En derecho, una institución o instrumento jurídico aplicable a un asunto y su contrario, bien fundamentadas, pueden ser válidos, y lo veremos en el debate del posible encaje de una financiación propia para Cataluña en la Constitución, similar al cupo vasco y navarro.
La Constitución establece un régimen foral para País Vasco y Navarra y un sistema de régimen común para las otras 15 comunidades autónomas. Sin embargo el Tribunal Constitucional podría validar el cupo catalán con una interpretación extensiva de la Carta Magna, a pesar de que la disposición adicional primera de la Carta Magna sólo ampara los derechos históricos de los territorios forales, País Vasco y Navarra, aprobada en 1978, y que por lo tanto, heurísticamente el debate parecía zanjado, y debería entenderse que no caben más haciendas forales o propias que País Vasco y Navarra, y que en términos estrictamente jurídicos, una financiación propia para Cataluña no es constitucional si no cambia la Constitución.
Sin embargo, el Acuerdo de investidura entre el Partido de los Socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya, que no de la Generalitat con el Estado como se viene informando desde muchos medios, contiene dos acuerdos, que son: “Construir una solución al conflicto político basada en un consenso amplio de la sociedad catalana sobre el futuro de Cataluña. Este consenso nos debe permitir avanzar en la vía del diálogo y la negociación con el Estado para dar forma a un acuerdo que sea refrendado por la ciudadanía de Cataluña”, con lo que da por válido la existencia de un conflicto de modelo de Estado, degradando por tanto el valor de la Constitución Española, que deberá ser resuelto por un referéndum.
Incluso también acuerdan: “Reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, especialmente el modelo de escuela catalana, el fomento del uso social del catalán, y la acción exterior de la Generalitat”.
A su vez, todo nuevo estado requiere de una financiación propia de sus instituciones, por lo que también acuerdan: “Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña de los 8 millones de habitantes”.
Es decir, los partidos que sostienen al Ejecutivo, están acordando bilateralmente una nueva estructura de Estado español, que con nuevos fundamentos pretenden que sea validado por reformas legales que encajen en la Constitución Española vigente.
Todo ello, sin un debate parlamentario, y menos con trasparencia e información a la ciudadanía de lo que se cuece, es decir, del objetivo y finalidad del proceso modificador del ordenamiento jurídico que se inicia, y de lo que le va a representar a sus vidas, sino que se gesta en un acuerdo bilateral entre esos dos partidos para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que gracias al mismo ha obtenido la medalla de Presidente.
En un juego de despiste, ambos partidos políticos han dirigido la información de los medios a la financiación del cambio que pretende su Acuerdo, y difunden que el marco constitucional español permite implementar opciones políticas diferenciadas sobre la financiación autonómica, y que la disposición que debe incorporar el nuevo sistema de financiación al ordenamiento jurídico debe ser una “modificación de la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y que debería complementarse con cambios en la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Pero el pacto alcanzado por el PSOE y ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez que además incluye la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de alrededor 15.000 millones de euros, tiene un alcance político de mayor importancia que el contenido económico y financiero del mismo.
Es incierto a donde nos llevará todo este proceso, que confirma que desde la aprobación de la Constitución Española por referéndum válido, en el juego político español hay partidos que apostaron por un debate erístico respecto de las reglas que se dio España para conseguir una transición pacífica hacia la democracia. Estos partidos han mantenido un debate constante, sobre el que se justifican, respecto de las reglas fundamentales del ordenamiento jurídico y del modelo de Estado que la Constitución representa, abogando con mucho ruido y seguimiento mediático, por el conflicto, y actuando, cuando lo entienden necesario a sus intereses, sin la lealtad constitucional que toda Constitución válidamente votada exige, logrando, como parece que han logrado con este Acuerdo de noviembre de 2023 PSOE- ERC, que la Constitución Española deje de ser un instrumento heurístico válido de la vida política en España.
Un país donde esto ocurre, acaba degenerando en un Estado fallido, en el que la convivencia es difícil, y donde deja de imperar la seguridad jurídica y la paz, lo que afectará de forma esencial transversalmente a la convivencia familiar en España, e incluso a desigualdades territoriales en los medios de resolución de los litigios de pareja.