El abogado es el gestor natural del conflicto del cliente con otra persona física o jurídica que también va a tener otro abogado gestor del conflicto de su cliente. La sabiduría y experiencia de los abogados debe permitirles identificar las mejores estrategias legales, anticipar los posibles obstáculos y encontrar soluciones creativas a los problemas. Además, también deben sopesar los límites del derecho, las carencias reales de la solución judicial, y buscar soluciones alternativas cuando estas son más adecuadas.
Es evidente que la situación de los tribunales en España roza el colapso ante el incremento de la carga de trabajo y la falta de recursos que destina el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia. También es evidente la presencia de altos índices de corrupción en la policía y de la ineficacia de su intervención e investigaciones.
La miopía de la mayoría de los responsables políticos actuales, algunos al servicio de intereses que no son los de los ciudadanos que le votaron, determina que no decidan de manera decidida y efectiva en favor claro de la mejora de los servicios de policía y justicia, y que no los consideren como claramente prioritarios para los ciudadanos; además el Poder Judicial supuestamente es un contrapoder del ejecutivo y de otros lobbys en la sociedad, y por tanto lo entienden como un poder a colonizar. Para el objetivo partidista político consideran que da más votos invertir en otros sectores, y las presiones de esos otros sectores hacen mantener en un segundo plano las inversiones en justicia.
Es cierto que la justicia históricamente ha sido un sector deficiente en inversiones, pero a esas deficiencias de hoy, se une una perdida de autoridad y prestigio social de los jueces y otras instituciones colaterales, un todo vale, y una presión de otras fuentes de poder nacionales e internacionales que tienen intereses a veces contrarios a los intereses generales de los ciudadanos.
La moraleja de todo ello es que conviene que los abogados adviertan a los clientes que una demanda contenciosa ante los tribunales es buscar una solución al conflicto que puede llegar muy tarde y defectuosa para las necesidades del cliente, y permite también una contestación de la demandada en la que se soliciten pretensiones muy distintas a las de la actora, sobre las que también tiene que resolver el Tribunal.
Por ello la prudencia aconseja que antes de interponer una demanda contenciosa, se planifique con realismo y detalle su posible recorrido; y a la vez se invite a la otra parte a una negociación desde la buena fe, transparencia y respeto mutuo, o se intente una mediación, en la que las partes aborden la solución a sus intereses.
Y si no es posible un acuerdo global, intentar alcanzar al menos uno parcial, o por lo menos acotar los aspectos en los que no existe acuerdo, evitando el «todo o nada».
Con la mutua colaboración entre compañeros abogados, puede ser más fácil llegar a acuerdos. De ahí la importancia de que en materia de familia se catalice esa colaboración entre los gestores del conflicto, para lo que ayudaría introducir en el procedimiento de familia contencioso una audiencia previa.