La falta de conocimiento de las múltiples herramientas informáticas y de comunicación existentes en la actualidad, que pueden ser aplicadas para la resolución de los conflictos de pareja, puede llevar a una falta de competitividad, desde el punto de vista del cliente, al jurista que trabaja en el ámbito del derecho de familia, si no asume los cambios técnicos y comunicativos que se están produciendo, y al propio sistema judicial de un país y del mundo en general.
Cuanto más tardemos en adaptarnos a la revolución digital, tecnológica y en las comunicaciones, mayor se hará la brecha entre la paz social constitucionalmente tutelada y las necesidades individuales de que se haga justicia.
El jurista actual tiene a su alcance una serie de herramientas informáticas, algunas gratuitas o a coste muy razonable, imprescindibles para un estudio global de cualquier caso.
Por ejemplo, podemos citar las bases de datos del Consejo General del Poder Judicial y de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), y utilidades relevantes y gratuitas, como las de Google, para gestionar tu presencia online con My Business, para informar de tus servicios, tanto si te buscan en Google, en Maps o en Google+, y para una relación directa con los clientes.
Facebook o WhatsApp, y el correo electrónico, son también una alternativa comunicativa con los clientes.
Google Drive, One Drive de Microsoft o Dropbox se pueden utilizar para el alojamiento gratuito de archivos en la nube.
Además, existen aplicaciones funcionales como Slack, que permite una colaboración eficaz con otros juristas externos y Toggl, que contabiliza el tiempo que dedicas a cada asunto, como si fuera un cronómetro, y puede ser orientativo en la minutación.
La inteligencia artificial revolucionará el ámbito jurídico. Actualmente empresas como Wolters Kluwer y Google desarrollan lo que se denomina Jurimetría; de forma equivalente las Analytics de Tirant y vLex, que son herramientas de analítica jurisprudencial predictiva.
La inteligencia artificial conversacional es ya de aplicación efectiva en redacción de escritos y reproducción de vistas, con herramientas para el reconocimiento de voz como el software de Nuance y Digalaw.
El BOE también ofrece la posibilidad de descargarse la información en formato PDF y de reutilizar los contenidos en los formatos XML y XSD. Actualmente se ofrece una aplicación para móviles de acceso a los contenidos del BOE con los sistemas operativos Android e iOS.
Se ha vinculado en el BOE la Legislación con la Jurisprudencia publicada por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), bajo el nombre de Legislación consolidada.
Las webs y blogs jurídicos no sólo pueden ser un escaparate y fuente de conocimiento, también tienen una utilidad motivadora y de portafolio para sus creadores.
También revisten interés los traductores que se integran perfectamente con las aplicaciones de ofimática, incluyendo Skype o Word, como el traductor de Google, o Microsoft Translator, que permiten conversaciones traducidas entre dispositivos para hablar cara a cara o interactuar en grupos, disminuyen la brecha idiomática, y facilitan la resolución de conflictos con elemento internacional.
Este cambio digital está transformado la forma de interactuar jurídicamente, influyendo en las soluciones jurídicas. La revolución informática y en las comunicaciones en que nos encontramos exigen del jurista que tenga conocimientos transversales, al menos a nivel de usuario, de las aplicaciones funcionales básicas existentes.
Pero estos cambios técnológicos que determinan una nueva forma de ordenarnos, comunicar con los clientes y organismos oficiales e incluso de exponer el conflicto, están en constante progresión.
La informática jurídica debería ser una asignatura fundamental en nuestras universidades de Derecho. Sorprende que ni siquiera se contemple como asignatura en el Grado oficial.
La profesión de asesor personal informático empieza a tener relevancia. Deberían posibilitarse sus servicios en primer lugar a los Magistrados, Fiscales, y unidades de apoyo de nuestros políticos.
Por otra parte, la falta de adaptación del sistema judicial a la revolución digital y de internacionalización de los litigios en que nos encontramos, ha conllevado una falta de efectividad en la tutela judicial que desde nuestros órganos judiciales puede obtenerse.
Un ejemplo del tardío derroche de esfuerzo tecnológico, y de la falta de adecuación de estos a las necesidades actuales, es la plataforma de intercambio de información y documentos judiciales entre los órganos judiciales y diversos operadores jurídicos llamada LexNet Justicia, o el sistema que se empleó en la nueva documentación y gestión del Registro Civil, gestionado por el Ministerio de Justicia.
