NADIE PUEDE BENEFICIARSE DE SU PROPIA TORPEZA

   STS número 479/2019, Civil sección 1 del 18 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2816/2019 – ECLI:ES:TS:2019:2816 )

Antecedentes

Caso que plantea si la esposa debe restituir el saldo deudor de unos contratos declarados nulos con firmeza de tal declaración de dichos contratos financieros,  por falta de consentimiento de la cliente -esposa-, cuya firma fue falsificada por su marido, que firmó los contratos fuera de la entidad bancaria alegando que ella no se podía desplazar por motivos de trabajo.

1.-  Son hechos relevantes, declarados como tales por la Audiencia Provincial, que D. Tania, entonces marido de D.ª Daniel, imitó o falsificó la firma de esta, sin que la misma tuviera el menor conocimiento, al efecto de formalizar a su nombre una serie de préstamos al consumo y tarjetas de crédito, aduciendo que su esposa no podía acudir a firmar porque estaba trabajando durante el horario de apertura de la sucursal, que entonces era de la entidad Banesto, logrando incluso cambiar la dirección donde se enviaban los extractos de las cuentas por correo para que no se enterara, facilitando desde entonces un apartado de correos en lugar del domicilio del matrimonio. Como consecuencia de tales operaciones se devengó un saldo deudor de 17.808,37 euros, que fue cedido por el Banco de Santander (sucesora a su vez de la entidad Banesto) a Aiqon Capital Lux S.A.R.L.

D.ª Tania reaccionó ante estos hechos acudiendo a la sucursal de Banesto a pedir explicaciones, se divorció de su esposo e interpuso contra el mismo una querella por falsedad documental.

Por estos hechos se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Cáceres, en las que D. Daniel reconoció los hechos. Se produjo el sobreseimiento cuando D. Daniel falleció.

Desde entonces, D.ª Tania viene sufriendo un padecimiento psiquiátrico reactivo.

 2.-  D.ª Tania interpuso demanda contra Aiqon Capital Lux S.A.R.L. en la que solicitó la declaración de nulidad de los contratos (préstamos al consumo y contrato de tarjeta de crédito) por ausencia absoluta de consentimiento.    La actora alegó en su demanda que, entre 2007 y 2011, quien en ese momento era su marido, sin su consentimiento ni su conocimiento, y con la colaboración de los empleados de Banesto, había falsificado su firma para contratar varios productos, consistentes en distintos créditos al consumo y que suscribió a nombre de ella, pero firmando solo él, un contrato de tarjeta de crédito. Explicó que el Banco ingresó los importes de los créditos en la cuenta bancaria de la demandante en la que el esposo, con quien estaba casada en régimen de separación de bienes, ni siquiera estaba autorizado, y que realizó extracciones con la tarjeta y se hizo con un talonario de cheques y falsificó también su firma para apoderarse del dinero.

La actora alegaba que solo tuvo conocimiento de ello cuando se le requirió el pago del saldo deudor que, a pesar de haber sido aminorado mediante ingresos que pudo efectuar gracias a la ayuda de familiares, alcanzaba la cuantía de 17.808,37 euros. La imposibilidad de conocimiento derivaba de que el esposo logró que la entidad cambiara la dirección de envío de notificaciones, que dejaron de enviarse al domicilio de la actora y pasaron a enviarse a un apartado de correos con el fin de ocultar las operaciones concertadas a sus espaldas.

En su demanda, la actora razonó que no procedía la restitución de cantidad alguna por su parte por mediar causa torpe por parte de la entidad, que con su actuar negligente permitió que su entonces marido celebrara en su nombre los contratos que ella no solicitó, haciendo constar datos falsos (como la existencia de régimen de gananciales cuando en la escritura del préstamo hipotecario concertado por ella con la entidad figuraba el de separación de bienes), sin comprobar la autenticidad de las firmas, permitiendo que el marido se llevase los documentos contractuales supuestamente para que ella los firmara e igualmente que cambiara el lugar de las notificaciones bancarias. Alegó que la actuación era delictiva, que no llegó a haber condena por el fallecimiento del marido y que todo ello se produjo por el comportamiento de los empleados de la entidad.

La demandante solicitó la cancelación de las inscripciones en ficheros de morosos, la condena a la demandada al reintegro de las cantidades cobradas en concepto de cuotas, comisiones, posiciones deudoras por impagos o seguros vinculados a los contratos, así como la condena a indemnizar por daños morales.

 3.-  El juzgado de primera instancia estima parcialmente la demanda.

Tras considerar probado que la firma obrante en los contratos impugnados no era la de la demandante y declarar la nulidad por falta de consentimiento (  art. 1261 CC  ) considera que, como consecuencia de la nulidad, por aplicación del  art. 1303 CC , procede que una y otra parte se reintegren recíprocamente las cantidades percibidas y así lo recoge en el fallo. El fallo de la sentencia de primera instancia, tras declarar la nulidad de los contratos, añade literalmente «y a una y otra parte a reintegrarse recíprocamente las cantidades percibidas con sus intereses, devolviendo también Aiqon Capital s.a.r.l. todas las comisiones, intereses, primas de seguros y otras cantidades que en virtud de cualquier otro concepto hubiera percibido de la cuenta de D.ª Tania en virtud de tales contratos, con sus respectivos intereses».

El juzgado rechaza que proceda eximir a la demandante de reintegrar las cantidades percibidas por los préstamos concertados. El juzgado descarta la aplicación del  art. 1306 CC  solicitada por la demandante. Explica que la falta de diligencia de los empleados de Banesto no puede equipararse a una complicidad y que la propia demandante podía haber evitado buena parte del engaño si hubiese controlado mejor los movimientos de su cuenta, en la que cobraba su nómina, además de estar domiciliado el pago de varios recibos e impuestos. Razona también que incumbe a la demandante probar que fue el esposo quien percibió todas las cantidades y que las empleó en gastos ajenos a las cargas del matrimonio, y lo cierto es que no ha quedado acreditado quién realizó las diferentes extracciones de los cajeros mediante la tarjeta de crédito ni quién cobró los cheques. Igualmente considera relevante que el dinero de los préstamos se confundió con otros ingresos de la cuenta, en la que se satisfacían gastos para cubrir las necesidades de la familia y de la vivienda familiar.

El juzgado rechaza la pretensión indemnizatoria por daño moral ejercitada contra la demandada (Aiquon Capital, cesionaria de los créditos). Sin negar que la demandante pudiera haber sufrido daños morales por la actitud de Banco Santander o, incluso de Lucania Gestión S.L. (entidad a la que Aiqon Capital encomendó las gestiones de cobro, y a la que la demandante comunicó la existencia de un proceso penal), por mantener la reclamación de una deuda a pesar de conocer que los contratos podían ser nulos, el juzgado considera que tales daños no serían atribuibles a Aiqon Capital, al no constar acreditado que tuviera conocimiento de la posible nulidad.

 4.-  La actora interpone recurso de apelación. La demandada no impugna la sentencia y en su escrito de oposición al recurso solicita la confirmación de la sentencia de primera instancia, tras argumentar que ella no fue parte de los contratos nulos ni cobró ninguna de las cantidades que la demandante pagó al Banco, por lo que en caso de nulidad de los contratos solo vendría obligada a devolver las cantidades que hubiera percibido de los créditos que adquirió dimanados de los contratos.

La Audiencia desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de primera instancia.

En primer lugar, la Audiencia, con transcripción de los razonamientos del juzgado, niega que proceda aplicar el  art. 1306 CC  para exonerar a la demandante de restituir las cantidades percibidas por las operaciones anuladas. La Audiencia justifica esta decisión porque el problema es de falta de consentimiento, no de ilicitud de la causa o causa torpe, pues la entidad bancaria realizó las operaciones litigiosas con causa adecuada en la contraprestación de la otra parte, ingresando el dinero. Añade como razonamiento último para negar la aplicación del  art. 1306 CC : «e incluso existiendo dudas respecto de la atención con dicho dinero a los gastos familiares».

En segundo lugar, la Audiencia confirma la improcedencia de la indemnización por daño moral solicitado porque considera que no puede atribuirse a la demandada, en tanto cesionaria del crédito, una supuesta conducta dañosa atribuible en su caso a la entidad bancaria que intervino en las operaciones que han sido declaradas nulas.

 5.-  La actora interpone recurso de casación.

 SEGUNDO.-    Recurso de casación  

El recurso de casación se funda en dos motivos.

En su escrito de oposición, la demandada recurrida alega causas de inadmisibilidad a las que, por no ser absolutas, daremos respuesta al resolver los motivos del recurso de casación.

A tal efecto, debemos recordar la doctrina de esta sala sobre causas absolutas y relativas de inadmisibilidad, fijada en el auto del pleno de 6 de noviembre de 2013 (recurso 485/2012), y reiterada en las  sentencias 351/2015, de 15 de junio ,  550/2015, de 13 de octubre , y  577/2015, de 5 de noviembre , y  188/2016, de 18 de marzo , conforme a la cual, debe desestimarse la alegación de causas relativas de inadmisión cuando, al margen de elementos formales irrelevantes, o en todo caso, secundarios, el recurso plantee con la suficiente claridad un problema jurídico sustantivo que presente, desde un análisis razonable y objetivo, interés casacional.

Como declara la  sentencia de esta sala 439/2013, de 25 de junio , puede ser suficiente para pasar el test de admisibilidad y permitir el examen de fondo de la cuestión, la correcta identificación de determinados problemas jurídicos, la exposición aun indiciaria de cómo ve la parte recurrente el interés casacional y una exposición adecuada que deje de manifiesto la consistencia de las razones de fondo. Así sucede en el caso, en el que la recurrente plantea, por un lado, la aplicabilidad del  art. 1306 CC  en el caso de unos contratos en los que se falsificó su firma y, por otro, la procedencia de indemnización de daño moral por esta actuación.

 1.-    Motivos y razones del primer motivo.  Al amparo de lo dispuesto en el  art. 477.3 LEC  se denuncia la infracción de los  arts. 1303 ,  1305  y  1306.2 en relación con los    arts. 1261 ,  1262  y  1275, todos ellos del Código Civil  y de la jurisprudencia sobre la ilicitud de la causa o causa torpe, contenida en las  sentencias 1049/2006, de 24 de octubre ,  de 6 de junio de 2002 , y  1257/2006, de 30 de noviembre .

En su desarrollo razona que hay causa ilícita e inmoral, que repugna a la conciencia social, porque para que se produjera la situación fue necesario contar con el comportamiento negligente de los empleados del Banco, que incumplieron su propia normativa interna y permitieron, en interesada connivencia, que el marido designara a efectos de notificaciones un apartado de correos al que solo él tenía acceso, y todo ello de espaldas a la demandante, que era ignorante de lo que estaba firmando su marido en su nombre.

El motivo se estima por lo que decimos a continuación.

 2.-    Estimación del primer motivo.  La demandante recurre en casación invocando la aplicación del  art. 1306 CC  con el fin de negar su obligación de restituir el dinero.

Se estima por las siguientes razones.

A) La absoluta falta de consentimiento contractual determina que no existieran entre la demandante y la entidad financiera los contratos de préstamo ni el de tarjeta. Solo hubo una apariencia de tales contratos entre el Banco y la demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido.

La falta de consentimiento contractual pudo ser subsanada posteriormente, aun de modo tácito, por ejemplo si, conociendo su origen la esposa hubiera dispuesto del dinero ingresado por la entidad en su cuenta bancaria. De ser así, no habría nulidad.

En el caso la sentencia no considera probado que la demandante tuviera conocimiento de los préstamos hasta que no se le reclamó el dinero. No hubo subsanación del consentimiento contractual. De allí la procedencia de la nulidad.

B) Ante la ausencia de un régimen propio de la inexistencia contractual, que como tal categoría no está regulada en el Código civil, la doctrina y la jurisprudencia consideran aplicables, con las adaptaciones que procedan, el régimen de la nulidad.

C) Por lo que se refiere a los efectos restitutorios, los   1305  y  1306 CC  excepcionan la regla general de la restitución recíproca en caso de nulidad de acuerdo con el brocardo «nemo propriam turpitudinem allegare potest».

En particular, del  art. 1306 CC  resulta que, cuando la «culpa» o «causa torpe» esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido.

D) En el presente caso la regla debe aplicarse con las oportunas adaptaciones. Fundamentalmente porque, como se ha dicho, la demandante no fue parte en el contrato.

E) Debemos partir de los hechos probados y, en el caso, la sentencia recurrida no declara probado que la demandante gastara el dinero, aun cuando se ingresaran las cantidades procedentes de los préstamos personales en su cuenta corriente.

La sentencia recurrida, para rechazar la alegación de falta de causa de los contratos, se limita a afirmar que existen «dudas respecto de la atención con dicho dinero a los gastos familiares».

A juicio de esta sala, tales dudas no pueden perjudicar a la demandante, dada la participación significativa de los empleados de la entidad financiera en lo ocurrido. Es la entidad la única que debe soportar las consecuencias de una actuación fraudulenta que fue posible gracias a la inobservancia por la propia entidad de sus normas internas, que se dirigen a evitar el fraude a los clientes.

F) Tiene razón la recurrida en que la jurisprudencia citada por la actora ahora recurrente se refiere a contratos sin causa o con causa ilícita, y que los contratos de préstamo y de tarjeta «per se» no son ilícitos. Pero lo que resulta contrario a derecho, y este comportamiento no puede quedar protegido, es ingresar el dinero de unos préstamos y proporcionar una tarjeta al marido de la demandante, pero a nombre de esta, sin que ella dé su consentimiento, y tratar de convertirla en prestataria cuando tampoco dio su consentimiento con posterioridad ni ha quedado acreditado que se beneficiara del dinero.

G) A juicio de esta sala no se opone a lo anterior que el dinero fuera ingresado en la cuenta bancaria de la demandante, ni que se produjera la confusión con los ingresos que de su nómina se hacían en la mencionada cuenta. Lo que dice la sentencia de primera instancia, y no es desmentido por la sentencia de apelación, que es la recurrida, es que no se sabe quién realizó las extracciones mediante la tarjeta.

A partir de los hechos probados, solo ha quedado acreditado que fue el marido quien celebró los contratos de crédito y el contrato de tarjeta falsificando la firma de la demandante, también que falsificó su firma en algunos cheques, y que logró que la entidad mandara toda la información a un apartado de correos que solo controlaba él. De estos hechos, por sí mismos, no cabe deducir ni que la esposa conociera o consintiera tales extracciones ni que ella misma realizara alguna.

Por otra parte, el hecho de que en la cuenta estuvieran domiciliados algunos recibos y se ingresara la nómina de la esposa solo permitiría deducir que era con cargo a los ingresos de ella con los que se hacía frente a los gastos domiciliados. Si a todo ello se une la admisión por parte de la entidad del cambio de notificaciones a un apartado de correos que la demandante no controlaba, parece razonable concluir que la demandante no solo no consintió, sino que ignoraba excusablemente el fraude producido.

H) Por todo ello, la adaptación al caso de la regla «nemo propriam turpitudinem allegare potest» está justificada para desincentivar conductas como la desplegada por la entidad financiera, que tuvo una participación significativa en lo ocurrido .

I) Puesto que la demandada adquirió los créditos de la entidad bancaria y esta nada podía reclamar a la demandante, procede estimar el primer motivo, casar la sentencia y, asumiendo la instancia, estimar el recurso de apelación de la demandante en el sentido de declarar que no está obligada a pagar a la demandada cantidad alguna por los contratos declarados nulos.

 3.-    Motivos y razones del segundo motivo.  Al amparo de lo dispuesto en el  art. 477.3 LEC  se denuncia la infracción de los  arts. 1902 ,  1903 .I  y IV CC  y de la jurisprudencia sobre daño moral y responsabilidad extracontractual contenida en la  sentencia 366/2010, de 15 de junio , e infracción del  art. 11 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo , de crédito al consumo y de la jurisprudencia contenida en las  sentencias 640/2008, de 24 de junio , y  sentencia de 24 de octubre de 1990 , en cuanto a los efectos de la cesión de crédito.

En su desarrollo razona que la culpabilidad del banco se enmarca en el dolo y que la demandada, como entidad cesionaria del crédito, había adquirido la posición que la cedente tenía en la relación-contractual, como si hubiese sido el contratante inicial.

El motivo se desestima por lo que decimos a continuación.

 4.-    Desestimación del segundo motivo . La sentencia recurrida no niega que la actora haya sufrido daños morales, pero considera, a la vista de las pruebas practicadas, que:

«Es evidente que no puede atribuirse a la demandada, en tanto cesionaria del crédito, una supuesta conducta dañosa atribuible en su caso a la entidad bancaria que intervino en las operaciones que han sido declaradas nulas. No puede haber cesión en ningún caso de esa responsabilidad por la conducta negligente de los empleados de la entidad y por eso no es posible realizar la imputación subjetiva que efectúa la actora, a quien tan sólo adquirió el crédito de unas operaciones en las que no intervino».

A la vista de los hechos probados, la sala considera correcto este razonamiento.

 Los daños morales padecidos por la actora, en cuanto pudieran imputarse a la negligencia de la entidad bancaria que tras permitir la actuación fraudulenta del marido decidió ceder los créditos impagados, no serían imputables a quien adquiere el crédito y, sin conocer su inexistencia, lo reclama. La propia actora, que no demandó a Banco Santander (Banesto), manifestó en su demanda que tras poner en conocimiento de Aiqon la denuncia y la querella presentadas no hubo otro requerimiento de pago, por lo que no cabe imputar a la demandada responsabilidad por los daños morales.

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