EFECTO LLAMADA EN LA OCUPACION DE INMUEBLES

Las 10 principales nacionalidades de los inmigrantes en España, según el INE.

Existe un grave problema de vivienda, es indiscutible. Y se ha producido no porque tengamos una nueva generación de hijos de españoles que demandan vivienda.

La tasa de natalidad en España ha estado disminuyendo en los últimos años, mientras que el crecimiento poblacional sigue siendo positivo debido a la inmigración y la adquisición de nacionalidad española por parte de personas nacidas en el extranjero.

En 2023, hubo 322,075 nacimientos en España, lo que representa un descenso del 2% en comparación con el año anterior y una disminución del 24.1% en la última década.

La población de España aumentó en 85,870 personas durante el cuarto trimestre de 2023 y se situó en 48,592,909 habitantes a 1 de enero de 2024. Este valor representa el máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 507,548 personas. El incremento poblacional se debió principalmente al aumento de personas nacidas en el extranjero, que superó a la población de nacionalidad extranjera debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española. Además, el número de extranjeros aumentó en 72,504 personas durante el trimestre, llegando a un total de 6,491,5021.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí1. La ciudad autónoma de Melilla (0.64%), la Comunidad de Madrid (0.44%) y la Comunitat Valenciana (0.41%) experimentaron los mayores aumentos de población.

En resumen, el crecimiento poblacional derivado de la inmigración en España viene siendo muy significativo en relación a la carencia de vivienda.

Además dos tercios de los extranjeros residentes viven en cuatro comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, y solo siete provincias (Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia, Baleares y Murcia) concentran el 57% del total.

El extranjero que llega, y no tienen patrimonio o  ingresos bastantes para acceder a la propiedad de un inmueble, o  encuentra que muy gravoso buscarse la vida con una solución habitacional, o sus circunstancias familiares no permiten que duerman en cualquier sitio, como es cuando tiene hijos menores, si no puede ser de otra manera,  no pocos optan por la  ocupación de vivienda, pues la legislación de nuestro país es muy tolerante a este hecho, especialmente si el ocupante lo hace con menores.

La propia Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, añade una Disposición Adicional 7ª a la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé que en caso de ocupaciones de vivienda en vía penal, los Juzgados deberán dar traslado de la situación a la Administración pública competente, para la protección de personas menores de edad, dependientes, con discapacidad o víctimas de violencia de género.

La legislación que se ha promulgado a raiz del Covid, y se ha mantenido actualmente, dificulta y retrasa la devolución posesoria de los inmuebles allanados o usurpados a sus propietarios al amparo de la vulnerabilidad del usurpador o de la dificultad de su posible alojamiento, y no le previene para que no vuelva a ocupar en caso de que le desalojen, produciéndose con todo ello un efecto llamada a la ocupación de inmuebles respecto de ciertos inmigrantes, pero también respecto de un sector de población ya residente en España con necesidad de alojamiento.

En el caldo de ocupaciones de inmuebles que se ha generado, han surgido incluso grupos u organizaciones criminales que actúan ocupando inmuebles y cediéndolos a terceros para que continúen el despojo a cambio de un precio, existiendo actualmente un mercado de inmuebles ocupados.

Desde la seguridad jurídica y del respeto a la propiedad, la vulnerabilidad  y necesidad de realojamiento, no deberían ser razones que retrasaran la recuperación del inmueble al propietario despojado del mismo por la usurpación o allanamiento.

Es un problema social que debe resolver el gobernante sin trasladarlo a los propietarios de los inmuebles, actualmente desprotegidos frente a estos delitos, lo que no solo perjudica al mercado del alquiler, elevando los precios de estos, y expulsando del miso precisamente al sector de ciudadanos con menos recursos o posibilidad de afianzamiento del contrato de inquilinato. También en muchos casos provoca que pasen los propietarios directa o indirectamente a la autoprotección, lo que puede victimizarles doblemente pues esta si se persigue con más efectividad que el delito que la provoca.

https://es.statista.com/temas/5468/inmigracion-en-espana/#topicOverview

https://www.epdata.es/datos/nacimientos-muertes-estadisticas-graficos-datos-ine/67/espana/106

https://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/Plantilla100Detalle/1285279902003/Streaming/1285286121276/Recurso

https://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/Plantilla100Detalle/1285279902003/Streaming/1285286128647/Recurso

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