ESTABLECIMIENTO DE CANTIDAD CONCRETA DE ALIMENTOS

La SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2/2024, de 15 de enero, ECLI:ES:TC:2024:2, es muy interesante por lo que resuelve. Pero también es indicativa de la ineficiencia del sistema judicial al que hemos llegado con relación a las necesidades de unos tiempos acelerados, pues después de una década que duraron los trámites procesales, remite a la casilla de salida.

La demanda de amparo plantea como queja constitucional, la vulneración por las sentencias impugnadas del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la faceta del derecho a una motivación reforzada.

Se interpone contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  que declaró la disolución del matrimonio por divorcio de la demandante de amparo, e impuso una serie de medidas de orden familiar de entre las cuales y en lo que importa a esta aportación, se incluyó la de fijar que ambos progenitores contribuirían al levantamiento de las cargas familiares del hijo entonces menor, “abonando el esposo como alimentos de su hijo el 10 por 100 de sus ingresos mensuales antes de los cinco primeros días de cada mes”, con actualización anual posterior conforme al índice de precios al consumo; y “computándose como contribución de la esposa al levantamiento de las cargas familiares su dedicación al cuidado del hijo común”.

Señala el TC que este sistema de fijación de la pensión de alimentos supone una vulneración del interés del menor, por la inseguridad jurídica que genera, y estima la demanda de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una motivación reforzada con arreglo al principio del interés superior del menor.

La STS de 22 de julio de 2015, invocada  por el juzgado a quo,  fija una pensión de alimentos, abonable por el demandado del 10 por 100 de los ingresos que se acrediten como percibidos por el padre, dada la edad de la menor y que la madre trabaja como empleada de hogar y reside en régimen de alquiler compartido. Se desconoce el trabajo que el esposo pueda estar desarrollando en la actualidad. El TC no entra a resolver sobre la constitucionalidad de esta medida fijada por el TS, pues no es una resolución impugnada en este proceso de amparo. Mas si señala que su traslación al caso de autos efectuada por la resolución de primera instancia impugnada,  sin ningún otro razonamiento que justifique su fijación prevalente sobre otro sistema de cuantificación, no satisface el canon de motivación reforzada.

ANTECEDENTES

El 23 de noviembre de 2015, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Getafe dictó sentencia de divorcio de las partes, acordando  la atribución a ambos progenitores de la patria potestad , con suspensión en todo caso del régimen de visitas hasta que fuese localizado el demandado, y en cuanto a la obligación de alimentos, dispuso lo siguiente:

Ambos cónyuges contribuirán al levantamiento de las cargas familiares abonando el esposo como alimentos de su hijo el 10 por 100 de sus ingresos mensuales, abonables antes de los cinco primeros días de cada mes, ajustándose anualmente a partir del año siguiente al de la presente sentencia tal cantidad al IPC que publique el INE, computándose como contribución de la esposa al levantamiento de las cargas familiares su dedicación al cuidado del hijo común”.

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se interpuso por la demandante de amparo recurso de casación por interés casacional y recurso extraordinario por infracción procesal. En cuanto al primero de ellos, y con invocación del art. 477 LEC, se denunció la infracción del artículo 39 CE y los arts. 93, 142, 144, 146 y 147 del Código civil (CC), puesto que “no se ha realizado en el presente caso el juicio de proporcionalidad que la normativa vigente exige para la concesión de una pensión de alimentos a favor de los hijos, así como la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal”; que no se ha tenido en cuenta la necesidad de los menores, “sobre todo en cuanto a educación, alimentación y sanidad, gastos todos esenciales para su desarrollo. Al no conocer los ingresos del demandado ni siquiera es posible determinar pensión alguna, ya que establece un porcentaje sobre los ingresos desconocidos del progenitor no custodio”, lo que “genera inseguridad jurídica para el menor, indefensión y vulneración de su derecho consagrado en el art. 39 y al desarrollo personal”.

Prosigue diciendo que en el caso “de que el alimentante se encuentre en paradero desconocido, no puede esta circunstancia perjudicar a los menores conforme a nuestro ordenamiento jurídico en el que impera el principio del interés del menor. La inseguridad jurídica que genera el no establecer una cuantía concreta y determinada aunque sea de forma provisional hasta que el progenitor sea hallado, supone una vulneración del principio fundamental de interés del menor, que en la mayoría de estos casos se ve privado de cobrar pensión de alimentos alguna. Ya que es prácticamente inviable su determinación y exigibilidad a efectos de ejecución y efectividad”. Cita en su apoyo sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales que avalarían para este caso la fijación de una cantidad concreta.

Y respecto del recurso extraordinario por infracción procesal, el escrito de la recurrente aduce la infracción de preceptos de la Ley de enjuiciamiento civil sobre la prueba de los hechos ante la incomparecencia del demandado, así como también la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, sin sufrir indefensión, del art. 24 CE.

La Sección de apelación dictó auto el 30 de marzo de 2021 acordando no haber lugar a admitir a trámite los dos recursos interpuestos. El de casación por apreciar la Audiencia que el escrito de interposición ha desplazado el fundamento del recurso al ámbito de la base fáctica de la sentencia, situándose por tanto fuera del que es propio de la casación; mientras que el extraordinario por infracción procesal por la aplicación de lo previsto en la disposición final decimosexta LEC, al haberse inadmitido aquel primero.

Presentado recurso de queja contra el auto de 30 de marzo de 2021, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó auto el 3 de noviembre de 2021 en sentido desestimatorio (recurso de queja núm. 154-2021). Señala para ello la Sala que “[l]os términos en que ha sido formulado el recurso de queja, conlleva examinar el recurso de casación presentado en su día”, lo que determina la causa de inadmisión del art. 483.2.4 LEC, de carencia manifiesta de fundamento: (i) en primer lugar “por cuanto obvia la ratio decidendi de la sentencia recurrida, que confirma la de instancia”. La ratio decidendi es que procede fijar como pensión de alimentos el 10 por 100 de los ingresos mensuales del esposo porque “no consta en las actuaciones elemento alguno que permita entender acreditada cuál es la situación económica del demandado”; (ii) y en segundo lugar, hay carencia manifiesta de fundamento del recurso porque “de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta sala, no puede ser objeto de recurso de casación la revisión del juicio de proporcionalidad de la pensión alimenticia, “salvo clara vulneración del juicio de proporcionalidad que la parte recurrente no justifica, alterando los parámetros tenidos en cuenta por la sentencia recurrida”. Cita en su apoyo la Sala, sus sentencias de 28 de marzo de 2014 (recurso 2840-2012) y 27 de enero de 2014 (recurso 1712-2012) y el auto de 25 de septiembre de 2019 (recurso 969-2019).

Finalmente, señala el auto de 3 de noviembre de 2021 del Alto Tribunal que la inadmisión del recurso de casación determina igualmente la del recurso extraordinario por infracción procesal, conforme a lo “taxativamente previsto en la disposición final decimosexta, apartado 1, párrafo primero y regla quinta, párrafo segundo, LEC”.

INFORME DEL FISCAL ANTE EL  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El fiscal ante el TC presentó alegaciones en el trámite del art. 52 LOTC, interesando que se otorgue el amparo solicitado por incumplimiento del deber de motivación reforzada (art. 24.1 CE) que resulta exigible a las resoluciones judiciales impugnadas, con necesaria atención al interés superior del menor, ex art. 39.1 CE.

En orden al examen adecuado de la demanda, el fiscal identifica como normas aplicables: el art. 39 apartados 2 y 4 CE; el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989; el art. 2, apartados 1 y 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor —respecto al interés superior del menor—; y los arts. 90 a 93, 103, 142, 154 y 158 CC sobre la naturaleza jurídica, presupuestos y contenido del derecho de alimentos de los hijos por sus progenitores, así como el art. 146 CC sobre la determinación judicial de dicha prestación con arreglo al principio de proporcionalidad.

Entiende que “la resolución judicial, en tal extremo inmotivada, señala un sistema de contribución del padre al sostenimiento del hijo menor consistente en un porcentaje del 10 por 100 de los ingresos mensuales que se acrediten[,] lo que en la práctica supone no fijar una contribución por mínima que sea del padre a favor del hijo menor, en atención a la obligación legal que pesa sobre el padre, que está basada, como nos recuerda la jurisprudencia, en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE, y que es de la de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico”.

Reprocha al juzgado que no se haya realizado “ninguna investigación patrimonial sobre el progenitor que permitiera al menos indiciariamente conocer su capacidad económica y determinar su contribución al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Denuncia que las resoluciones judiciales en todas sus instancias no han realizado una ponderación del interés superior del menor beneficiario de la contribución económica que debe satisfacer el progenitor para cubrir sus necesidades básicas, […] no han considerado tal interés de un modo preferente como norma de orden público, no ha constituido la consideración primordial del interés del menor la ratio essendi de las mismas. […], las resoluciones judiciales impugnadas no satisfacen el canon de motivación en relación con el interés superior del menor, con la consiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial del art. 24.1 CE de la demandante.

Finaliza sus alegaciones el fiscal ante este tribunal advirtiendo que, en todo caso, “no es atendible la pretensión de la demandante de que el Tribunal dicte resolución en el sentido de establecer el mínimo vital como obligatorio como cantidad concreta y exigible a la hora de determinar la pensión de alimentos de los hijos menores siempre en beneficio e interés del menor, ya que tal pronunciamiento es propio de la jurisdicción ordinaria, y excede del contenido de las sentencias estimatorias del recurso de amparo como señala el art. 55 LOTC”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sobre el alcance de la tutela solicitada, la demanda de amparo pide en el suplico que determinemos en sentencia que el importe de la pensión de alimentos para don Joao Víctor debe ser el “mínimo vital obligatorio como cantidad concreta y exigible”. Ahora bien, en este punto ha de concederse la razón al fiscal quien, en su escrito de alegaciones, observa que no corresponde a este Tribunal Constitucional dirimir cuál de entre los distintos métodos utilizados por la jurisprudencia ha de ser el utilizado para la determinación de dicha pensión de alimentos, lo que supondría sustituir al órgano judicial en el ejercicio de una competencia que le es exclusiva (art. 117.3 CE).

Nuestro cometido, distintamente, consiste en enjuiciar si a tenor de las circunstancias concurrentes el método fijado para este caso concreto por el juzgado, y que han confirmado los tribunales superiores intervinientes, resulta o no respetuoso con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que invoca la demandante de amparo. Y es a este propósito que se dedican los fundamentos jurídicos siguientes.

Procede afirmar que la recurrente cumple con los requisitos de procedibilidad del recurso de amparo previstos en el art. 44 LOTC, y en particular la exigencia de agotamiento previo de la vía judicial [art. 44.1.a) LOTC]. De un lado, porque frente al auto de la Sección competente de la Audiencia Provincial que inadmitió los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos contra la sentencia de apelación, aquella promovió un recurso de queja, que era el idóneo para combatir esa denegación (art. 494 LEC). De otro lado, porque si bien el auto dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó la queja, no lo hizo por un defecto de forma imputable a la recurrente, sino por razones de fondo (“carencia manifiesta de fundamento”), al no apreciar el Alto Tribunal que se hubiere acreditado la quiebra por la sentencia de apelación del principio de proporcionalidad en la fijación de la pensión de alimentos (art. 146 CC) en virtud de un pronunciamiento arbitrario o sin razón lógica, cauce reducido pero posible para el control en casación de este punto, como se señala en la jurisprudencia citada en el propio auto desestimatorio de la queja. Mientras que el recurso extraordinario por infracción procesal se inadmitió a su vez por la aplicación automática de lo dispuesto en la disposición final decimosexta, apartado primero, regla quinta LEC, al haberse inadmitido el recurso de casación.

El que la demanda de amparo no haya incluido un motivo específico por la vulneración del derecho al recurso merced a aquella inadmisión, el único efecto que trae consigo es que quede fuera de nuestro control —externo— el determinar si los autos dictados por la audiencia y la Sala Primera del Tribunal Supremo, conculcaron o no esa faceta del derecho a la tutela judicial efectiva. Pero no afecta al debido agotamiento de la vía judicial respecto de la queja que sí se ha deducido en la demanda de amparo, en concreto contra la medida de imposición de alimentos a cargo del progenitor demandado.

La demanda de amparo plantea como queja constitucional, la vulneración por las sentencias impugnadas del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la faceta del derecho a una motivación reforzada (como luego se analizará). Aunque la demanda alega también la inviabilidad de toda posible ejecución del pronunciamiento sobre alimentos, se trata en puridad de un argumento en refuerzo de aquella otra queja, puesto que no constan abiertas actuaciones ejecutivas en el proceso a quo, ni desde luego se impugnan decisiones dictadas a ese respecto.

Respecto de la invocación por la demandante del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), y el deber de protección del menor por los poderes públicos y el de los padres sobre los hijos (art. 39 apartados 2 y 3 CE), tales principios constitucionales están con carácter general excluidos del ámbito material del recurso de amparo, ex art. 53.2 CE. Ello sin perjuicio, sin embargo, de su puntual conexión con el derecho fundamental a una motivación reforzada (art. 24.1 CE), como revela la doctrina constitucional a la que se hará referencia en el próximo fundamento jurídico.

Doctrina constitucional aplicable

a) Sobre la exigencia de atender al principio de interés superior del menor, para la resolución judicial de controversias que afecten a su personalidad y bienestar

(i) Este tribunal, en primer lugar y a los efectos que interesan a este amparo, tiene fijada doctrina acerca de la necesidad de atender a los mandatos del art. 39 CE que vinculan a los poderes públicos (art. 39.2 CE), y a los padres respecto de los hijos (art. 39.3 CE), cuando se trata del deber de protección de los menores de edad. Uno de los instrumentos hermenéuticos que facilitan la consecución de este objetivo, también a los jueces cuando han de proveer a aquella protección en situaciones de desamparo o, en su caso, de conflictividad familiar acerca de las medidas a adoptar para su mejor cuidado y desarrollo personal, es el principio del interés superior del menor, reconocido en nuestro ordenamiento interno y en convenios internacionales (art. 39.4 CE).

A este respecto, hemos proclamado en nuestra STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5, que “los menores de edad son titulares plenos de sus derechos fundamentales, […], sin que el ejercicio de los mismos y la facultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia o, como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de la madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su capacidad de obrar […]. Así pues, sobre los poderes públicos, y muy en especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de esas potestades por sus padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y defensa, se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el ‘superior’ del niño”.

(ii) Sobre su inserción en nuestro ordenamiento jurídico, nuestra STC 124/2002, de 20 de mayo, FJ 4, precisa a su vez que dicho principio se proclama en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989 (ratificada por España el 30 de noviembre de 1990), “al disponer que ‘en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’ (art. 3.1). Y que nuestra legislación en materia de menores define como rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionadas con el niño, tanto administrativas como judiciales (exposición de motivos, arts. 2 y 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor).

En el mismo sentido, entre otras, SSTC 93/2013, de 23 de abril, FJ 12; 127/2013, de 3 de junio, FJ 6; 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4; 99/2019, de 18 de julio, FJ 7; 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3; 81/2021, de 19 de abril, FJ 2 c); 130/2022, de 24 de octubre, FJ 5; y 148/2023, de 6 de noviembre, FJ 4 B) c), y ATC 301/2014, de 16 de diciembre, FJ 4.

(iii) Acerca del significado del mencionado principio, hemos dicho en nuestra STC 178/2020, ya citada, FJ 3, que “para valorar qué es lo que resulta más beneficioso para el menor, ha de atenderse especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, ni puede establecerse un criterio apriorístico sobre cuál sea su mayor beneficio. […] La decisión de cuál sea en cada caso el interés superior del menor corresponde tomarla a los jueces y tribunales ordinarios, aunque es de nuestra incumbencia examinar si la motivación ofrecida por los mismos para adoptar cuantas medidas conciernen a los menores, está sustentada en su mayor beneficio y así comprobar que no se han lesionado sus derechos fundamentales”.

(iv) Todo ello, sin perjuicio de no llegar a prescindir en estos casos del interés del progenitor: STC 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6, “el criterio que ha de presidir la decisión que en cada caso corresponda adoptar al juez, a la vista de las circunstancias concretas, debe ser necesariamente el del interés prevalente del menor, ponderándolo con el de sus progenitores, que aun siendo de menor rango, no por ello resulta desdeñable (SSTC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5; 124/2002, de 20 de mayo, FJ 4; 144/2003, de 14 de julio, FJ 2; 71/2004, de 19 de abril, FJ 8, [y] 11/2008, de 21 de enero, FJ 7)”. En el mismo sentido, STC 185/2012, de 17 de octubre, FJ 4, y ATC 301/2014, FJ 4.

Esto se hace palpable en materia de prestación del derecho de alimentos, conforme ordena el art. 146 CC al establecer el principio de proporcionalidad: “[l]a cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”; principio al que se refiere la STC 19/2012, FJ 5, de la que más abajo se hace cita [apartado c) de este fundamento jurídico], pero cuya aplicación presupone justamente que se disponga de datos en las actuaciones judiciales acerca de la capacidad económica del alimentante.

b) Sobre el derecho a una motivación reforzada de las resoluciones judiciales, cuando está concernido el interés superior del menor

Una de las consecuencias que se deriva directamente de la exigibilidad de atender al interés superior del menor, es la imposición por nuestra doctrina de un deber de motivación reforzada de la correspondiente resolución judicial. Así por ejemplo, hemos declarado en la STC 138/2014, de 8 de septiembre, FJ 3, que “el canon de razonabilidad constitucional deviene más exigente por cuanto que se encuentran implicados valores y principios de indudable relevancia constitucional, al invocarse por el demandante de amparo el principio del interés superior del menor que tiene su proyección constitucional en el art. 39 CE y que se define como rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos, tanto administrativas como judiciales”. Se trata, por tanto, como indica el fundamento jurídico 5 de la misma sentencia, de un canon “reforzado por la conexión con el principio de interés del menor del art 39 CE”; de modo que la fundamentación judicial “debe entenderse lesiva desde la perspectiva constitucional desde el momento en que hay una absoluta falta de ponderación del citado principio a la hora de decidir”.

También la STC 16/2016, de 1 de febrero, FJ 6, recogiendo lo expresado en otras anteriores, afirma que “hemos considerado que la fundamentación ‘debe entenderse lesiva desde la perspectiva constitucional desde el momento en que hay una absoluta falta de ponderación del citado principio’ (STC 138/2014, de 8 de septiembre, FJ 5) o que es legal y constitucionalmente inviable una motivación y fundamentación en derecho ajena a este criterio (STC 127/2013, de 3 de junio, FJ 6), y hemos afirmado que el interés superior del niño obliga a la autoridad judicial a un juicio de ponderación que debe constar expresamente en la resolución judicial, identificando los bienes y derechos en juego que pugnan de cada lado, a fin de poder calibrar la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada (STC 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 6)”.

Y en la STC 178/2020, FJ 3, hemos dicho que “justificar debidamente las resoluciones en las que están concernidos los intereses y derechos de los menores (art. 39 CE), significa explicitar el juicio de ponderación entre los valores y derechos en liza para hacer así efectiva la exigencia de proporcionalidad inherente a la justicia, como es también jurisprudencia constitucional (STC 71/2004, de 19 de abril, FJ 5)”.

c) Sobre la relevancia constitucional del derecho de los hijos a recibir alimentos de sus padres

En tercer y último lugar, merece destacarse ahora el reconocimiento constitucional que hemos concedido al derecho de los hijos a recibir alimentos de sus progenitores. En tal sentido, sobre su imbricación en el art. 39 CE y el contenido de ese derecho de alimentos, regulado por el Código civil (arts. 93, 110, 142 a 153), y en leyes civiles autonómicas (que no resultan de aplicación a este caso), afirmamos en la STC 19/2012, FJ 5:

“[Q]ue el art. 39.3 CE impone a los padres el deber de ‘prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad’. Ese precepto constitucional, que ‘refleja una conexión directa con el art. 14 CE’ (STC 154/2006, de 22 de mayo, FJ 8), impone a los padres, por igual, el deber de prestar asistencia a los hijos, ‘—asistencia que, naturalmente, incluye la contribución a los alimentos— con independencia de que estos hayan sido concebidos dentro o fuera del matrimonio (art. 39.3 CE), de que se haya producido la nulidad matrimonial, la separación legal o la disolución del matrimonio por divorcio (art. 92 CC), o incluso, en fin, de que el progenitor quede excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas (arts. 110 y 111, in fine, CC)’ (STC 33/2006, de 13 de febrero, FJ 4). Tales alimentos, conforme al art. 142 CC, incluyen el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de los hijos, y deben satisfacerse en medida proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (art. 146 CC) (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 3, y 33/2006, de 13 de febrero, FJ 4). De la misma manera que el texto constitucional no hace depender exclusivamente el concepto constitucional de familia a la que tiene su origen en el matrimonio (SSTC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 5; 47/1993, de 8 de febrero, FJ 2, y 116/1999, de 17 de junio, FJ 13), ni tampoco la limita a las relaciones con descendencia (STC 116/1999, de 17 de junio, FJ 13), es evidente que la familia a la que manda proteger el art. 39.1 CE nada tiene que ver con el hecho físico de la convivencia entre los miembros que la integran, de modo que no es posible admitir que el progenitor que no vive con sus descendientes pero que mantiene, por imposición legal o judicial, la obligación de prestarles asistencia de todo orden, quede excluido por esa circunstancia del ámbito de protección que exige aquel precepto constitucional.

Pues bien, si los padres vienen obligados por la Constitución a prestar asistencia de todo orden a sus hijos menores (art. 39.3 CE), los poderes públicos vienen obligados, a su vez, a asegurar la protección económica de la familia (art. 39.1 CE)”.

Asimismo, y en lo que importa también a este recurso de amparo, en el ATC 301/2014, FJ 4, hemos relacionado en materia de alimentos el cumplimiento por el legislador del imperativo del art. 39 CE, con el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE: “[d]ado que hay que evaluar la respuesta del legislador […] es preciso determinar si esta solución responde a los intereses en presencia, con prevalencia del interés del menor; si bien, teniendo también en cuenta el valor constitucional relevante de la protección integral de los hijos (art. 39.2 CE), sin perder de vista, al mismo tiempo, la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) (STC 273/2005, de 27 de octubre, FJ 7, STC 138/2005, de 26 de mayo, FJ 4)”.

Relación con estos principios constitucionales que también debe atenderse en las resoluciones judiciales que adoptan decisiones en este ámbito.

Resolución del caso planteado

La aplicación de la doctrina constitucional a la que se ha hecho referencia, puesta en relación con las circunstancias concretas del presente caso, conducen a la estimación de la demanda de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una motivación reforzada con arreglo al principio del interés superior del menor. Motivación cualificada de cuya ausencia adolecen las resoluciones aquí impugnadas.

Tal y como se aclaró en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, no corresponde a este tribunal determinar cuál es el criterio de legalidad ordinaria más adecuado para la cuantificación de la pensión de alimentos del entonces menor don Joao Víctor, tarea propia de los órganos judiciales intervinientes. Tampoco, añadimos ahora, se trata de evaluar con carácter general el sistema elegido por esas dos sentencias (fijar esa cuantía en un porcentaje de los ingresos del demandado), puesto que no cabe excluir que el mismo pueda ser efectivo en circunstancias distintas de las que aquí concurren (cuando por ejemplo esos ingresos sí se conocen). Exponemos a continuación, en todo caso, por qué dicho sistema no resulta respetuoso con el interés superior del menor aquí concretamente afectado, ni por ende exterioriza una ponderación adecuada de los bienes constitucionalmente protegibles en juego:

A) Respecto de la sentencia dictada por el juzgado a quo:

a) La lectura de su fundamento de Derecho quinto evidencia, ante todo, que falta una motivación del porqué de la imposición como cuantía de los alimentos, de “un porcentaje del 10 por 100 de los ingresos del padre obligado”, satisfacía el interés superior del hijo menor de la recurrente:

(i) En efecto, la sentencia se limita a decir que acude a la “moderna jurisprudencia del Tribunal Supremo” que supera divergencias entre los criterios de las audiencias provinciales en la materia, y pasa entonces a citar y reproducir, como ya indicamos en los antecedentes, las sentencias de la Sala Primera del Alto Tribunal de 2 de marzo de 2015 y 22 de julio de ese mismo año. Pero tras esa cita no hay ninguna argumentación más que permita entender por qué ese criterio es más beneficioso para el menor —y para el sostenimiento de las cargas familiares del cónyuge custodio, su madre, cuyo interés no es de descartar tampoco—, que cualquier otro de los sistemas aplicados por los tribunales civiles, como por ejemplo la fijación de una cantidad concreta. Esta ausencia de argumentos de subsunción propios ya deja patente la falta de motivación reforzada que le era exigible.

(ii) Además, conviene aclarar que las dos sentencias del Tribunal Supremo que se citan no contienen siquiera el mismo criterio de fondo para dicha cuantificación, ni resuelven el mismo supuesto de hecho: la primera, de 2 de marzo de 2015, desestimó un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de segunda instancia que acordaba suspender temporalmente la pensión alimenticia “hasta que el apelante obtenga ingresos de un trabajo remunerado o sea beneficiario de algún tipo de pensión, subsidio o cualesquiera otras prestaciones, momento en el que volverá a reanudarse la pensión alimenticia establecida”. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ofrece ahí sus argumentos para entender conforme esta decisión, ante la acreditada realidad de un “alimentante absolutamente insolvente”, cuyas necesidades a su vez estaban siendo cubiertas por otros parientes. No es por tanto un caso que sirviese de soporte a la decisión adoptada aquí por el juzgado.

Por su lado, la sentencia de 22 de julio de 2015 se refiere a un supuesto en el que el demandado fue declarado en rebeldía al no contestar a la demanda ni comparecer a la vista, estimando en parte el juzgado —y confirmando la audiencia— la demanda de la esposa, con fijación de medidas paternofiliales excepto la de alimentos, justificada en la ausencia del padre durante el procedimiento. El Alto Tribunal estima el recurso de casación, afirmando:

“[C]omo marca el art. 93 CC se deberán determinar ‘en todo caso’ los alimentos que la menor ha de percibir de su progenitor, en base al principio de proporcionalidad.

Esta sala debe declarar que junto con la necesaria protección de los intereses del rebelde procesal, está la necesidad de que los tribunales tutelen los derechos del menor y como señala el Ministerio Fiscal, no podemos soslayar la obligación que el padre tiene, constitucionalmente establecida, de prestar asistencia a sus hijos (art. 39 CE).

El padre o madre deben afrontar la responsabilidad que les incumbe con respecto a sus hijos, no siendo de recibo que su mera ilocalización les exonere de la obligación de prestar alimentos ni que a los tribunales les esté proscrita la posibilidad de determinar un mínimo por el hecho de que el progenitor haya abandonado su lugar de residencia, todo ello sin perjuicio de las acciones que el rebelde pueda plantear una vez hallado, en orden a la modificación de las medidas, posibilidad que también podrá plantear el otro progenitor si han variado sustancialmente las circunstancias”.

Sobre la base de esta argumentación, en sí misma respetuosa con el derecho a una motivación reforzada y en aplicación del interés superior del menor, la sentencia de 22 de julio de 2015, invocada aquí por la del juzgado a quo, resuelve sin embargo que “se fija una pensión de alimentos, abonable por el demandado del 10 por 100 de los ingresos que se acrediten como percibidos por el padre, dada la edad de la menor y que la madre trabaja como empleada de hogar y reside en régimen de alquiler compartido. Se desconoce el trabajo que el esposo pueda estar desarrollando en la actualidad”.

Pues bien, nada hemos de decir de la solución adoptada en esa sentencia de casación, que obviamente no es una resolución impugnada en este proceso de amparo. Mas sí nos compete pronunciarnos sobre su traslación al caso de autos efectuada por la resolución de primera instancia aquí impugnada, debiendo reiterar que esa traslación, sin ningún otro razonamiento que justifique su fijación prevalente sobre otro sistema de cuantificación, no satisface el mencionado canon de motivación reforzada.

b) Dejando al margen lo anterior, no se alcanza a comprender en el presente caso cómo el establecimiento como única referencia de cálculo de la pensión de alimentos, de un 10 por 100 de los ingresos mensuales del demandado, puede servir al interés superior del menor aquí afectado:

(i) En primer lugar, dado que la sentencia declara en el mencionado fundamento de Derecho quinto, que “se acreditan los ingresos de la esposa y se ignoran los del padre”, no es posible saber de ningún modo cuál es la traducción en dinero de ese 10 por 100. Como consecuencia, no es posible decir que se cumple con el principio de proporcionalidad (art. 146 CC) imperante en este ámbito, el cual ha de medirse respecto “al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”. La sentencia nada dice sobre el primer elemento, los medios del padre; pero es que tampoco pondera las del segundo (las necesidades del menor). Se ignoran cuáles habrían sido las gestiones efectivamente realizadas por el juzgado para averiguar tanto una fuente de ingresos del demandado, como su situación patrimonial, pues la sentencia omite decirlo.

(ii) Como nada se sabe sobre su cuantía efectiva, no es posible determinar si ese porcentaje del 10 por 100 podía ser económicamente insuficiente en este caso para proveer a las necesidades del menor don Joao Víctor (en cuanto a los diversos conceptos que integran la prestación de alimentos). O si a la inversa, podría resultar una cantidad desproporcionadamente alta para ese mismo fin prestacional.

De hecho, ni siquiera es posible saber con arreglo a qué parámetro económico, estadístico o de cualquier otro orden objetivo, el juzgado ha decidido fijar el 10 por 100 (más allá de que sea lo indicado en la STS de 22 de julio de 2015), y no el 5 por 100 o el 30 por 100, por poner dos cifras al azar.

Lógicamente, si se dispusiera de la acreditación en las actuaciones de cuáles son esos ingresos y del carácter regular de su percepción por el demandado, la eventual sujeción a ese porcentaje podría ser respetuoso con el interés superior del menor. Al no ser esto posible con arreglo a la sentencia, que se limita a decir que desconoce la capacidad económica del demandado, sin explicitar siquiera, repetimos, las gestiones que debía efectuar para su averiguación, la referencia al 10 por 100 deviene meramente artificiosa. Y contraria también al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), el cual resulta aplicable en materia de derecho de alimentos con arreglo a nuestra doctrina (ATC 301/2014).

(iii) El progenitor obligado judicialmente a la satisfacción de un importe dinerario por alimentos, es evidente que no responde de su cumplimiento solamente con sus “ingresos”, sino con todo el patrimonio que pudiera ser hallado por el órgano judicial, como sucedería si se tratase de ejecutar una cantidad líquida impagada. Esto sin embargo no es factible con el sistema elegido en este caso por el juzgado.

(iv) Que el sistema seleccionado por el juzgado a quo ha devenido además ineficaz al efecto supuestamente pretendido de asegurar el derecho de alimentos del hijo menor de la recurrente, lo evidencia el oficio remitido por la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Getafe, fechado el 23 de octubre del pasado año, en el que a requerimiento de este Tribunal Constitucional hace constar que, manteniendo el órgano judicial en estos años el criterio fijado en la sentencia del 23 de noviembre de 2015, “sobre el estado actual de la deuda por alimentos del demandado, no consta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, ningún mandamiento de pago”. Es decir, nada tras siete años y once meses después.

B) Respecto de la sentencia dictada por la sección de apelación

Como ya se hizo indicación en los antecedentes de la presente resolución, la Sección competente de la Audiencia Provincial de Madrid despachó toda la argumentación para desestimar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, en un parco fundamento jurídico primero que lejos de subsanar el déficit de motivación reforzada de la decisión impugnada, viene a ahondar en su ausencia, al limitarse a decir que la misma era ajustada a Derecho al desconocerse “por falta directa o por vía de presunción la capacidad económica del demandado […], al carecer de uno de los datos necesarios para ello de conformidad con el art. 146 CC que establece el principio de proporcionalidad”.

Si bien el dato de la capacidad económica se desconoce y no es posible aplicar con plenitud el citado principio de proporcionalidad, no es menos cierto que el art. 93 CC ordena que “[e]l Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento”.

Por lo tanto, el desconocimiento de aquella capacidad económica del demandado, debida a su propia conducta elusiva de sus deberes paternofiliales, no puede erigirse en obstáculo para que la sentencia del juzgado, o en su revisión la de la audiencia provincial, hubiera fijado en este caso una cantidad líquida suficiente para la satisfacción de las necesidades del menor hijo de la recurrente ex art. 142 CC.

Cantidad líquida cuya denominación, modo de cuantificación e importe no nos corresponde determinar, pues esto deviene en una función estrictamente jurisdiccional.

Al haber optado sin justificación objetiva por el sistema de un porcentaje sobre los desconocidos ingresos del demandado, y con arreglo a las razones ya expuestas, cabe concluir que las resoluciones de instancia aquí impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la recurrente y de su entonces hijo menor de edad.

C) Estimación de la demanda y efectos

En consecuencia, procede estimar la demanda de amparo interpuesta. Como medidas para la reparación del derecho fundamental vulnerado se acuerda la nulidad de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Getafe, y la dictada en apelación por la Sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid; así como también la nulidad del auto de este último órgano colegiado que declaró no haber lugar a admitir a trámite los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal promovidos contra la sentencia de segunda instancia, y el auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó el recurso de queja contra el anterior auto, en cuanto estas dos últimas resoluciones han supuesto la firmeza de aquellas sentencias.

Debemos acordar asimismo la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Getafe, para que en su lugar este último pronuncie otra resolución que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Ivete Ferreira de Lima, y, en consecuencia:

1º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).

2º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Getafe, de 23 de noviembre de 2015 (procedimiento de divorcio contencioso núm. 146-2015); (ii) la sentencia de la Sección Vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de enero de 2021 (recurso de apelación núm. 963-2019); (iii) el auto de la misma sección, de 30 de marzo de 2021; y (iv) el auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 3 de noviembre de 2021 (recurso de queja núm. 154-2021).

3º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse la sentencia de primera instancia, para que el juzgado mencionado dicte en su lugar otra que resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *