Jung no pensaba en la LO 1/2025 cuando escribió aquello de “lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma”, pero cuesta imaginar una frase más ajustada al clima de estos meses en los juzgados de Madrid. Lo que se vive es una mezcla de cansancio acumulado, sensación de improvisación gubernativa y temor muy racional a que el 31 de diciembre no sea un amanecer organizativo, sino un apagón.
Negar que la reforma va a entrar en vigor, o confiar en una suspensión “milagrosa”, sólo aumenta la angustia: consume energía, impide planificar y deja a cada uno más a merced de decisiones ajenas. Aceptar —en el sentido jungiano, no resignado— consiste en poder decir: “no comparto esta reforma, creo que empeora la tutela judicial, pero está aprobada y no se ha suspendido; a partir de aquí, veamos qué puedo hacer con ella.
El cuadro actual del Tribunal de Instancia de Madrid tiene algo de realismo mágico administrativo. A 18 de diciembre se ha convocado una Conferencia Sectorial para “valorar” la tercera fase, mientras en las sedes de familia se llenan cajas con expedientes que no saben muy bien a qué servicio común irán a parar. Letrados y funcionarios han tenido que participar en procesos de acoplamiento sin saber con precisión qué trabajo se desarrollará en cada servicio, porque el protocolo de la oficina judicial de Madrid aún no está aprobado, lo que supone un perjuicio profesional evidente y una carrera profesional diseñada a ciegas.
En la Sección de Familia, Infancia y Capacidad, a 18 de diciembre no hay todavía presidente nombrado que coordine la entrada en funcionamiento con las jefaturas de área y la Presidencia del Tribunal de Instancia, y tampoco se ha designado a la persona que dirigirá el Servicio Común de Ejecución. Los magistrados de las plazas judiciales ven cómo desaparecen las UPAD, sin tener claros los cauces de coordinación con la oficina judicial ni los instrumentos digitales reales con los que deberán ejercer la tutela judicial desde el minuto uno de la asignación de demandas.
Mientras tanto, el personal recibe sus destinos en unas RPT improvisadas, comunicados a última hora; la sensación de “silla caliente” se mezcla con la de estar montando un avión en pleno despegue. Todo ello explica por qué decanatos, colegios profesionales y asociaciones se han visto obligados a alzar la voz, no contra el modelo abstracto, sino contra una implantación que combina prisa política y carencia de planificación operativa.
La teoría de la “sombra” de Jung describe bien lo que puede pasar si la judicatura y los equipos de los tribunales viven la reforma sólo desde el rechazo. Lo que se reprime —el miedo al caos, la rabia por la falta de respeto institucional, la sensación de desprotección profesional— no desaparece: se vuelve más primitivo y menos gestionable. Es el caldo de cultivo perfecto para el cinismo (“que se hunda, ya se apañarán”), el burnout silencioso o los estallidos de tensión en salas de togas convertidas en válvula de escape.
Aceptar, en cambio, implica mirar de frente la situación: no hay protocolo, no hay presidencia, no hay jefe de ejecución, las RPT han llegado tarde y mal… pero el 31 de diciembre alguien tendrá que repartir demandas, dictar medidas urgentes, internar a una persona con grave trastorno mental o acordar una orden de protección. Esa aceptación abre espacio a preguntas diferentes: como puedo en esta nueva circunstancia seguir aportando, qué buenas prácticas previas se pueden rescatar, qué documentación conviene dejar preparada, qué mensajes claros se pueden trasladar a la ciudadanía y a los operadores para que el ruido no se convierta en desamparo.
Frente a la tentación de la tragedia total, quizá ayude un poco de humor de oficio. No deja de tener su ironía que una ley de “eficiencia” obligue a meter miles de autos en cajas de cartón y a reorganizar carreras profesionales con excels improvisados. O que la enésima “modernización” consista, para muchos, en quedarse sin UPAD y en aprender a manejar nuevas siglas mientras se mantiene el mismo portátil renqueante de siempre, ahora hibridado.
Pero el humor, como la aceptación, no es rendición. Es la manera de conservar algo de libertad interior mientras se trabaja, con el mayor rigor posible, para que dentro de unos años esta fase no se recuerde sólo como “el caos de 2025”, sino también como el momento en que muchos jueces, letrados, funcionarios y profesionales decidieron evitar que una mala implantación arrasara con la tutela judicial de quienes menos margen tienen: menores, personas con discapacidad, familias en conflicto.
Al final, la frase de Jung encaja sorprendentemente bien en la placa de la puerta del Tribunal de Instancia: lo que neguemos nos someterá —la reforma se hará igual, pero contra nosotros—; lo que aceptemos críticamente podremos, con suerte y mucho oficio, transformarlo. Entre la sombra y la luz, queda un espacio estrecho pero real para la creatividad jurídica, la cooperación entre los operadores jurídicos, el compañerismo en el servicio y la profesionalidad silenciosa. Es ahí donde esta reforma, pese a todo, se juega de verdad.