Las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, ya no hablaremos de «personas con la capacidad modificada judicialmente» sino de «personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica«, otorgándose con ello un nuevo y más acertado enfoque a la realidad social, pues, se advierte que muchas limitaciones vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, sino de tu entorno.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2008 – 3 de septiembre 2021-, las meras privaciones de derechos de las personas con discapacidad, o de su ejercicio, quedarán sin efecto.

Los tutores, curadores, con excepción de los curadores de los declarados pródigos, y defensores judiciales nombrados bajo el régimen de la legislación anterior ejercerán su cargo conforme a las disposiciones de esta Ley a partir de su entrada en vigor. A los tutores de las personas con discapacidad se les aplicarán las normas establecidas para los curadores representativos, a los curadores de los emancipados cuyos progenitores hubieran fallecido o estuvieran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley y de los menores que hubieran obtenido el beneficio de la mayor edad se les aplicarán las normas establecidas para el defensor judicial del menor.

Quienes vinieran actuando como guardadores de hecho sujetarán su actuación a las disposiciones de esta Ley.

Quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada continuarán ejerciéndola hasta que se produzca la revisión a la que se refiere la disposición transitoria quinta.

Las medidas derivadas de las declaraciones de prodigalidad adoptadas de acuerdo con la legislación anterior continuarán vigentes hasta que se produzca la revisión prevista en la disposición transitoria quinta. Hasta ese momento, los curadores de los declarados pródigos continuarán ejerciendo sus cargos de conformidad con la legislación anterior.

Las previsiones de autotutela se entenderán referidas a la autocuratela y se regirán por la presente Ley.

Los poderes y mandatos preventivos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley quedarán sujetos a esta. No obstante, cuando, en virtud del artículo 259, se apliquen al apoderado las reglas establecidas para la curatela, quedarán excluidas las correspondientes a los artículos 284 a 290 del Código Civil.

Cuando la persona otorgante quiera modificarlos o completarlos, el Notario, en el cumplimiento de sus funciones, si fuera necesario, habrá de procurar que aquella desarrolle su propio proceso de toma de decisiones ayudándole en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias.

Por tanto:

1.- ¿En qué situación quedarán los tutores, curadores, defensores judiciales y guardadores de hecho a partir del 03/09/2021 con la entrada en vigor de estas modificaciones?

La disposición transitoria 2.ª de la Ley 8/2021, de 2 de junio, señala que los tutores, curadores, con excepción de los curadores de los declarados pródigos, y defensores judiciales nombrados bajo el régimen de la legislación anterior ejercerán su cargo conforme a las disposiciones de esta ley a partir de su entrada en vigor:

  • A los tutores de las personas con discapacidad se les aplicarán las normas establecidas para los curadores representativos.
  • A los curadores de los emancipados cuyos progenitores hubieran fallecido o estuvieran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley y de los menores que hubieran obtenido el beneficio de la mayor edad se les aplicarán las normas establecidas para el defensor judicial del menor.

Quienes vinieran actuando como guardadores de hecho sujetarán su actuación a las disposiciones de esta ley.

2.- ¿Y cómo quedará la situación de patria potestad prorrogada o rehabilitada?

Quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada continuarán ejerciéndola hasta que se produzca la revisión a la que se refiere la disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021, de 2 de junio (disposición transitoria 2.ª).

3.- ¿Y la situación de los pródigos?

Las medidas derivadas de las declaraciones de prodigalidad adoptadas de acuerdo con la legislación anterior continuarán vigentes hasta que se produzca la revisión prevista en la disposición transitoria quinta. Hasta ese momento, los curadores de los declarados pródigos continuarán ejerciendo sus cargos de conformidad con la legislación anterior (disposición transitoria 2.ª).

4.- ¿En qué consiste la revisión de las medidas ya acordadas a la que hace referencia la DT 5.ª de la Ley 8/2021, de 2 de junio?

Esta revisión de medidas acordadas en base a la legislación anterior al 03/09/2021, podrá solicitarse a instancia de parte o de oficio por la autoridad judicial o a instancia del Ministerio Fiscal.

A instancia de parte: las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, para adaptarlas a esta. La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de 1 año desde dicha solicitud.

De oficio o a instancia del MF: en aquellos casos en que no se haya hecho la solicitud anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de 3 años.

5.- ¿Qué ocurrirá con los procesos sobre la capacidad de las personas que se encuentren en tramitación cuando entren en vigor las modificaciones realizadas por esta norma?

Los procesos relativos a la capacidad de las personas que se estén tramitando a la entrada en vigor de la presente ley se regirán por lo dispuesto en ella, especialmente en lo que se refiere al contenido de la sentencia, conservando en todo caso su validez las actuaciones que se hubieran practicado hasta ese momento.

6.- ¿ Que ocurre con los menores mayores de 16 años que van a necesitar apoyo cuando alcancen la mayoría de edad?

El artículo 254 del Código Civil reformado señala que: “Cuando se prevea razonablemente en los dos años anteriores a la mayoría de edad que un menor sujeto a patria potestad o a tutela pueda, después de alcanzada aquella, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, la autoridad judicial podrá acordar, a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal, si lo estima necesario, la procedencia de la adopción de la medida de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad. Estas medidas se adoptarán si el mayor de dieciséis años no ha hecho sus propias previsiones para cuando alcance la mayoría de edad. En otro caso se dará participación al menor en el proceso, atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias”.

 EQUIVALENCIA EN REVISIONES

 DT 5ª Ley 8/2021: Las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta. La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud.

Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el párrafo anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años.

 

1.- TUTORES **********CURADORES REPRESENTATIVOS

                                                                        268-294 CC

2.- Curadores de emancipados y

menores en beneficio de mayor de edad *Defensor judicial

                                                                                             235-236 CC

3.- GUARDADORES DE HECHO*************GUARDADORES DE HECHO

                                                                                               237-238 CC

4.- PATRIA POTESTAD PRORROGADA    Y PRODIGO*****CONTINUARAN HASTA REVISION  DT 5ª

 

El título XII. Disposiciones comunes del libro I del Código Civil

El nuevo título XII del libro I del Código Civil, desde el 03/09/2021 por las modificaciones efectuadas por la Ley 8/2021, de 2 de junio, se encuentra conformado por un único artículo: el artículo 300 del CC.

Nuevo «TÍTULO XII. Disposiciones comunes»

Con la entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021 de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, se suprime el título XII del libro primero del Código Civil denominado «Del Registro Civil» y se introduce un nuevo Título XII bajo la rúbrica «Disposiciones comunes», por el que se impone la obligación de que se proceda a la inscripción en el Registro Civil de todas aquellas resoluciones judiciales y documentos públicos notariales que se refieran a cargos tutelares o a medidas de apoyo a personas con discapacidad (artículo 300 del CC):

«Las resoluciones judiciales y los documentos públicos notariales sobre los cargos tutelares y medidas de apoyo a personas con discapacidad habrán de inscribirse en el Registro Civil«.

El contenido del nuevo precepto guarda estrecha relación con la regla general establecida en el artículo 34 de la Ley del Registro Civil que indica que «el letrado de la Administración de Justicia del órgano judicial que haya dictado una resolución cuyo contenido deba causar asiento en el Registro Civil por afectar al estado civil de las personas, deberá remitir por medios electrónicos a la Oficina del Registro Civil testimonio o copia electrónica de la resolución judicial referida«.

Obligación recogida también respecto al ámbito notarial: «los Notarios, dentro de su ámbito de competencias, remitirán por medios electrónicos a la Oficina General del Registro Civil los documentos públicos que den lugar a asiento en el Registro Civil» (artículo 35 Ley del Registro Civil).

Tal inscripción supone, tal y como se pone de manifiesto en el artículo 11.i) de la Ley del Registro Civil, una particular garantía de los derechos de las personas respecto de las que se establecen determinados hechos y actos:

«Son derechos de las personas ante el Registro Civil: (…) i) El derecho a promover la inscripción de determinados hechos y actos dirigidos a la protección de los menores, las personas mayores y otras personas respecto de las cuales la inscripción registral supone una particular garantía de sus derechos«.

El artículo 11.i) de la Ley del Registro Civil ha sido modificado por la Ley 8/2021, de 2 de junio, con efectos desde el 03/09/2021.

El Letrado de la Administración de Justicia comunicará las medidas de apoyo acordadas judicialmente (curatela y defensor judicial) a petición de la persona a cuyo favor el apoyo se ha constituido -art. 755 de la LEC-.

¿Qué hechos y actos son inscribibles en el Registro Civil?

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 20/2011, de 21, del Registro Civil, modificado por la Ley 8/2021, de 2 de junio, en vigor desde el 03/09/2021, tendrán acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona:

«1.º El nacimiento.

2.º La filiación.

3.º El nombre y los apellidos y sus cambios.

4.º El sexo y el cambio de sexo.

5.º La nacionalidad y la vecindad civil.

6.º La emancipación y el beneficio de la mayor edad.

7.º El matrimonio. La separación, nulidad y divorcio.

8.º El régimen económico matrimonial legal o pactado.

9.º Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.

10.º Los poderes y mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de curador y las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes.

11.º Las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.

12.º Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.

13.º La tutela del menor y la defensa judicial del menor emancipado.

14.º Las declaraciones de concurso de las personas físicas y la intervención o suspensión de sus facultades.

15.º Las declaraciones de ausencia y fallecimiento.

16.º La defunción».

El resto del articulado de este nuevo Título XII queda derogado, tanto los artículos 301 a 324 por la disposición derogatoria única.3 de la Ley 8/2021, de 2 de junio, con efectos desde el 03/09/2021, como también los artículos 325 a 332 derogados desde la entrada en vigor de forma íntegra de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, esto es desde el 30/04/2021.

Gracias amigo lector por la lectura de este trabajo urgente sobre la reforma en el tratamiento de los apoyos de las personas con discapacidad. Las dudas que sobre esta materia puedan surgir, como pueden ser las relativas a la competencia, y las aportaciones para ayudar a clarificar la aplicación de la reforma pueden remitirlas a litigiosdepareja@gmail.com

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