El estudio del componente internacional en el Derecho de Familia exige abandonar el automatismo del Derecho interno y aplicar de forma rigurosa la técnica de la separabilidad de las pretensiones. Cada medida de un proceso familiar internacional tiene su propia norma de competencia, su propia ley aplicable y sus propios cauces de reconocimiento transfronterizo. Debemos tener en cuenta cuando resolvemos un litigio con elemento internacional lo siguiente:
- El llamado dépeçage : La unidad del procedimiento judicial no implica la unidad del régimen jurídico internacional. Cada pretensión (divorcio, custodia, alimentos, régimen económico) debe analizarse de forma autónoma.
- Divorcio y Responsabilidad Parental: Rigen el Reglamento Bruselas II ter (2019/1111) para la competencia y el Reglamento Roma III (1259/2010) para la ley aplicable al divorcio.
- Residencia habitual del menor: Es el foro y punto de conexión estrella en responsabilidad parental (R. Bruselas II ter y Convenio de La Haya de 1996).
- Alimentos: Se articulan mediante el Reglamento 4/2009 y la ley del acreedor de alimentos (Protocolo de La Haya de 2007).
- Régimen Económico Matrimonial: Regulado por el Reglamento 2016/1103, donde la primera residencia habitual común tras el matrimonio es el criterio legal por defecto.
- Redes de Apoyo: El Prontuario de Auxilio Judicial Internacional y la REJUE son recursos indispensables para resolver dudas de competencia y ley aplicable en la práctica real.
El principio de dépeçage: La fraccionada realidad del pleito internacional
En el Derecho interno español, la tramitación de una crisis matrimonial es unitaria: la sentencia de divorcio resuelve en un mismo bloque el vínculo matrimonial, la custodia de los hijos, la pensión alimenticia, la pensión compensatoria y la liquidación del régimen económico (arts. 774 LEC y 90 CC). Sin embargo, en el escenario internacional la unidad procesal de la demanda no implica la unidad de régimen jurídico internacional.
A este fenómeno se le denomina dépeçage o principio de separabilidad/fraccionamiento de las pretensiones. Cuando un litigio contiene un elemento de extranjería relevante (como la nacionalidad de los cónyuges o residencias en distintos Estados):
- Cada medida o pretensión conserva su autonomía jurídica completa.
- Un tribunal puede ser competente para declarar el divorcio pero carecer absolutamente de competencia para fijar la pensión alimenticia o resolver sobre la custodia del menor.
- Incluso si el tribunal es competente para todas las pretensiones, no aplicará necesariamente la ley española a cada una de ellas. Debe indagar la norma de conflicto específica para cada asunto.
Por tanto, ante cualquier procedimiento con dimensión transfronteriza, la primera regla de oro del operador jurídico es desglosar la demanda e interrogarse pretensión por pretensión sobre las tres preguntas del Derecho Internacional Privado: ¿Quién es competente? (CJI), ¿Qué ley aplicamos? (Ley Aplicable) y ¿Cómo logramos que la resolución se ejecute en el extranjero? (Reconociendo y Ejecución).
Mapeo de la Competencia Judicial Internacional: ¿Quién juzga qué?
Para responder a la pregunta de qué tribunal tiene Competencia Judicial Internacional (CJI) respecto de cada pretensión, la legislación nacional (art. 22 quáter de la LOPJ) queda desplazada por la primacía del Derecho de la Unión Europea y los Tratados Internacionales. La atribución de competencia se examina de oficio y por separado:
- 1. Nulidad, Separación y Divorcio: Se rige por el Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter). Su artículo 3 establece siete foros alternativos cerrados basados en la residencia habitual de los cónyuges (común, última común si uno reside allí, del demandado, etc.) o en la nacionalidad común. No existe jerarquía entre ellos, lo que otorga la elección inicial al demandante.
- 2. Responsabilidad Parental (custodia y visitas): Rige el Reglamento Bruselas II ter (art. 7) o, subsidiariamente, el Convenio de La Haya de 1996. El criterio estrella es la residencia habitual del menor en el momento de interposición de la demanda. Se persigue el principio de proximidad para proteger el interés superior del menor.
- 3. Obligaciones de Alimentos (hijos y pensión compensatoria): Se aplica el Reglamento (CE) nº 4/2009. El artículo 3 ofrece foros alternativos: la residencia habitual del demandado, la residencia habitual del acreedor de alimentos, o el foro del tribunal que esté conociendo de la acción de estado (divorcio) o de responsabilidad parental si es accesoria a ellas.
- 4. Régimen Económico Matrimonial: Se rige por el Reglamento (UE) 2016/1103. Incorpora foros de acumulación vinculados al tribunal que conoce del fallecimiento de un cónyuge o del divorcio (art. 5, requiriendo acuerdo si el divorcio se basó en ciertos foros del demandante), foros de autonomía de la voluntad o conexiones objetivas jerarquizadas (art. 6).
- 5. Filiación: Al carecer de un reglamento europeo específico unificado, la competencia de los tribunales españoles se determina conforme al DIP autónomo (art. 22 quáter LOPJ: residencia habitual del hijo en España, nacionalidad española del demandante o residencia habitual de este durante 6 meses).
El conflicto de leyes: ¿Qué Derecho sustantivo rige cada medida?
Una vez afirmada la competencia internacional de los tribunales españoles para una o varias pretensiones, el juez debe determinar el Derecho sustantivo aplicable a cada una. Este análisis vuelve a estar fragmentado:
- Ley Aplicable al Divorcio: Se determina mediante el Reglamento (UE) nº 1259/2010 (Roma III). Permite la autonomía de la voluntad limitada (professio iuris, art. 5). En defecto de elección, la norma de conflicto en cascada del artículo 8 designa: 1º) la residencia habitual común de los cónyuges en el momento de la demanda; en su defecto, 2º) la última residencia habitual común siempre que no haya finalizado hace más de un año y uno aún resida allí; en su defecto, 3º) la nacionalidad común; y en su defecto, 4º) la lex fori (ley española).
- Ley Aplicable a la Responsabilidad Parental: Se determina conforme al Convenio de La Haya de 1996 (art. 15), aplicando con carácter general la lex fori de las autoridades del Estado competente.
- Ley Aplicable a los Alimentos: Se rige por el Protocolo de La Haya de 2007 (designado por el R. 4/2009). La regla general es la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor de alimentos (art. 3.1).
- Ley Aplicable al Régimen Económico Matrimonial: Conforme al Reglamento (UE) 2016/1103, los cónyuges pueden elegir la ley de su residencia o nacionalidad (art. 22). Si no hay pacto, el artículo 26 impone como conexión principal la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio, conexión que se mantiene inmutable salvo excepciones muy acotadas.
Atención al factor temporal: La residencia habitual de las partes o de los menores puede modificarse durante el proceso. Es imperativo valorar las circunstancias exactas en el momento fijado por el instrumento normativo de aplicación.
Reconocimiento, protección del menor y redes institucionales de auxilio
El tercer pilar del Derecho Internacional Privado es lograr que las resoluciones judiciales crucen fronteras y desplieguen plena eficacia sin convertirse en sentencias «claudicantes» (válidas en un país e ineficaces en otro).
El Reglamento Bruselas II ter profundiza en la libre circulación de resoluciones mediante el principio de reconocimiento mutuo, eliminando el procedimiento de exequatur para la totalidad de las resoluciones sobre responsabilidad parental y estableciendo la ejecución directa para decisiones sobre derechos de visita y restitución de menores mediante certificados estandarizados.
En la tutela del menor, el Derecho europeo eleva a principio cardinal el derecho del menor a expresar sus opiniones y ser oído (arts. 21 y 26 del Reglamento 2019/1111 y art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño), constituyendo su omisión injustificada una causa potencial de denegación del reconocimiento transfronterizo.
Ante la elevada complejidad técnica de estos pleitos, conviene apoyarse en las redes y herramientas de auxilio judicial internacional diseñadas para el juzgador y el abogado especialista:
- REJUE: Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (División Civil).
- REDUE: Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea.
- Red Judicial Europea Civil y Mercantil.
- Prontuario de Auxilio Judicial Internacional ( www.prontuario.org ): Base de datos esencial para identificar en tiempo real el instrumento aplicable, formularios oficiales y guías prácticas.
- Portal Europeo de e-Justice: Base legislativa y judicial de la Unión Europea.