Un grupo de profesionales del Derecho muy diversos, sin adscripción política o corporativa, han redactado el 11/11/2023 un manifiesto en defensa del Estado y de la independencia Judicial, con la colaboración de abogados (Diego Gómez y Esteban Umerez) y un Magistrado (José Ramón Chaves). El manifiesto figura en 5 idiomas.
Por la importancia que tiene defender la democracia y el Estado de Derecho para nuestra sociedad y las generaciones futuras, la unión y todas manifestaciones de los que estamos de acuerdo con los principios democráticos que derivan de nuestra Constitución Española y de la Unión Europea son importantes, y unidas tienen no solo el poder que deriva de esa unión, sino de los propios principios de nuestra Constitución, que jamás podrán ser sometidos por ningún poder, si nosotros, internamente no lo permitimos, no nos sometemos, y mantenemos una resistencia inteligente y pacifica que permita la continuación de una convivencia constructiva, libre y en paz de los ciudadanos de todas las partes de España.
Pero la dificultad de la defensa de tales valores en este caso deriva de que quien lidera el ataque es precisamente quien «en funciones» está dirigiendo España, se presentan como candidatos a una reelección presidencial, no llevaban los cambios en su programa electoral, y la estrategia fundamental que emplea es privilegiar a los ciudadanos de unas zonas del país, cuyos representantes entienden que salen beneficiados, y, por tanto, apoyan esos cambios en las reglas fundamentales de convivencia de todos los españoles.
Los principios de separación de poderes, neutralidad, mérito y capacidad, transparencia o la rendición de cuentas en las instituciones debieran ser pilares de nuestra democracia y de nuestras instituciones.
Los acuerdos que se pretenden llevar a cabo, se han tomado por un presidente en funciones con representantes políticos que no representan sólo los intereses de un sector de población de unos determinados territorios.
Se pretenden imponer, de forma sorpresiva, en vez de ir a un referéndum o a elecciones, en un momento en que España está debilitada, al haberse provocado previamente y de forma controlada y sostenida, una falta de neutralidad de sus instituciones, saltándose los principios de mérito y capacidad, transparencia y rendición de cuentas, y se ha propiciado numerosos casos de corrupción, y el debilitamiento y politización evidente de nuestro sistema judicial y del Tribunal Constitucional.
Evidentemente estamos ante un momento histórico donde un día si claudicamos nos preguntaremos, y nos cuestionarán, que hice por defender una sociedad democrática, libre, donde se respeten los derechos que los ciudadanos quieren darse, y con un Poder Judicial donde dichos ciudadanos puedan hacer valer esos derechos frente a la arbitrariedad de los Poderes Públicos y frente a todos, en igualdad y con respeto a su dignidad humana. Este puede ser un momento para no recordar, o tu comportamiento actual puede ser un tesoro de tu conciencia.
En este caso el ataque a esos valores que la Constitución Española condensa es del más alto peligro, pues no venía en el programa político de quienes lo pilotan, que además controlan los medios coactivos y mayoritariamente las instituciones y los medios más importante de información y comunicación.
Nos coge a la mayoría de los ciudadanos sorprendidos y desarmados institucionalmente, desinformados o lo que es peor, informados engañosamente, pero también, destapado el dislate, puede que no hayan valorado bien el coraje y la decisión de muchos en la defensa de los valores de nuestra Constitución.
Se produce en un mundo globalizado y en clara crisis internacional por intereses derivados de una histórica concentración de poder en unos pocos, que se enfrentan en diversas partes del mundo, de forma que podría también estar interviniendo en este caso intereses externos a los de España, que es socio fundamental de la Unión Europea, y por ello pudiera ser una simple apariencia que lo lidera exclusivamente quien actualmente detenta su presidencia.
La intención de ese manifiesto es que se sumen al mismo todos los profesionales del Derecho, al margen de ideologías, partidos, corporaciones y entidades, en defensa de los que nos une, y si Vd. también desea sumarse al mismo puede hacerlo al siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScktlZeP1C8_j1QMWAXfu6orJytKugBjD7bqVQcz6aMONcE8g/viewform
España, ¿hacia un Estado de no Derecho?
Desde nuestro respeto profundo al principio democrático y al Poder Legislativo y a los límites que el Estado de Derecho y la Constitución nos marcan a todos, hemos creído necesario transmitir públicamente nuestra opinión como juristas. En ningún momento esto debe ser interpretado como un posicionamiento político, sino como un acto de responsabilidad, movido por el conocimiento de las repercusiones para la convivencia social que provoca el incumplimiento de las leyes.
Nuestro país era en 2022 una democracia menguante, como explicaron muy bien un grupo de profesores universitarios del Colegio Libre de Eméritos en un libro que lleva precisamente ese título. La mengua ha sido tan rápida que, apenas unos meses después, nos preguntamos si estamos en el camino de dejar de ser un Estado de Derecho.
Si alguien cree que esta afirmación es excesiva, no tiene más que releer el texto del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que sigue por cierto en vigor, que nos dice que: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, carece de Constitución”.
La separación de poderes podría pasar a mejor vida si se cumple todo lo pactado en Bruselas entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya para asegurar la investidura del Sr. Sánchez Pérez-Castejón como Presidente.
La futura Ley de amnistía que se comprometen a aprobar no saldrá de la libre decisión de un Parlamento ya constituido, sino de uno al que se impone esa amnistía como “condición sine qua non” para constituirse, investir al Presidente y darle estabilidad durante toda la legislatura. Es el “trato” al que se refirió el pasado día 26 de octubre D. Javier Delgado Barrio, Presidente que fue del Tribunal Supremo y Magistrado constitucional, afirmando que “la amnistía acordada en cumplimiento del «trato» resulta manifiestamente inconstitucional por razón de su ostensible arbitrariedad”.
Dicho “trato” no permite ya seguir mirando para otro lado, por al menos dos motivos. Por un lado, promete la amnistía de quienes pretendieron subvertir el orden constitucional proclamando unilateralmente la independencia de Cataluña, y que siguen reservándose expresamente su ilegítima hoja de ruta.
Por otro lado, este pacto amenaza con perseguir a los Jueces que se limitaron a aplicar la Ley y somete al escrutinio de unas Comisiones parlamentarias de investigación las decisiones que se vean obligados a adoptar en el futuro en aplicación de la Ley de Amnistía que está en la base del acuerdo de investidura.
Todo ello supondría, tal como han manifestado todas las Asociaciones Judiciales, una intromisión en la independencia de los Jueces, pilar básico del Estado de Derecho y una quiebra evidente de la división de poderes.
Los Juzgados y Tribunales se limitan a cumplir con el mandato constitucional del art. 117 CE, actuando con independencia y sometidos únicamente al imperio de la Ley aprobada por el Parlamento.
Asimismo, supondría una clara violación del art. 2 del Tratado de la Unión Europea, que establece que la Unión se fundamenta, entre otros valores, en el respeto al Estado de Derecho.
En suma, se trata de un pacto lesivo de principios constitucionales en lo que dice (división de poderes, independencia judicial y seguridad jurídica) e inquietante en lo que calla.
Por todos estos motivos, quienes firmamos este documento expresamos nuestra más honda preocupación ante semejante “trato” arbitrario que, de llevarse a efecto, supondría la desaparición del Estado de Derecho que con tanto esfuerzo de muchos hemos logrado construir a lo largo de estas décadas.
En España, a 11 de noviembre de 2023.
Tomás Ramón Fernández, Catedrático emérito de Derecho Administrativo, Abogado.
Juan Ramón Fernández Torres, Catedrático de Derecho Administrativo, Abogado.
Diego Gómez Fernández, Abogado.
José Ramón Chaves García, Doctor en Derecho.
Silverio Fernández Polanco, Abogado.
Luis Medina Alcoz, Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Concha Jiménez Shaw, Doctora en Derecho, Abogada.
Raúl C. Cancio, Letrado del Tribunal Supremo.
Rafael Rossi Izquierdo, Abogado.
Esteban Umerez Argaia, Abogado.
Roberto O. Bustillo Bolado, Catedrático de Derecho Administrativo.
Lucas Blanque Rey, Letrado del Consejo de Estado, Abogado.
Ana Sánchez Lamelas, Profesora Titular de Derecho Administrativo.