MEDIDAS NO REVISADAS ANTERIORES A LA LEY 8/2021

La Ley 8/2021 entró en vigor el 3 de septiembre y su disposición transitoria primera establece que a partir de su entrada en vigor las meras privaciones de derechos de las personas con discapacidad, o de su ejercicio, quedarán sin efecto.

Es decir, toda decisión que se haya adoptado en una resolución judicial, auto o sentencia, privando de derechos a una persona por razón de su discapacidad queda sin efecto de forma automática.

Por lo tanto, por ejemplo, quedan vacíos de contenido, de forma inmediata, por imperativo legal y sin necesidad de pronunciamiento judicial expreso, las limitaciones que se hubieran dispuesto sobre derecho de sufragio (cuestión ya resuelta por la L. G. Electoral), la prohibición o limitaciones para contraer matrimonio (se deberá acudir a la normativa de RC sobre pasos que debe dar el encargado del mismo cuando tiene dudas sobre la valides del consentimiento que puede dar uno de los contrayentes) o para testar.

II.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA: REVISIÓN DE LAS MEDIDAS YA ACORDADAS

Las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento, de la autoridad judicial, la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta.

La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud. Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el párrafo anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años.

Quiere ello decir, que el 3 de septiembre de 2024 todos los apoyos que se hubieran fijado conforme a la legislación anterior deberán estar revisados.

Previsiblemente estos plazos no se cumplirán, pero conforme a la Disposición transitoria segunda, desde la entrada en vigor del nuevo sistema los tutores, curadores, con excepción de los curadores de los declarados pródigos, y los defensores judiciales nombrados bajo el régimen de la legislación anterior, ejercerán su cargo conforme a las disposiciones de la  Ley 8/2021.

A los tutores de las personas con discapacidad se les aplicarán las normas establecidas para los curadores representativos, a los curadores de los emancipados cuyos progenitores hubieran fallecido o estuvieran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley y de los menores que hubieran obtenido el beneficio de la mayor edad se les aplicarán las normas establecidas para el defensor judicial del menor.

Quienes vinieran actuando como guardadores de hecho sujetarán su actuación conforme a la nueva regulación de esta figura informal establecida por la Ley 8/2021.

Quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada continuarán ejerciéndola hasta que se produzca la revisión a la que se refiere la disposición transitoria quinta.

No existe ya la prodigalidad que queda embebida en la figura de las discapacidades que precisan apoyos, ni patria potestad prorrogada o rehabilitada, ni tutores de adultos, y la guarda de hecho aunque mantiene la misma denominación se regula de manera muy distinta.

Las medidas derivadas de las declaraciones de prodigalidad adoptadas de acuerdo con la legislación anterior continuarán vigentes hasta que se produzca la revisión prevista en la disposición transitoria quinta. Hasta ese momento, los curadores de los declarados pródigos continuarán ejerciendo sus cargos de conformidad con la legislación anterior.

La transitoria sexta señala que los procesos relativos a la capacidad de las personas en trámite se regirán ya por la Ley 8/2021, especialmente en cuanto al contenido de la sentencia.

Caben ciertas dudas en la aplicación del derecho transitorio. Como: ¿las acciones que los cargos representativos conforme a la anterior sistema, deben suspenderse para revisar su autorización, o no?.

Por ejemplo, tutor que ha sido autorizado para interponer una acción de divorcio, respecto de un tutelado con una discapacidad aguda, pero que era católico.

Espero se vayan despejando con la jurisprudencia menor o el papel complementario del Tribunal Supremo previsto en el artículo 1.6 del Código Civil.

IV.- COMPETENCIA OBJETIVA PARA LA REVISIÓN

En materia de competencia, el fuero aplicable para la determinación del apoyo es el de la residencia de la persona con discapacidad. Además, se da solución al problema derivado del cambio de residencia habitual de aquella cuando se encuentra pendiente el proceso de provisión de apoyos. En estos casos,  las actuaciones deben remitirse al juez de la nueva residencia, siempre que aún no se haya celebrado la vista. Todo ello, con la finalidad de facilitar el desarrollo del proceso, que debe acercarse al lugar donde efectivamente se encuentra la persona con discapacidad.

El art. 42.bis.c) LJV señala que el Juzgado que dictó las medidas será también competente para conocer de la revisión de aquellas, siempre que la persona con discapacidad permanezca residiendo en la misma circunscripción pues, en caso contrario, el juzgado de la nueva residencia habrá de pedir un testimonio completo del expediente al juzgado que anteriormente conoció del mismo.

En el mismo sentido el artículo 756 de la LEC: El competente para la revisión es el órgano que previamente la había fijado la figura a revisar, salvo cambio de residencia de la persona con discapacidad antes de la vista.

En cuanto a la forma de hacer estas revisiones, debemos estar a lo regulado en los arts. 42 bis b) y c) de la LJV en relación con los arts. 756 y ss. de la LEC, de tal forma que inicialmente se hará a través de un expediente de jurisdicción voluntaria.

En caso de que la persona con discapacidad, el fiscal o cualquier parte personada se aponga a la nueva medida de apoyo, el expediente de jurisdicción voluntaria finalizaría por archivo, y se deberá ir al procedimiento de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, regulado en los artículos 756 y ss. de la LEC.

En el artículo 762 de la LEC se regula el procedimiento para adoptar medidas cautelares para la adecuada protección de la persona con discapacidad o de su patrimonio y en el artículo 7 bis de la LEC se regulan las adaptaciones y ajustes en los procedimientos en que participen personas con discapacidad, con independencia de si lo hacen en calidad de parte o en otra distinta, y se permitirá que la persona con discapacidad, si lo desea y a su costa, se valga de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste.

V.- INTERNAMIENTO NO VOLUNTARIO

Destacar que el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico se sigue regulando en el artículo 763 de la LEC que curiosamente no ha sido reformado por la Ley 8/2021, si bien recordar que la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, confirió carácter de orgánico a este artículo a través de la Disposición Adicional Primera, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional no 132/2010, de 2 de diciembre.

La autorización judicial para el ingreso involuntario puede obtenerse a través de dos vías. Una de ellas es este procedimiento establecido en el art. 763 LEC, que salvo casos urgentes, prevé la solicitud de autorización judicial previa al ingreso, o la ratificación judicial posterior del ingreso urgente realizado sin autorización judicial previa. La otra es mediante la adopción de una medida cautelar del art. 762 LEC, que es el menos usado, en el procedimiento de apoyos a personas con discapacidad.

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