARENTAL

La perpetuatio fori en responsabilidad parental significa que, una vez válidamente fijada la competencia judicial internacional (normalmente por la residencia habitual del menor al tiempo de la demanda), el órgano judicial mantiene esa competencia durante todo el procedimiento, aunque después cambie la residencia habitual del niño.​

Concepto técnico

En el sistema Bruselas II bis / Bruselas II ter, el art. 8 (actual art. 7) conecta la competencia con la residencia habitual del menor en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional, lo que el TJUE identifica expresamente como consagración del principio de perpetuatio fori. Ello implica que el cambio posterior de residencia habitual dentro de la UE no desplaza automáticamente la competencia a los tribunales del nuevo Estado, de modo que el juez “originario” continúa conociendo del fondo hasta dictar una resolución definitiva o hasta que opere un mecanismo de transferencia previsto por la propia norma.

​Bruselas II ter (Reglamento UE 2019/1111) es aplicable en España a partir del 1 de agosto de 2022 y solo rige para procedimientos, documentos públicos y acuerdos iniciados o formalizados desde esa fecha en adelante. En procedimientos de modificación de medidas, reconocimiento o ejecución tramitados en España, se mantiene la norma de origen: si el procedimiento extranjero matrimonial/parental se inició antes del 1‑8‑2022, su reconocimiento se examina conforme a Bruselas II bis; si se inició después, conforme a Bruselas II ter.

Alcance práctico en la UE

En términos prácticos, la perpetuatio fori asegura estabilidad procesal: el foro se “congela” al tiempo de la litispendencia y protege al menor frente a traslados estratégicos que pretenden forzar un cambio de jurisdicción (“forum shopping”). No obstante, el Reglamento prevé foros especiales de continuidad o de transferencia (por ejemplo, foros de proximidad o acuerdos de prórroga en interés superior del menor), que permiten, en casos tasados, desplazar la competencia al Estado de la nueva residencia habitual cuando resulte más adecuado para la protección del niño.

Excepción: traslado lícito a tercer Estado

La cláusula “salvo traslado lícito” alude, sobre todo, a la situación en que, durante el procedimiento, la residencia habitual del menor se desplaza de forma lícita a un tercer Estado parte del Convenio de La Haya de 1996, lo que activa la regla de prioridad de este Convenio frente al Reglamento en materia de protección de menores. En esta hipótesis, el TJUE ha declarado que el órgano jurisdiccional del Estado miembro no conserva indefinidamente su competencia ex art. 8 si el menor adquiere residencia habitual en un tercer Estado contratante del Convenio de 1996, puesto que este instrumento no admite perpetuatio fori en su foro general de residencia habitual.​

Traslado lícito dentro de la UE

Si el traslado es lícito y se produce entre Estados miembros, la lógica es distinta: el Reglamento mantiene la competencia del Estado de origen mientras el asunto está pendiente, sin perjuicio de reglas específicas de continuación (como la competencia temporal del Estado de la antigua residencia para visitas tras un traslado lícito durante tres meses, en la regulación anterior) o de posibles acuerdos/procedimientos de transferencia en interés del menor. De este modo, el cambio regular de residencia dentro de la UE se gestiona mediante los mecanismos internos del Reglamento (continuidad, cooperación, eventual transferencia), y no mediante una ruptura automática del foro inicial.​

Contraste con el traslado ilícito

En el traslado o retención ilícitos, el principio se refuerza: el Reglamento prevé expresamente que los órganos jurisdiccionales del Estado de la residencia habitual anterior del menor conservan la competencia en materia de responsabilidad parental hasta que se cumplan determinadas condiciones acumulativas (integración del menor, transcurso del tiempo, falta de reacción del progenitor, etc.). La perpetuatio fori opera aquí como herramienta de desincentivo y sanción frente al progenitor sustractor, impidiendo que se beneficie de un cambio de competencia derivado de su propia conducta ilícita.

​El período crítico de reacción es un año. Es el lapso que el sistema concede al progenitor left‑behind para activar la restitución; si no lo hace en ese año, se abre la puerta a alegar la integración del menor en el nuevo entorno y a consolidar la nueva situación jurisdiccional.

El art. 12 del Convenio de La Haya de 1980 distingue entre solicitudes de restitución presentadas antes y después de un año desde el traslado o retención ilícitos. En los supuestos de traslado ilícito, el “dies a quo” es el primer acto relevante que vulnera el derecho de custodia (por ejemplo, la salida del país de residencia habitual sin consentimiento o contra resolución judicial).

Solo si la solicitud se presenta transcurrido ese año es jurídicamente relevante la excepción de “integración del menor en su nuevo medio”, de manera que el juez puede denegar el retorno inmediato si se acredita dicha integración.

En el plano de competencia (art. 10 Bruselas II bis, hoy art. 9 y concordantes del Reglamento 2019/1111 Bruselas II ter), ese mismo año opera como parámetro: transcurrido el año y acreditada la integración, la competencia puede desplazarse al Estado de la nueva residencia habitual, siempre que además haya inacción o aquiescencia del titular de la custodia. De este modo se equilibra la finalidad antifraude (no premiar al sustractor) con el principio de proximidad y el interés superior del menor, evitando que el foro de origen se mantenga de forma indefinida cuando el niño ya está objetivamente arraigado en otro Estado.

La “integración del menor en el nuevo medio debe ser probada por la parte que se opone a la restitución del menor. Las pruebas suelen consistir en informes psicológicos sobre las condiciones de vida del menor y su grado de integración social, escolar, lingüística, etc. (SAP Salamanca 2 noviembre 2022 [traslado de bebé in útero desde Italia a España]: frente a la escasa documentación aportada por la apelante, no cabe sino concluir como el Juez de la instancia, pues la madre en ese caso no aporta ningún contrato de alquiler en España, ni contrato laboral en España, ni informe de vida laboral en España, ni declaraciones fiscales en España, ningún otro documento que permita corroborar de forma fehaciente su residencia habitual en España ,ni antes ni después del nacimiento del menor;  También las declaraciones del menor son elemento clave para valorar su integración en el nuevo medio siempre que se trate de menores bien informados y con un grado de madurez sólido (SAP Barcelona 6 octubre 2023 [sustracción de menores desde Brasil a España]).

La “integración” “va más allá del simple aterrizaje, aclimatación o acomodo y exige probar que a lo largo del tiempo no solo se ha vivido en un lugar, sino que el desenvolvimiento de esa vivencia se ha traducido en vínculos afectivos, sociales, en la asistencia y participación activa y habitual en actividades escolares, extraescolares o de ocio con compañeros, profesores, amigos o vecinos, planes conjuntos, en la presencia en actos festivos, lúdicos o culturales y, sobre todo en menores de corta edad, la integración con los progenitores, familias extensa y entorno escolar y de juego -SAP Guadalajara 7 febrero 2025 [traslado de menor desde Rumanía a España]-.

CASO: Asunto C-572/21:  Este caso se refiere a procedimientos en Suecia y la Federación Rusa y trata, en particular, de la aplicabilidad del principio de perpetuatio fori contemplado en el artículo 8(1) del Reglamento Bruselas II bis.