El COVID-19 no es el único problema en España.

No hay muchas aportaciones de opinión en este blog. Pero ante determinadas circunstancias relacionadas con el sistema judicial, los ciudadanos libres que creen en la democracia entiendo que debemos alzar la voz.

En España tenemos un virus político subyacente que ya era un serio problema antes de la declaración del estado de alarma y que tiende a extenderse, copando todas las esferas de poder.

Muestras de ello es la noticia este verano 2020 en que los líderes de los Partidos Políticos más importantes de este país, están negociando ni más ni menos que el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno pretende que sea el ejecutivo, es decir fundamentalmente el presidente del Gobierno, el que nombre al presidente del Tribunal Supremo.

Todo un escándalo democrático, que pone de manifiesto hasta qué punto ya no existe la independencia de poderes en España, y por ende la politización de la justicia.

La ciudadanía contempla ese trueque sin escandalizarse, quizás porque desde hace años se ha dado cuenta que tenemos un Poder Judicial sometido, sin dotación, y que en momentos puntuales pierde su independencia para plegarse a intereses políticos o financieros, de lo que es fruto el virus de la corrupción que también azota España.

Los ciudadanos que crean que debe existir una justicia independiente y efectiva, como piedra angular del sistema democrático, debemos denunciar este sistema y promover en lo que podamos, y desde donde estemos, el cambio.

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